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Defensoría del Pueblo exige a instituciones educativas privadas no discriminar a estudiantes
La Defensoría del Pueblo instó a las instituciones educativas privadas respetar la ley 5738/16 y no discriminar a alumnos por atrasos en las cuotas y aranceles educativos, privándoles de participar de los exámenes parciales y finales.
El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, instó a las instituciones educativas del sector privado que garanticen el derecho de los niños, niñas y adolescentes, como dicta la Ley 5738/16.
La normativa tiene como propósito proteger el derecho de los estudiantes en instituciones privadas, específicamente en lo referente a cuotas y aranceles educativos.
“Esta ley asegura que los derechos de los niños y adolescentes no se vean comprometidos debido a la morosidad en el pago de cuotas o aranceles”, señaló Ávila.
La ley establece en su artículo 2° que, en caso de mora en los pagos, las instituciones responsables no podrán llevar adelante ciertas prácticas, como denegar el derecho a exámenes parciales o finales; retener las libretas de calificaciones, de exámenes parciales o finales y hacer público el estado de cuenta de las cuotas y aranceles educativos.
Asimismo, tampoco podrán hacer decaer los plazos de las cuotas y aranceles educativos no vencidos; y establecer cualquier otra medida que pudiera afectar el derecho a la permanencia y el acceso oportuno a la educación.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó a todas las instituciones privadas a respetar los derechos de los estudiantes, promoviendo un entorno educativo justo y accesible para todos.
Asimismo, se invitó a las familias y estudiantes, a realizar su denuncia ante la Defensoría en caso de ser víctimas de alguna medida que viole lo establecido por esta ley.
Las denuncias pueden ser hechas en la sede de la institución, en la avda. Ygatimi y O’Leary, de 07:00 a 14:00, a través del correo defensoria@defensoriadelpueblo.gov.py, o mediante el Whatsapp institucional: (0971) 108 811.
Fuente: Última Hora
En la tarde del jueves, un joven y un adolescente en una moto llegaron frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se acercaron a una camioneta estacionada y dispararon, provocando la muerte del teniente coronel Guillermo Moral. Luego escaparon. Las cámaras de seguridad registraron cómo actuaron los atacantes.
El 2 de octubre, a las 16:12, Guillermo Moral Centurión dejó la Corte Suprema de Justicia, donde trabajaba, tras estar en la Cárcel de Viña Cue. Su oficina estaba en la calle Oliva. Condujo su camioneta Toyota Surf azul hacia la calle General Díaz y 15 de agosto.
A las 16:13, las cámaras del centro de Asunción captaron la camioneta en la calle O´Leary casi Palma con dirección a Presidente Franco, siendo seguida por dos personas en una motocicleta.
A las 16:31, en el barrio Santísima Trinidad, frente a la Facultad de Derecho de la UNA, en la calle Congreso de Colombia, los individuos interceptaron a Guillermo y le dispararon, dándole muerte.
Un minuto después, a las 16:34 horas, los sicarios huyeron por la calle Molas López rumbo a Santísimo Sacramento. No se supo más de su paradero.
Al día siguiente, viernes 3, las autoridades encontraron la motocicleta abandonada en una estación de servicio en la avenida Santísimo Sacramento y Primer Presidente. Las imágenes de seguridad fueron cruciales para identificar a los responsables y sus movimientos en el lugar.
Uno de los sujetos llevaba un bolso, y el conductor de la moto se cambió de ropa en el baño. A las 16:47, salieron de la estación, abandonaron la moto y tomaron un vehículo IST blanco.
El coche transitó por la calle Santísimo Sacramento y giró hacia la avenida Primer Presidente, luego por Auditores de la guerra del Chaco, y a las 16:55, sobre la avenida Madame Lynch, rumbo a la avenida Aviadores del Chaco, las cámaras captaron la matrícula.
Después de investigaciones, se supo que el automóvil era usado por un conductor de plataformas de transporte. El destino solicitado era San Antonio, en el área conocida como Cable Vy.
Esta última ubicación permitió reunir información suficiente para identificar a los presuntos autores del asesinato de Guillermo Moral: un adolescente de 16 años y Rogelio Díaz, un joven de 18 años.
Ambos, vinculados al Clan Rotela, podrían estar implicados en varios delitos, siendo este asesinato una prueba más de su participación en la organización criminal que recluta a jóvenes y menores.
En mayo de 2023, Guillermo Moral denunció que un abogado le ofreció G. 10 millones para introducir un celular a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, en el penal de Viñas Cue, relacionado al caso “A Ultranza PY”.
Por esta denuncia, fueron condenados a dos años de cárcel el coronel Luis Belotto, su esposa, Alba Lidia Ale, y el abogado Miguel Mendieta. Estos intentaron convencer a Moral de aceptar el soborno para permitir la entrada del teléfono.
En Ayolas, el concejal Lucio Amarilla planea presentar una solicitud el próximo lunes para eliminar la Comisión de Lombriceros de la ciudad. Esta propuesta surge debido a repetidas denuncias contra recolectores de lombrices que estarían ingresando a propiedades privadas para extraer estos animales como carnada de pesca.
Amarilla, junto a otros propietarios de terrenos en Boquerón, señaló que los colectores de lombrices realizan excavaciones ilegales en propiedades sin permiso. Mencionó que la situación ha llevado a conflictos y que incluso ha sido víctima de ataques por parte de aquellos involucrados.
El concejal destacó la desaparición del respeto a la propiedad privada y afirmó que tanto él como su familia son dueños legítimos de los terrenos, habiendo vivido allí desde siempre. Opinó que la situación es insostenible y sugirió que, si las autoridades no intervienen, el problema podría empeorar. Agradeció a la fiscala Stella Mari Cano por su trabajo conforme a la ley.
Amarilla instó a la comunidad a entender que los terrenos no son espacios públicos, sino propiedades privadas. Aseguró que la actividad de los lombriceros es ilegal ya que no tienen permiso para entrar ni recolectar lombrices en esas áreas.
El lunes, Amarilla presentará una propuesta al pleno de la Junta Municipal de Ayolas para revocar el reconocimiento del Comité de Productores de Lombriz, argumentando su inactividad y falta de legitimidad legal.
Recalcó que su intención no es confrontar, sino asegurar el cumplimiento de las normas y proteger los derechos de los propietarios. Advirtió que, sin acción, la situación podría descontrolarse.
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