Nacionales
Arrestado por supuesta obstrucción de portones basculantes o corredizos
Juan Pablo Guapi Benítez (54), apodado por la Policía como «El Rey de los Tortoleros», fue arrestado nuevamente ayer en el barrio Palomar de Asunción. Con medidas alternativas a la prisión y siete antecedentes por hurto, fue capturado sobre la calle Luis Morquio, cerca de San Juan de Vianey.
Según informes, otro sospechoso que estaba con él logró escaparse a pie. Aunque conocido por atacar vehículos, esta vez Guapi está vinculado a una serie de robos en viviendas de la zona donde fue detenido.
Se dice que ahora, en lugar de centrarse en autos, Guapi se ha dedicado al robo en casas, utilizando inhibidores de señal para evitar que las víctimas cierren electrónicamente sus portones, tanto basculantes como corredizos.
Investigadores de Asunción indicaron que Guapi y sus cómplices utilizan vehículos alquilados para merodear los barrios residenciales. Cuando detectan que una familia está por salir, estacionan cerca y activan el inhibidor para desactivar los portones. Luego ingresan y saquean las casas.
En esta ocasión, Guapi fue capturado en un auto con dos inhibidores, herramientas, celulares y ropa.
El proyecto para construir la costanera y un parque lineal en la fase C de la Defensa Costera de Pilar ha sido concedido por 267.716 millones de guaraníes, un 40% por encima del precio referencial de 191.835 millones de guaraníes. También hubo un aumento de precio en la adjudicación de la ruta Pilar–Humaitá–Paso de Patria.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo el liderazgo de Claudia Centurión, concedió el contrato de la fase C de la Defensa Costera de Pilar, sobrepasando el precio de referencia en casi 76.000 millones de guaraníes, supuesto un incremento cercano al 40%. Este contrato está destinado a la creación de una costanera y un parque lineal en Pilar, capital de Ñeembucú.
La adjudicación se realizó mediante la Resolución N.° 1751 a favor del Consorcio Costero Ñeembucú, conformado por Constructora Heisecke S.A., LT S.A., y Benito Roggio e Hijos SA. El anuncio se hizo con gran publicidad por la ministra Centurión y el vicepresidente Pedro Alliana, en un evento simbólicamente político.
Esta fase es la última del proyecto diseñado para proteger a Pilar de las crecidas del río Paraguay y de los fenómenos climáticos severos. Además de su función de defensa hidráulica, el plan contempla infraestructura vial, recreativa y paisajística para mejorar la conectividad urbana y la calidad de vida.
Según Obras Públicas, la construcción del «Parque Vial y Lineal» busca completar el sistema de defensa costera, combinando protección hídrica, conectividad vial y espacios recreativos.
Durante el evento, la ministra Centurión destacó “la visión del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, que lideran una inversión histórica en obras estratégicas para el sur del país”.
Por otro lado, la mejora del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria también fue adjudicada con costos inflados. El Lote 1, de 33,6 km, fue otorgado a Constructora Acaray S.A. por 242.296 millones de guaraníes, y el Lote 2, de 25 km, al Consorcio Caminos del Sur por 204.140 millones de guaraníes, según la Resolución N.° 1750. El costo total de adjudicación ascendió a 446.437 millones de guaraníes, superando el precio de referencia por un 20,7%.
Este proyecto incluye la construcción de rotondas, una circunvalación completa en Humaitá, y la pavimentación del tramo Pilar–Humaitá–Paso de Patria.
Nacionales
Hernán Rivas enfrenta hasta 5 años de prisión por caso de título falso de abogado
El senador Hernán David Rivas Román (ANR – cartista) enfrentará un juicio oral por el uso de documentos públicos con contenido falso, delito que según el Art. 252 del Código Penal podría conllevar una condena de hasta 5 años de prisión. La prescripción del delito relacionado con la presunta falsificación de su título de abogado le ha evitado una posible sentencia de hasta 7 años y 6 meses.
Si se mantiene la decisión del juez penal de Garantías, Miguel Palacios, Hernán Rivas se enfrentará solo por el uso de documentos públicos falsos, exponiéndose a una pena de hasta 5 años. La acusación, presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, considera este el delito más grave, aunque Rivas fue sobreseído definitivamente en cuanto a la producción de documentos públicos falsos, dado que la acción legal prescribió. Esta última acusación tenía una pena de hasta 3 años.
El juez Miguel Palacios concluyó que los fueros parlamentarios no constituyen un obstáculo insuperable para el conteo del plazo de prescripción, señalando que se requiere una negativa explícita del levantamiento de los fueros para que haya un impedimento.
Las fiscalas consideran si apelarán la decisión sobre la prescripción. Aunque se determinó que la acción por falsificación del título prescribió, el juez aclaró que Rivas no es autor directo del delito, ya que el certificado y el título fueron emitidos por la Universidad Sudamericana. La acusación establece que Rivas hizo creer que completó la carrera de Derecho, aunque según la investigación, no la cursó.
El delincuente peruano Erick Luis Moreno Hernández, conocido como El Monstruo, actualmente encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Emboscada, ha presentado múltiples tácticas legales a través de su abogado paraguayo para evitar su extradición, solicitada en tres casos diferentes. Afirma que sufrió maltratos y violaciones a sus derechos por parte de la policía de su país.
Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, famoso criminal internacional, fue detenido el pasado 24 de septiembre por la Policía Nacional en una vivienda alquilada en San Lorenzo. Enfrenta tres solicitudes de extradición desde Perú.
Uno de los casos está en manos de la jueza Clara Ruiz Díaz, relacionado con secuestro y organización criminal. El segundo caso, bajo el juez Raúl Florentín, está vinculado a extorsión. El tercer expediente es manejado por el juez Francisco Acevedo, relativo a un asalto por el cual El Monstruo ya ha sido condenado a 12 años.
Debido a la gravedad de su situación en Perú, El Monstruo busca permanecer en Paraguay. Su abogado, Derlis Ramón Arévalos Sánchez, ha presentado un incidente de nulidad por fallas en el proceso judicial (violación de derechos de defensa e igualdad procesal). Argumenta que a su cliente solo se le permitió contacto ocho días después de su arresto.
El defensor alega que, como extranjero, El Monstruo no conoce sus derechos y que fue maltratado por agentes de la Policía Nacional del Perú tras su captura. Los jueces de extradición deberán resolver los incidentes, aunque el plazo de 60 días para la extradición sigue vigente y parece inevitable.
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