El recurso de apelación interpuesto por el abogado Claudio Lovera, en representación del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, fue desestimado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital. Esta instancia confirmó la resolución N° 169 del 17 de junio de 2025, emitida por el juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.
Los jueces Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnaldo Fleitas decidieron unánimemente que el magistrado puede programar de nuevo la audiencia preliminar. En esta se decidirá si el caso contra Boidanich y las exfuncionarias Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi González se lleva a juicio.
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La audiencia estaba fijada para el 7 de julio, pero fue pospuesta cuando se supo que las defensas habían apelado la reactivación del caso penal. Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), acusaron a los tres de haber demorado un informe crítico sobre lavado de activos, lo que retrasó por 10 meses el proceso penal contra Darío Messer, evitando así el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente.
Según el Ministerio Público, Darío Messer era investigado por lavado de dinero en Brasil, lo que permitía el decomiso de sus bienes. La legislación penal permite el decomiso autónomo si hay un acto ilícito, sin necesidad de una condena previa. Los fiscales argumentan que los acusados retrasaron la entrega del informe al Ministerio Público.
La ley no exige conocer en detalle un delito previo, solo que el implicado sospeche que los bienes cuestionados provienen de acciones ilegales. La Seprelad tenía información de Brasil sobre las actividades ilícitas de Messer, por lo que los acusados deberían haberlo sospechado.
Aunque no tenían detalles sobre los bienes a decomisar, la ley paraguaya no requiere intención de lucro para aplicar sanciones, solo conocimiento razonable del posible resultado. Los fiscales destacaron que, aunque los acusados no sabían exactamente la procedencia ilícita de los bienes, asumieron un riesgo al no comunicar la información oportunamente.
La denuncia fue presentada por exfiscales Liliana Alcaraz y René Fernández. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y un año adicional para investigar, buscando incluir informes internacionales y de Seprelad.
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