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El viernes, el Ministerio Público comunicó que la Fiscalía Adjunta, bajo la dirección de María Soledad Machuca Vidal y especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, solicitó al Ministerio del Interior, liderado por Enrique Riera, una copia certificada del informe final sobre la intervención en la Municipalidad de Asunción.

Este requerimiento se sustenta en el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 4059/2025 y la Ley Nº 977/1996, dado que el interventor, Carlos Pereira, ya presentó el informe, que podría incluir información relevante para investigaciones penales. Paralelamente, el Ministerio Público está revisando varias denuncias introducidas por el interventor a la Unidad de Delitos Económicos, para discernir si es necesario abrir procedimientos penales.

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Se destacan irregularidades en procesos de habilitación comercial, la prescripción de más de cien actas de intervención sin el debido reporte, y la oferta y venta de puestos públicos, ya bajo investigación de un fiscal. Asimismo, se investiga una posible alteración de datos en los sistemas informáticos municipales relacionados con cambios en metrajes de propiedades, afectando el cobro de impuestos, investigado por la Unidad de Delitos Informáticos.

Estas acciones forman parte del monitoreo institucional del Ministerio Público a los informes de la intervención, asegurando legalidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, según el documento.

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Un grupo de residentes de Itá Pytã Punta, encabezado por Nilda Diarte, tiene la esperanza de que el nuevo alcalde de Asunción, Luis Bello, encuentre una solución para las familias de la zona amenazadas con desalojo. Diarte comentó: “De la administración de Nenecho, no entendemos claramente sus intenciones”.

Recientemente, las familias de este barrio recibieron una orden de desalojo, a pesar de haber vivido allí durante años y tener edificaciones en el lugar, según afirmó Nilda Diarte, una de las afectadas. La municipalidad sostiene que el terreno es fiscal, pero los residentes tienen documentos del Catastro que indican que aún pertenece a un italiano, lo que sugiere que es privado.

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Diarte expresó: “Crecimos y vivimos aquí. Somos personas trabajadoras y honestas. Nos han difamado en redes sociales, pero no somos delincuentes. Hemos invertido mucho para establecernos aquí y ahora quieren sacarnos de repente”.

Además, Diarte mencionó que 15 familias contrataron a un abogado para tratar su situación con la municipalidad. Sin embargo, bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, no obtuvieron resultados. Actualmente, buscan reunirse con el nuevo intendente Luis Bello con la esperanza de recibir respuestas.

Finalmente, se ofrece información adicional sobre dónde hacer compras convenientes y se ilustra con una imagen de «Nenecho» en su visita al mirador de Itá Pytã Punta en 2019, cuando fue clausurado.

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