Oliu (Sabadell): “Estábamos convencidos de que habría una segunda opa y no fue así”

Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, aborda la cuestión del sistema financiero ante los retos del mercado, pocos días después del fracaso de la opa del BBVA para hacerse con la entidad.

«Lo que no hemos hecho bien en esta opa es que en los últimos tres días estábamos convencidos de que habría una segunda opa y no fue así. Perdimos el tiempo durante tres días», afirmó.

«En la parte de valor, miramos qué alternativas teníamos para demostrar que el Banco de Sabadell tenía más valor del que nos querían dar para hacernos desaparecer como entidad independiente. El banco pasó de una perspectiva de creación de valor sostenible de unos mil millones a una perspectiva de 2.000 millones», afirmó.

“Las lecciones que he aprendido de la adquisición: en primer lugar, que nunca llevaré a cabo ninguna adquisición hostil”, afirma.

El presidente de Banco Sabadell ha indicado que la entidad ha prometido al mercado un importante reparto de dividendos, por lo que ese será su objetivo, y no crecer a través de compras, sólo a través del crecimiento orgánico. La entidad se centrará en “la rentabilidad, la generación de capital y la distribución del excedente de capital”. En los próximos dos o tres años “nuestro objetivo no será aumentar el tamaño”. Y agregó: “Si hay más capital, lo distribuiremos también mediante recompra de acciones”. Ha añadido que el riesgo de que Sabadell no reparta los dividendos prometidos «es prácticamente nulo». «El banco es muy sólido, al igual que la economía. El riesgo de ejecutar la estrategia de Sabadell en solitario es nulo. El riesgo de que no se den dividendos es prácticamente nulo».

Oliu ha insistido en que los movimientos no son «necesariamente fusiones», ni siquiera transfronterizos, ya que un banco español «tiene su manera de actuar en España, y un italiano en Italia». Pero hay plataformas que, por su tamaño y costes de innovación, “pueden operar internacionalmente”. Y ha puesto el ejemplo de las plataformas de pago. «Estamos a la espera de una alianza internacional con una plataforma de pagos, al igual que en Italia y Francia». “Somos un banco cliente que distribuye productos desde diferentes plataformas”

Para Oliu, la innovación tecnológica “no se va a dar en los bancos”, sino que vendrá de las empresas tecnológicas. “Ellos son los encargados de crear tecnologías para hacer competitivos a los bancos”

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La angustia permanece en Colombia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cumplido su amenaza de este lunes de decretar nuevos aranceles a las exportaciones del país andino, pero tampoco lo ha retirado. En pocas palabras, sus prioridades son otras, como afrontar la fragilidad del alto el fuego que logró para Gaza. Mientras tanto, en Bogotá, Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, concedió una extensa entrevista en la que anunció que pediría explicaciones a la Administración republicana y cerró la jornada con una reunión privada con John McNamara, embajador en funciones o encargado de negocios de la superpotencia en su país. A la salida ninguno de los dos dio declaraciones. Aunque la reunión demuestra que los canales no están rotos, el riesgo de un duro golpe económico no ha quedado atrás.

Este es un riesgo particularmente fuerte para Colombia, que tiene a Estados Unidos como destino del 26% de sus exportaciones y como principal fuente de inversión extranjera o ayuda de seguridad. No pasa en vano un siglo de alineamiento político, ni tampoco 25 años de profunda asistencia militar, desde la creación del llamado Plan Colombia, que fue fundamental en la recuperación de lo que algunos llegaron a calificar como un Estado fallido. El vínculo es tan fuerte que el propio Petro ha afirmado este lunes, en X y en la entrevista con Daniel Coronell, la existencia de un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, a pesar de que ese acuerdo ha sido criticado durante años por la izquierda colombiana, a la que él representa. “No debería haber impuesto ningún arancel porque había un acuerdo internacional de libre comercio entre los dos países”, dijo en diálogo con el periodista, en referencia al impuesto que la norteamericana impuso a todos los países el pasado 2 de abril, en un cuadro en el que Colombia resultó menos afectada que muchos de sus vecinos y competidores.

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Algunos sectores exportadores como el cafetalero han explorado estrategias para aprovechar esta ventaja competitiva inesperada, pero la incertidumbre ha limitado la posibilidad de aprovecharla. Más aún por las difíciles relaciones entre dos gobiernos de signos ideológicos opuestos, y liderados por presidentes locuaces y dados a excesos retóricos y reacciones calientes. Las primeras fricciones por la deportación de colombianos encadenados, que llevaron a los dos presidentes a anunciar una guerra comercial, han marcado tanto la desconfianza mutua como el arma favorita de Trump. Luego vino una escalada en septiembre. El día 15, el republicano descertificó a Colombia en su lucha contra el narcotráfico; el 23, el colombiano lanzó una condena muy fuerte al presidente de derecha en la Asamblea de las Naciones Unidas; En la mañana del 27 intervino en una manifestación callejera en Nueva York y pidió a los soldados que desobedecieran a Trump respecto a Israel; y esa misma noche el Departamento de Estado anunció el retiro de su visa por sus “acciones imprudentes e incendiarias”.

El nuevo choque involucra a un tercer actor, uno de particular importancia para Colombia. Se trata de Venezuela, el vecino con el que tiene mayores relaciones históricas y con el que Petro ha mantenido una relación incómoda desde que Nicolás Maduro se declaró ganador de las elecciones de julio de 2024 sin mostrar pruebas de ello, mientras la campaña del opositor Edmundo González reveló copias del 83,5% de las actas de votación, y estas indicaban su victoria por más de 30 puntos de diferencia. Petro exigió inicialmente a Maduro que revelara las actas, evitó asistir a su toma de posesión y mantuvo las puertas de Colombia abiertas a la ola de refugiados y asilados venezolanos que huyeron de la represión política de los meses siguientes, pero ha mantenido relaciones diplomáticas. Coronell, en su entrevista de este lunes, le preguntó sobre su posición frente a Maduro, y el presidente evitó una respuesta directa, optando por un largo rodeo por la historia de las relaciones colombo-venezolanas, los problemas de las economías dependientes del petróleo y el «desprecio» hacia los «traidores» que llaman a invadir su propio país (en referencia a la premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado).

En los últimos dos meses, Trump ha aumentado la presión sobre el régimen de Maduro, con una inusual demostración de fuerza en el Caribe y al menos siete ataques con misiles a embarcaciones a las que acusa de transportar drogas a su país. El choque con Petro ocurre allí, y tiene como antecedente directo un mensaje del colombiano el pasado sábado, en el que acusa a los estadounidenses de haber impactado un barco de pescadores colombianos, «presuntamente» en aguas del país. Fue ante estas acusaciones que Trump reaccionó con furia: llamó a Petro “un líder del narcotráfico que alienta la producción masiva de drogas”, anunció la suspensión inmediata de toda ayuda al país andino y, horas después, afirmó que su decisión sobre los aranceles se conocería el lunes.

Eso es lo que no ha sucedido y lo que mantiene a Colombia en vilo. Sin detalles de la conversación entre McNamara y Petro, quienes le dijeron a Coronell que lo recibiría no para conceder nada, sino para exigir, persiste la incertidumbre. A cinco días de que el petrismo elija a su candidato presidencial, este martes Colombia seguirá esperando cualquier anuncio de Trump, mientras recibe el shock político que dejará el anuncio de la segunda instancia en el juicio por manipulación de testigos por el que fue condenado en julio el expresidente de derecha Álvaro Uribe Vélez.

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El Gobierno de Marruecos ha hecho todo lo posible para responder a la ola de protestas de la Generación Z con un aumento del gasto en sanidad y educación de hasta 140.000 millones de dírhams (unos 13.000 millones de euros, un 16% más que este año), en los presupuestos para 2026. Tres semanas después del inicio de las mayores movilizaciones populares en el país magrebí en dos décadas, el rey Mohamed VI preside el Consejo de Ministros que envía al Estado cuentas al Parlamento, en las que las asignaciones para hospitales y escuelas -principal demanda del movimiento juvenil- equivalen al 10% del producto interior bruto marroquí. Este paquete de gasto social irá acompañado de la creación de 27.000 puestos de trabajo en ambos sectores públicos.

El movimiento juvenil parece haber doblado las velas tras el discurso del rey en el Parlamento el día 10, en el que instó a los poderes públicos a acelerar las reformas sociales. Desde entonces, el colectivo GenZ 212, que convocó las movilizaciones en las redes sociales, suspendió las protestas. No se reanudaron hasta el pasado sábado con concentraciones pacíficas de unos cientos de personas en ciudades como Rabat, Casablanca o Tánger. Según el Ministerio del Interior, más de 400 manifestantes han sido detenidos desde el inicio de la revuelta juvenil el 27 de septiembre.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos eleva a 600 el número de detenidos, entre los que, según afirma, hay menores. La justicia marroquí, mientras tanto, no ha tomado ningún receso. El Tribunal de Apelación de Agadir (550 kilómetros al sur de Rabat) condenó el pasado miércoles a 17 jóvenes a penas de hasta 15 años de prisión, tras ser acusados ​​de participar en altercados violentos. En esa región del sur del país se registraron los disturbios más graves, que provocaron tres muertos por disparos de la policía y decenas de heridos.

La ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fetah, tiene ahora una previsión de crecimiento del 4,8% para este año (frente al 3,8% en 2024), para hacer frente al aumento del gasto social. Mientras tanto, la inflación se ha contenido en un 1,1% anual. En los presupuestos para 2026, el Gobierno de Rabat también pretende abordar los desequilibrios territoriales que amenazan con abrir la brecha de «un Marruecos de dos velocidades», como advirtió el propio Mohamed VI en julio al cumplir 26 años en el trono, en alusión al atraso económico de las zonas rurales, montañosas y desérticas del país norteafricano.

Una de las partidas incluidas en los presupuestos está dedicada a la entrada en servicio de un nuevo hospital en Agadir. La muerte el pasado mes de septiembre de ocho mujeres sometidas a cesárea en el antiguo centro hospitalario de esa ciudad fue una de las causas del brote de la generación Z marroquí. El Gobierno también se ha comprometido a impulsar nuevos hospitales en las grandes ciudades y a modernizar otros 90 centros sanitarios regionales.

En el ámbito educativo, los nuevos presupuestos incluyen la implantación generalizada de la educación preescolar y clases de apoyo y refuerzo en los centros públicos. Informes del Ministerio de Educación señalan que el déficit en los servicios educativos está detrás del 47,5% de los casos de pobreza. Un millón y medio de jóvenes, uno de cada cuatro con edades comprendidas entre 15 y 24 años, no estudia ni trabaja, según el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.

Detener la corrupción en las campañas

El Ejecutivo que preside Aziz Ajanuch, cuya destitución siguen reclamando los jóvenes de la generación Z, también ha respondido a las exigencias de los manifestantes con un paquete legal «para moralizar las campañas» en el que los condenados por casos de corrupción quedan excluidos de los procesos electorales, otra de las demandas centrales de la GenZ 212. También prevé medidas para fomentar la participación política de los menores de 35 años, a través de la simplificación de los presentación de candidaturas y subvención pública del 75% de sus gastos de campaña.

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Poco después del inicio de las movilizaciones juveniles, el ministro del Interior, Abdeluafi Laftit -que depende directamente del Palacio Real- envió una circular a los gobernadores regionales para que las administraciones locales también den prioridad al gasto social en los presupuestos de 2026. Según información del semanalmente África joven, Laftit pidió a los responsables regionales que presenten proyectos con un «impacto concreto» en el empleo, la salud y la educación.