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La construcción en Paraguay ha sido históricamente muy sensible a los ciclos de inversión pública, aunque el sector privado también ha desempeñado un papel crucial en momentos adversos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto en obras y proyectos de infraestructura influye en el empleo del sector. En el segundo trimestre de 2024, había 222,105 trabajadores en construcción, representando el 41.8% del sector secundario, con una inversión física de G. 1,651 billones. En el tercer trimestre, el empleo sumó 210,243 trabajadores mientras la inversión pública subió a G. 2,545 billones.

El cuarto trimestre de 2024 también fue favorable: el empleo se elevó a 229,391 trabajadores, junto con una inversión de G. 2,118 billones. Sin embargo, en el primer trimestre de 2025, aunque el empleo alcanzó 234,054 trabajadores, la inversión pública disminuyó a G. 1,754 billones, indicando una tendencia de desaceleración.

En el segundo trimestre de 2025, la inversión física se redujo a G. 1,144 billones y el empleo en construcción cayó a 220,758 trabajadores, representando una disminución en el sector secundario al 39.8%.

Comparando con el mismo período de 2024, la inversión en el segundo trimestre de 2025 disminuyó en G. 507,000 millones. La caída en empleo fue menos agrave, pero se mantuvo en 220,758, con una baja de 1,347 empleos.

A pesar de que comparando el primer semestre de 2024 con 2025 hubo un incremento totalizando G. 2,897 billones, el análisis se mantiene en la dinámica trimestral.

Enrique López, especialista laboral, señaló que la construcción atraviesa una fase delicada debido al tope fiscal y las deudas del Estado con las constructoras, lo que afecta a numerosos trabajadores en el sector. López destacó la importancia social del sector y urgió a buscar alternativas financieras para evitar el estancamiento y la pérdida de empleos.

Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.

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Ciudadanos de distintas localidades alzaron su voz para señalar que el Ministerio del Ambiente (Mades) podría aprobar la evaluación de impacto ambiental para la ampliación de la Ruta PY02, supuestamente sin considerar los derechos comunitarios y la preservación del Lago Ypacaraí. En respuesta, planean manifestarse frente a Mades para exigir transparencia.

La expansión de la Ruta PY02 afectará a Luque, Areguá, Itauguá, Ypacaraí y San Bernardino, preocupando a grupos sociales locales como el colectivo Progreso Sostenible Areguá. Mades otorgó solo ocho días hábiles para que se revise un RIMA de 84 páginas, sin anexos, que abarca impactos en áreas cercanas al Lago Ypacaraí, incluyendo bosques, humedales, viviendas y comercios.

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Las organizaciones consideran este plazo insuficiente para un análisis serio, destacando la falta de participación ciudadana real. Señalan dificultades para revisar a fondo los impactos ambientales, sociales y culturales en una región tan sensible como la cuenca del Lago Ypacaraí.

Se teme la tala de más de 5,000 árboles nativos y exóticos sin un plan claro de compensación, junto con preocupaciones sobre expropiaciones y posible daño al patrimonio histórico de Areguá. Además, lamentan que los trazados oficiales de la ruta aún no se hayan hecho públicos, impidiendo que las comunidades conozcan el impacto potencial.

Ante esto, se ha convocado una manifestación pacífica este viernes a las 9:00 en las oficinas de Mades. Exigen más tiempo para revisar el estudio, acceso total a la documentación técnica y la suspensión de la Declaración de Impacto Ambiental hasta garantizar la transparencia y participación. También piden audiencias públicas en cada municipio involucrado.

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La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) han confiscado 1.363 paquetes de cocaína, que pesaban un total de 509 kilos, escondidos en bolsas de comida en el Puerto Seguro Fluvial de Villeta. Leonardo Franco Sánchez, responsable de la carga, fue arrestado.

La incautación de 1.363 paquetes de cocaína, con un peso combinado de 509 kilos, fue confirmada por la Policía Nacional durante un operativo en el Puerto Fluvial de Villeta. La droga estaba disimulada entre bolsas de maíz y poroto que hacían parecer ser parte de una exportación legal.

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Leonardo Franco Sánchez, de 54 años, fue detenido en el procedimiento y entregado al Ministerio Público.

El director contra el Crimen Organizado, Osvaldo Ávalos, explicó que se seleccionó la carga mediante un perfil de riesgo y análisis de escáner. Al realizar una verificación intrusiva, se revisaron las bolsas y se hallaron más de 1.300 paquetes envueltos con papel carbónico y grasa mecánica, un método para evadir controles.

La fiscal de Crimen Organizado, Ingrid Cubilla, participó en la intervención y comenzó una investigación para identificar la red responsable del envío.

Además, el director de Vigilancia Aduanera, Nelson Valdez, mencionó que la empresa exportadora solo tenía tres operaciones registradas. Las características de la carga despertaron sospechas, especialmente al no ser commodities a granel, sino productos en fracciones. Esa situación, junto con imágenes de escáner y antecedentes, motivó la revisión física, que confirmó las sospechas.

Se cree que la empresa exportadora reanudó actividades después de años de inactividad. El cargamento ilegal estaba entre más de 20 toneladas de alimentos destinados a ser enviados a Países Bajos, Europa.

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