Nacionales
Contraloría de San Pedro se opone a hipotecar la municipalidad
La Contraloría Ciudadana de San Pedro de Ycuamandyyú ha expresado su rechazo a la intención del intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) de endeudar la municipalidad. El alcalde, que está en campaña para ser reelegido, quiere solicitar un préstamo de G. 48.000 millones, lo que comprometería los ingresos municipales de los próximos tres años.
La Contraloría de San Pedro emitió un comunicado condenando la intención de Carlos Quiñónez de endeudar la Municipalidad por G. 48 mil millones, afectando los recursos del municipio durante los siguientes tres años.
Según los ciudadanos, este dinero del préstamo se usaría para financiar su campaña, en lugar de las obras que argumenta ejecutará. En el comunicado, la Contraloría manifiesta su fuerte oposición al proyecto de endeudamiento municipal.
Además, se menciona que el grupo de ciudadanos ya ha presentado denuncias contra la gestión de Quiñónez ante varias instituciones, pero estas no han respondido a sus quejas.
El documento destaca obras que figuran en documentos pero no se han ejecutado, indicando sobrecostos y obras inconclusas. También se cuestiona el uso de G. 30 mil millones recibidos por la administración de Quiñónez, ya que hay numerosas deudas sin pagar.
El comunicado advierte que este préstamo hipotecaría el futuro de San Pedro, comprometiendo recursos futuros y limitando la inversión en obras necesarias.
La Contraloría Ciudadana llama a una «rebelión cívica» contra esta propuesta de endeudamiento. Quiñónez ha solicitado a la Junta Municipal la aprobación para buscar el préstamo.
Finalmente, el comunicado llama a la acción ciudadana para impedir que se hipoteque la ciudad para las generaciones futuras. Carlos Quiñónez fue elegido en 2023 para terminar el período municipal, tras la renuncia de Gustavo Rodríguez (ANR-HC), quien enfrenta acusaciones de mala administración y lesión de confianza.
Nacionales
BCP implementa estrategias para aumentar la protección cambiaria frente a riesgos del dólar
El Banco Central del Paraguay (BCP) ha implementado nuevas medidas para las operaciones de contratos forward, buscando ampliar la cobertura cambiaria y protegerse contra riesgos derivados de fluctuaciones en el dólar.
La entidad anunció la expansión de los límites para contratos forward de divisas entre entidades financieras y agentes económicos nacionales. Esto permitirá ofrecer una mayor protección cambiaria, crucial en el contexto actual de volatilidad del tipo de cambio.
Recientemente, el dólar en el mercado local cayó un 10% en dos meses, alcanzando un mínimo de G. 7.200, pero ha empezado a recuperarse, cerrando hoy en G. 7.400.
Un contrato forward de divisas es un acuerdo para comprar o vender una cantidad acordada de moneda extranjera en una fecha futura con un tipo de cambio predeterminado. Se utiliza para cubrirse de fluctuaciones en el tipo de cambio, facilitando una planificación financiera más eficiente y fomentando el comercio internacional.
La BCP ha actualizado el cálculo de la posición neta de contratos forward con residentes. El nuevo límite se triplica, basándose en el volumen diario promedio de operaciones cambiarias de los últimos tres meses, sin superar ciertos valores:
1. Tres veces el promedio diario de operaciones de los últimos tres meses.
2. El 80% del Patrimonio Efectivo mensual, convertido a dólares.
Estas modificaciones buscan ofrecer a las entidades financieras más margen para gestionar riesgos cambiarios de manera eficiente.
El BCP indica que esta medida fortalece la capacidad del sistema financiero para enfrentar riesgos cambiarios y contribuye al desarrollo del mercado de derivados financieros en el país. Además, este ajuste se une a reformas previas que brindan más cobertura a inversores no residentes, fortaleciendo la presencia internacional en el mercado paraguayo.
Con la ampliación de los límites, se proporcionan nuevas herramientas a los agentes económicos para manejar la incertidumbre cambiaria y fortalecer la estabilidad económica.
Según reportes constantes de los asegurados, las farmacias del Instituto de Previsión Social (IPS) enfrentan una escasez de medicamentos. El doctor Derlis León, a cargo de la gerencia de salud del organismo, afirma que más del 90% de los medicamentos considerados cruciales están disponibles, aunque admite algunas carencias.
El IPS está llevando a cabo una «revisión de stock» debido a las denuncias recibidas. Según el doctor León, se han repuesto siete productos recientemente, pero algunos, como la dapagliflozina y la fluoxetina, no estarán disponibles hasta dentro de dos a cuatro semanas.
El doctor señaló que, aunque se hayan cumplido los procedimientos administrativos y se cuente con contratos y adjudicaciones, esto no soluciona el problema de disponibilidad, aunque se están tomando medidas para reponer el déficit.
En el caso de los medicamentos vitales, León asegura que tienen más del 90% de lo necesario, incluyendo todas las insulinas e hipertensivos, excepto uno. Recientemente, el ibuprofeno llegó y está listo para su distribución.
Nacionales
Investigación sobre posible fraude en el Crédito Agrícola de Habilitación en Pirapó
Agentes fiscales de las Unidades Penales de Colonias Unidas, pertenecientes al Ministerio Público, llevaron a cabo un operativo en busca de documentos vinculados a denuncias de presuntas estafas en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en Pirapó. Las autoridades del organismo afirmaron que, tras detectar las irregularidades, cambiaron el sistema y el personal.
Clientes de la sucursal de Pirapó del CAH denunciaron un supuesto esquema fraudulento entre 2023 y 2024, donde se habrían creado documentos falsos para gestionar créditos a sus nombres. Las víctimas descubrieron el fraude al ser contactadas para el pago de deudas que no habían solicitado.
Según las 11 denuncias presentadas, el esquema involucraba a exclientes que ya habían saldado sus préstamos, con montos entre G. 6 millones y G. 28 millones. En el marco de la investigación, los fiscales Reinaldo Castillo y Héctor Garay realizaron un allanamiento en busca de pruebas.
El Ministerio Público sospecha que empleados de la sucursal generaban los documentos, y los cheques eran retirados por terceros. Parte del personal ha sido sometido a sumario administrativo; dos fueron separados y otro renunció, radicándose actualmente en España.
El gerente de Servicios del Sureste del CAH, ingeniero Juan Ovelar, señaló que debido a las denuncias, la institución implementó un nuevo sistema para evitar prácticas fraudulentas previas. Ahora, el proceso de acreditación es bancarizado, depositando los préstamos directamente en las cuentas de los beneficiarios. Ovelar agregó que están a la espera de la resolución judicial sobre el posible daño patrimonial y que reconocerán las cuentas no autorizadas a los afectados.
Los fiscales esperan los resultados de las pericias caligráficas para determinar si hubo falsificación de firmas. Los empleados estarán bajo investigación por producir y usar documentos falsos.
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