En diálogo con ABC Cardinal este martes, la jueza Luz Rosana Bogarín describió la visita que realizó junto a otras magistradas a la penitenciaría de Emboscada Antigua la semana pasada. Allí, descubrieron celdas VIP accesibles mediante pagos y comentó sobre cómo la ley regula las inspecciones judiciales y del Ministerio de Justicia en las instituciones penales.
Esta revelación provocó un escándalo en el Ministerio de Justicia, al hacerse público que las juezas encontraron privilegios para ciertos presos en Emboscada Antigua, quienes disfrutan de celdas con lujos y comodidades que superan las del resto de los reclusos.
Durante la inspección, que incluyó una revisión aleatoria de las áreas y pabellones, las autoridades penitenciarias intentaron dirigir a las juezas lejos de ciertas zonas. Las magistradas notaron que una zona estaba cerrada con candado y exigieron ingresar, enfrentando la resistencia del personal penitenciario, quienes no colaboraron ni informaron sobre los internos de esa área.
Las juezas encontraron celdas con lujos como televisores con cable, aire acondicionado y cocinas bien equipadas. La jueza Bogarín relató que incluso encontraron a un interno trabajando en la construcción de una nueva celda "privada".
Estas celdas, generalmente reservadas para visitas conyugales, estaban siendo utilizadas por presos que pagaban por los privilegios, con cuotas mensuales de hasta 300.000 guaraníes. Durante la inspección, se encontraron internos de alto perfil vinculados al narcotráfico, como Fernando Balbuena y Raibel Joselin Reyes, entre otros.
El director del penal, Humberto Renée López, no ofreció explicaciones sobre estas irregularidades, y según la jueza Bogarín, intentó restarle importancia a la situación. Ella destacó que lo cuestionable es la desigualdad y los privilegios para algunos presos.
El Ministerio de Justicia inició una auditoría tras el hallazgo. La jueza Bogarín explicó que el Código de Ejecución permite a magistrados y al Ministerio de Justicia realizar inspecciones trimestrales para evaluar las condiciones penitenciarias, asegurando que las visitas no coincidan en fecha. Aunque las juezas planearon una nueva visita con refuerzos de seguridad, debieron cancelarla por la apertura de la auditoría que impide inspecciones simultáneas.