Publicidad

Un Juzgado Penal de Garantías de Villarrica dispuso la prisión preventiva para un agente de la Interpol, acusado por su exesposa de haber abusado sexualmente de sus dos hijas, de 6 y 15 años. Una jueza de Guairá, pareja del acusado, ofreció una propiedad valorada en más de 700 millones de guaraníes como fianza.

El juez Marcelo Ramírez decidió este lunes ordenar la prisión preventiva del agente denunciado por su expareja por presuntos abusos contra sus hijas. El acusado será encarcelado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Asunción.

Publicidad

El Ministerio Público, representado por la agente Noelia Soto, había solicitado la prisión preventiva desde julio, alegando la gravedad del caso y el riesgo de que el proceso se viera afectado si el imputado permanecía libre. La defensa se opuso, proponiendo medidas alternativas y presentando varios documentos en apoyo.

Lo más destacado fue la oferta de una fianza personal por parte de una jueza, pareja del imputado, que ofreció una propiedad valorada en 705 millones de guaraníes como garantía. Esta situación generó preocupaciones sobre la posible influencia de la jueza en el caso, ya que se sospechaba que estaba usando sus conexiones para retrasar el proceso.

La acusación contra el agente de la Interpol se formalizó tras meses de investigación por la Fiscalía de Villarrica. Fue denunciado en abril por su exesposa por supuestos abusos sistemáticos a sus hijas.

La madre de las niñas afirmó que la hija mayor de 15 años había sufrido abusos durante un largo período, mientras que la menor de 6 años también fue presuntamente víctima. La abogada de la denunciante, Rosana Figueredo, confirmó que presentaron una querella adhesiva para participar activamente en el proceso penal, mientras que la madre y las niñas están bajo protección policial por temor a represalias.

Publicidad

Publicidad

José Insfrán, implicado en el caso “A Ultranza”, ha solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su abogado, denunciando presuntos casos de “tortura” y trato inhumano en la cárcel de Emboscada, donde lleva más de un año recluido.

Conocido como el “Pastor Insfrán”, completó el formulario de solicitud para la CIDH, alegando torturas y condiciones deplorables en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada. Este documento fue presentado el domingo pasado.

Publicidad

Desde 2023, Insfrán está encarcelado por su supuesta implicación en un esquema de narcotráfico y lavado de dinero desmantelado mediante el operativo “A Ultranza Py”. Aunque no tiene una condena definitiva, su defensa afirma que enfrenta condiciones extremas que violan sus derechos humanos.

El abogado Nelson López, en diálogo con ABC, destacó que Insfrán ha estado confinado en una celda sin ventilación y sin movimiento durante más de un año, lo que “destruye su personalidad”. Las visitas son limitadas y no recibe una dieta adecuada para su condición bariátrica.

Además, según López, para trasladarlo, se le pone una bolsa negra en la cabeza y se le esposa. El formulario incluye un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que menciona tortura psicológica y, ocasionalmente, física en la prisión de Emboscada.

La defensa de Insfrán solicita su traslado a otro centro penitenciario o medidas menos severas, como el arresto domiciliario, argumentando que es inocente hasta que se le condene con sentencia firme.

Por su parte, la jueza Rosarito Montanía de Bassani ha ratificado su prisión preventiva en Emboscada, rechazando solicitudes de arresto domiciliario. Recordó que Insfrán estuvo prófugo casi dos años, evidenciando una falta de voluntad para enfrentar el proceso judicial.

Publicidad