Claro, aquí tienes el texto reescrito:
La sostenibilidad fiscal sigue siendo un reto crucial para América Latina y el Caribe. La región enfrenta una deuda pública cercana al 60% del PIB y déficits fiscales del 3%, lo que requiere reformas para fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, el contexto político y social, caracterizado por la desconfianza en los gobiernos, dificulta la implementación de cambios profundos. En este contexto, las pequeñas reformas se presentan como una opción viable para lograr efectos significativos.
Un artículo en Perfil.com, escrito por Marta Ruiz-Arranz, la vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), revela que la región enfrenta presión por el endeudamiento, además de sistemas fiscales ineficientes y gastos mal orientados. El despilfarro fiscal representa un 4.6% del PIB, más de lo que se observaba hace diez años. Esto muestra una doble carga: por un lado, ingresos insuficientes del Estado, y por otro, gastos públicos que no siempre mejoran el bienestar.
Ruiz-Arranz señala que el diseño tributario en la región es una debilidad. La alta dependencia del IVA, un impuesto regresivo, junto con la elevada informalidad, limita la capacidad redistributiva de los sistemas fiscales. A diferencia de las economías desarrolladas, América Latina genera menos ingresos y redistribuye poco. En seis países de la región los impuestos y las ayudas no disminuyen la pobreza, sino que la empeoran.
Este dilema no es solo técnico sino también político. La gente percibe una distribución de ingresos injusta, pero se muestra reacia a pagar más impuestos. Apenas un 30% de la población apoya ampliar la base del impuesto sobre la renta. Esta contradicción hace que las reformas graduales y de bajo perfil sean una opción más viable que los cambios estructurales grandes.
La autora sugiere que es posible avanzar hacia sistemas fiscales más progresivos a través de iniciativas discretas pero efectivas, como:
-Digitalización de la administración tributaria para mejorar control y recaudación.
-Análisis avanzado de datos para combatir la evasión y reducir la informalidad.
-Reestructuración de subsidios para mejorar la focalización y reducir costos fiscales.
-Fortalecimiento de los marcos presupuestarios para una asignación más transparente de recursos.
La evidencia muestra que estas pequeñas reformas ya están generando resultados. En El Salvador, la digitalización de la facturación elevó la recaudación del IVA del 3.5% del PIB en 2017 al 8.7% en 2023, sumando ingresos de unos US$ 1,000 millones.
En Uruguay, el uso de tarjetas sociales digitales ha reducido la carga del IVA del 16% al 14.8% para hogares de bajos ingresos. Mejoras en la focalización podrían aumentar aún más este impacto, contribuyendo a la equidad y al consumo.
Además, el BID colabora con varios gobiernos para cambiar exenciones generalizadas del IVA por devoluciones a hogares de escasos recursos. Este enfoque es más justo y evita pérdidas innecesarias en la recaudación.
Para que estas reformas tengan éxito, se necesitan registros sociales y fiscales sólidos, sistemas de pago digital, y modelos de simulación para evaluar impactos antes de implementar cambios. Estas medidas no solo mejoran la eficiencia y equidad de los sistemas fiscales, sino que también crean la confianza necesaria para futuras reformas más amplias.
En conclusión, el artículo resalta que los grandes avances no siempre dependen de grandes decisiones. La digitalización, focalización y modernización, aunque discretas, pueden promover una mayor sostenibilidad fiscal y una distribución más equitativa de los ingresos en la región.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones