«Por favor ayúdennos, pare el fuego. La situación es dramática. (…) Comunicar esto a la opinión pública, para que el presidente dé la orden», suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la dirección del poder judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los ataques mediáticos, habían entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a realizar un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el presidente dejó en manos de los militares, fue aún más sangrienta. El edificio acabó incendiado, 11 de los 25 jueces del Tribunal Supremo fueron asesinados, se perdieron miles de expedientes de todo tipo.

En una larga historia de violencia política como la de Colombia, los acontecimientos en Palacio siguen siendo especialmente relevantes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, dejando 110 muertos. En el año 2000, paramilitares devastaron la localidad de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 muertos, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en Chocó, y asesinó al menos a 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y es por eso que un episodio que en Colombia ha sido llamado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o las artes, comparable sólo con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.

Además, el poder judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de generaciones posteriores, y sus muertes dejaron una huella que la justicia aún hoy lamenta.

Además de esta herida abierta, el debate sobre la toma y retoma es tan actual y belicoso que en él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue militante del mismo M-19 y, aunque no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus excompañeros. El tema es tan delicado que un juez ordenó recientemente la eliminación de un diálogo de una película sobre el Palacio; Tan válida es que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que otorga a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o aún bajo investigación o proceso, todos los beneficios equivalentes a una absolución”.

La relevancia de lo que ocurrió hace cuatro décadas implica preguntas sin respuesta. Uno de ellos tiene que ver con la protección de los magistrados. A pesar de que se había revelado un plan guerrillero para atacar el Palacio, noticia que había llenado los titulares, ya que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Me gustaría tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal sobre las desapariciones forzadas de una decena de personas, a manos de militares.

Otra pregunta sin una respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió un proclama desde Palacio sobre lo que denominó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Llamamos al juicio público de las minorías apátridas que han defraudado el deseo de paz y traicionado las exigencias de progreso y justicia social a toda la nación”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir que los principales medios difundan el proceso con el que soñaron. “Estimados magistrados: tenéis la gran oportunidad, de cara al país, y en vuestra calidad de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.

Pero la sombra del narcotráfico se cierne sobre lo ocurrido desde 1985, desde que la guerrilla acordó una demanda de los narcotraficantes. «A través de un impopular y escandaloso Tratado de Extradición, se logra nuestra legalidad – la más creciente e innovadora de todas las entregas – lo que es un golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, especialmente personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, tratando de evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se opusieron a sangre y fuego. Quien fuera el teniente, Jhon Jairo Velásquez, popeyees una de esas fuentes; Otros han sido Virginia Vallejo, amante de las drogas, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La cuestión queda en el aire, ya que no hay pruebas ni está claro que una atrocidad de este tipo tendría el efecto esperado. Lo más parecido a una respuesta, según una Comisión de la Verdad formada por los altos tribunales en 2005 para esclarecer los hechos de Palacio, es señalarla como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión entre el M-19 y el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.

Una tercera pregunta es hasta qué punto los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces Ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que había un vacío de poder, en el que eran los generales quienes decidían qué hacer. Pero su entonces compañero de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no existía tal cosa, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temían que darle juego a la guerrilla les hubiera llevado a lograr un levantamiento popular y tomar el poder.

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La cuarta cuestión gira en torno a la responsabilidad de cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados ​​se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones contradictorias; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han transcurrido-; En algunos casos, la falta de pruebas balísticas o la manipulación del Palacio por parte de policías y militares antes de la llegada de los funcionarios judiciales impiden obtener pruebas técnicas suficientes.

Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va desde lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a realizar el ataque y lo permitieron, para golpear duramente al M-19 en lo que algunos han llamado «operación ratonera». Aunque los generales lo han negado reiteradamente, los tres magistrados que encabezaron una comisión para investigar los hechos entre 2005 y 2010, dan crédito a la medida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “violado en su dignidad” y “herido en su autoestima” por acciones pasadas de una guerrilla particularmente mediática. Otros han añadido que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado conversaciones de paz sin consultarles y en contra de su opinión.

Lo más complejo, según el exministro Buitrago, es que las respuestas a estas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron tener conocimiento del plan M-19. Y eso mantiene las heridas vivas y abiertas.

Hace unos años estaba enganchado Milenio; Por si no os suena, os cuento que se trataba, según la web de TVE, de un espacio de «debate, análisis y reflexión sobre temas de actualidad y de interés humano». No utilizaron realidad aumentada ni gráficos espectaculares; Eran cuatro personas charlando sobre temas planteados por su director y presentador Ramón Colom. A lo largo de sus más de ciento cincuenta emisiones, disponible en RTVE Play —bendito sea—, hablaban de todo: de Dios, de algoritmos o de la risa. Siempre con tranquilidad y conocimiento, porque todas las semanas venían expertos en la materia, en una, no en todas, como es habitual. Estuve esperándolo hasta que un día no regresó en la madrugada del día 2. Pregunté vía tweet y me respondieron que estaba pendiente de renovación. Puede parecer un pequeño esfuerzo, pero no soy de movilizar. Mi acto más reivindicativo consistió en escribirle a Miko para quejarse de la desaparición de uno de sus cucuruchos helados de trufa y chocolate –prioridades–; En mi defensa diré que entonces protestar tenía más mérito, había que molestarse en escribir una carta, comprar un sobre y un sello y buscar un buzón. Cuando indignarse requiere tanta burocracia, la irritación desaparece antes.

Esa despedida a la francesa es habitual en todas las redes. Con las series suelen ser algo más respetuosos y una triste nota de prensa advierte de su cancelación, pero muchos programas simplemente quedan en el limbo.

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Cada temporada temo que algunos de esos programas culturales y de divulgación que llevan tanto tiempo ahí que los damos por sentado desaparezcan por algún ajuste presupuestario avalado por su baja audiencia. Si estamos celebrando los buenos datos de TVE, ¿por qué a alguien no se le ocurre pedírselos a La 2, esa televisión que un día se anunció orgullosamente «para una inmensa minoría»? Dirán que pongo la venda antes de la herida, pero la combinación de búsqueda de rentabilidad y cortoplacismo me asusta tanto como a las superbacterias.

Por eso quedé sumamente contento con la movilización que en su momento provocó la cancelación de El cazador de cerebros. Descubrí que después de los programas que son casi imperceptibles para los audiómetros, hay espectadores leales. Y por eso celebré mucho a Ondas un Página de dos. Me interesa mucho menos que me agrie la polémica por un premio literario que alegrarme de que se ponga en valor un espacio tan cuidado, ameno, estimulante y necesario como el que La 2 dedica a los libros. Viva los programas esenciales para una (no tan) minoría inmensa.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia diaria de este miércoles que ha presentado una denuncia contra el hombre que se le acercó en la calle y la acosó ante una multitud atónita y decenas de cámaras que grabaron el momento. «Decidí presentar una denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero que viven todas las mujeres de nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta. […]. Es un delito en la Ciudad de México. Si no presento una denuncia, ¿en qué condiciones quedarán todas las mujeres mexicanas? «Si le hacen esto al presidente, ¿qué pasará con todas las demás mujeres del país?» ella dijo.

El mandatario confirmó que el hombre -que se encontraba en estado de ebriedad- ya se encuentra detenido por las autoridades de la capital mexicana. “Es algo que no debería pasar, y no lo digo como presidenta, sino como mujer, nadie debería violar nuestro espacio personal”, reiteró Sheinbaum. La mandataria también anunció que junto a la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, revisará en qué entidades del país este tipo de agresión -acoso callejero- no es considerado un delito para poder equipararlo con la capital, ya que en la Ciudad de México estas conductas se castigan con hasta cuatro años de prisión, además de multas y la posibilidad de poner órdenes de restricción.

Antes de ser cuestionada sobre el tema, Sheinbaum se adelantó y describió el episodio del que fue víctima este martes, cuando caminando por el Centro Histórico de la capital mexicana fue abordada por un hombre que la tocó de manera inapropiada y que intentó besarla sin su consentimiento.

La presidenta comenzó -como ocurre en otros casos de mujeres vulneradas- explicando los motivos por los que decidió caminar y no utilizar su vehículo: «¿Por qué caminé? Porque es más corto. Llegamos tarde, si salíamos en auto llegábamos 20 minutos más tarde», dijo.

Además, ha afirmado que no era consciente de lo que estaba pasando hasta que vio las imágenes del momento en que el hombre se acercó a ella: «No me di cuenta inmediatamente. Hasta que vi los vídeos fue cuando me di cuenta de lo que realmente pasó», ha afirmado.

En un comunicado hecho público durante la noche de este martes, el secretario Hernández condenó el episodio y llamó a no normalizar este tipo de acciones. «La cercanía de la presidenta al pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal o para cometer cualquier tipo de contacto físico sin consentimiento. Es fundamental que los hombres entiendan que este tipo de actos no sólo vulneran a las mujeres, sino que también son un delito», dijo.

Respecto a las críticas a su seguridad, Sheinbaum confirmó que seguirá con el acercamiento que ha defendido desde el inicio de su Gobierno: «No vamos a cambiar nuestra forma de ser, no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos. Y hasta ahora nuestros compañeros de la Ayudantía nos seguirán apoyando».

Al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum renunció a tener un Estado Mayor Presidencial (un grupo de élite del ejército encargado exclusivamente de la seguridad de los presidentes y sus familias). Y en cambio se rodea de los miembros de la Subdirección General, un equipo de personas que la acompañan en sus actividades diarias.

La presidenta también ha denunciado públicamente el uso de imágenes del momento del acoso, que sufrió por parte de los medios. Y aunque ha aclarado que no tomará medidas legales contra ningún medio de comunicación, ha denunciado la revictimización que se ha hecho de su persona a través de la repetición y difusión de su imagen. “Aprovecho para decir que hay cosas que tienen límites […] Publicando la fotografía, eso ya lo supera todo. Es una cuestión de calidad humana, está fuera de toda ética y de toda moral. Pero además, si uno lo cataloga, puede entrar hasta la Ley Olimpia o la revictimización”, afirmó.