Nacionales
La DNCP investiga la adjudicación de obras para un importante hospital en Asunción
Más de 98.617 millones de guaraníes (aproximadamente 13 millones de dólares) es la diferencia respecto al precio de referencia para el diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción, llamado por el gobierno de Santiago Peña como el próximo «gran hospital». Inicialmente se había previsto un presupuesto de alrededor de 368.778 millones de guaraníes (unos 49 millones de dólares), pero la adjudicación se realizó por 466.945 millones de guaraníes (unos 63 millones de dólares), según la resolución N° 1198 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) del 24 de julio de 2025.
El contrato fue adjudicado al Consorcio GHA, formado por Constructora Isacio Vallejos SA, Benito Roggio e Hijos SA y MM Sociedad Anónima, representado por Luis Rodríguez. La adjudicación se basó en el dictamen N° 65 del Comité de Evaluación de Ofertas del 15 de julio de 2025.
No obstante, una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) demostraría que este sobreprecio del 26,6% sobre el precio de referencia estaría en contra del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y la resolución N° 454/2024 del 15 de febrero de 2024 de esa misma institución, según el reclamo presentado por el Consorcio Yvága, compuesto por TR Construcciones SA y Aponte Latorre SA, representado por Carlos Latorre.
El Consorcio Yvága participó del proceso con una oferta de 386.900 millones de guaraníes (aproximadamente 52 millones de dólares), que representaba el precio más bajo y un sobreprecio de solo el 4,9% en comparación con el monto inicial previsto. Sin embargo, el consorcio fue descalificado por falta de experiencia clave, ya que la obra declarada no correspondía a un único centro hospitalario, según el Comité de Evaluación.
A raíz de estos cuestionamientos, la DNCP decidió el 8 de agosto abrir una investigación y ordenar al MOPC la suspensión del proceso de contratación.
El Comité de Evaluación observó que la descalificación del Consorcio Yvága fue por no cumplir con el requisito de experiencia clave, ya que se exigía que esta experiencia fuera acreditada con un único contrato, permitiendo la subcontratación de hasta dos actividades.
ABC intentó obtener una respuesta de la ministra Claudia Centurión, quien prometió responder pero finalmente indicó que la consulta se remitiera al asesor jurídico José Arévalo.
En la ciudad de Coronel Oviedo, se llevó a cabo la presentación oficial de las tobilleras electrónicas para ciertos procesados judiciales, en el Palacio de Justicia.
El servicio costará G. 2.006.600, pero si se comprueba que la persona es insolvente, el Estado cubrirá esos gastos.
Se realizará un estudio técnico sobre la conectividad en Caaguazú y otros factores necesarios antes de implementar el sistema. Tras este análisis, se comenzará a utilizar las tobilleras electrónicas.
El jefe del sistema de vigilancia del 911 en Caaguazú, Crio. Vicente Chaparro, informó que el sistema 911 monitoreará Caaguazú y San Pedro. Si se detectan irregularidades en los usuarios de tobilleras, se coordinarán acciones rápidas con las comisarías cercanas.
El centro de monitoreo estará en Asunción, pero habrá coordinación para actuar eficientemente ante cualquier problema.
El fiscal delegado de Coronel Oviedo, Fermín Segovia, explicó que se realizará una verificación técnica del lugar donde estará el beneficiario para asegurar que cumple con los requisitos para usar la tobillera. La decisión de otorgar una tobillera dependerá de cada juez, y ésta está disponible para todos los delitos del Código Penal.
La presidenta de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, jueza Sandra Porto, mencionó que el uso de las tobilleras busca aliviar la saturación en las cárceles llenas de procesados sin condena. El dispositivo brinda seguridad judicial y se implementará a solicitud del individuo afectado.
Las tobilleras cuentan con un sistema de alarma que se activará desde el centro de monitoreo si se detectan irregularidades en el comportamiento del procesado.
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, detalló el tema central que se abordará en la convención extraordinaria de su partido este fin de semana en Caacupé. Habló sobre el «dinamismo diferente» que el PLRA y la oposición están adoptando para las elecciones municipales de 2026.
En una entrevista con ABC Cardinal, Fleitas explicó que el objetivo de la convención es autorizar al directorio del PLRA para ratificar acuerdos de alianza o concertación que se logren en varios distritos del país de cara a los comicios municipales, lo cual requiere su aprobación.
Se espera una «concurrencia importante» de alrededor de 600 miembros del partido.
Sobre el tema del «dinamismo diferente», Fleitas mencionó que después de la derrota del PLRA por el Partido Colorado (ANR) en 2023, el partido se está preparando de manera más dinámica para las elecciones municipales del próximo año. Se observa una mayor «madurez» dentro de la dirigencia y en la oposición, con acuerdos ya establecidos en muchas áreas donde antes hubo candidaturas múltiples en 2021.
Asimismo, Fleitas destacó la elección municipal extraordinaria en Ciudad del Este para elegir al reemplazo del destituido intendente Miguel Prieto. El PLRA ha decidido apoyar unánimemente a Daniel Mujica, candidato del movimiento Yo Creo de Prieto. Según Fleitas, esta elección «marcará el rumbo» hacia las municipales de 2026 siendo la primera batalla electoral significativa entre el cartismo y la oposición desde 2023.
Nacionales
Uso excesivo de prisión preventiva provoca saturación en cárceles, alerta el Mecanismo de Prevención de la Tortura
Un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura comentó que la prisión preventiva como recurso inicial en los procesos judiciales contribuye a la sobrepoblación en las cárceles. Esta situación empeora debido a que las personas privadas de su libertad son trasladadas a prisiones lejos de su hogar, lo que ralentiza los procesos legales.
En un informe reciente, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacó que la sobrepoblación en las cárceles paraguayas persiste en gran parte por el uso excesivo de la prisión preventiva para quienes aún no tienen condena firme. Orlando Castillo, comisionado del Mecanismo, expresó preocupación por este uso predominante de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial hacia las personas.
El informe revela que, hasta agosto de este año, el 61.6% de los hombres en prisión en Paraguay (unas 11,319 personas) estaban procesados sin condena, mientras que el 38.4% (7,067 personas) ya habían sido condenados. Castillo explicó que este uso liberal de la prisión preventiva genera hacinamiento, con algunas cárceles mostrando una sobrepoblación de hasta el 1,000%.
También destacó el problema del «desarraigo» debido al traslado de procesados a prisiones lejanas, alejándolos de sus familias y abogados, lo que retarda los procesos judiciales. Esto significa que personas que deberían estar en prisión por meses terminan encerradas durante años, facilitando además su reclutamiento por organizaciones criminales.
Castillo señaló que el Ministerio de Justicia no cuenta con un sistema adecuado para supervisar a quienes obtienen medidas alternativas a la prisión, como el arresto domiciliario. Sugirió que, además de la Policía, debería haber un equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogados para asegurar el cumplimiento y facilitar la reinserción social.
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