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La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se reunirá mañana para escuchar a las principales autoridades de cuatro instituciones públicas, quienes defenderán sus propuestas de presupuesto para el año fiscal 2026.

El grupo de estudio del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, presentado por el Poder Ejecutivo el 25 de agosto, está compuesto por 26 senadores y 27 diputados. La presidencia está a cargo del senador Silvio “Beto” Ovelar y la vicepresidencia de la diputada Cristina Villalba.

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El pasado lunes, la comisión comenzó las audiencias informativas con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Para la audiencia de mañana, lunes 15, están convocados a las 9:00 la ministra de Salud, María Teresa Barán, y a las 11:00 la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo. Por la tarde, a las 13:00, será el turno del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, y a las 14:00 del ministro de la Niñez y de la Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez.

El proyecto de presupuesto asigna al Ministerio de Salud G. 10,1 billones (equivalentes a US$ 1.290 millones), un aumento del 4,8% en comparación con el año anterior. El Ministerio de la Mujer recibirá G. 28.192 millones (US$ 3,5 millones), aumentando un 11,8%. A IPS se le asignan G. 13,1 billones (US$ 1.668 millones), un 15,9% más, y al Ministerio de la Niñez G. 130.388 millones (US$ 16,5 millones), manteniéndose similar al presupuesto vigente.

Durante las audiencias, las autoridades suelen solicitar aumentos presupuestarios o presentar las necesidades de sus instituciones para que algún legislador proponga modificaciones.

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Dos exfuncionarias de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) aseguraron que durante la gestión del ministro Joaquín Daniel Roa Burgos, empresas asociadas a Alberto Koube Ayala recibieron un trato preferencial en las licitaciones, violando la ley de Contrataciones Públicas, según los testimonios.

Las declaraciones fueron hechas en el juicio público que enfrentan Roa y Koube, relacionado con el caso “A Ultranza Py.” Natividad Morínigo, jefa de Procesos de Contrataciones en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), explicó que la Dirección General de Logística, liderada por César Rolón, realizaba solicitudes de licitaciones con el visto bueno de Roa. Las solicitudes eran luego aprobadas por María Elena Muñoz de la Dirección General de Administración y Finanzas, antes de enviarse a la UOC.

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Morínigo confirmó que Koube era proveedor de la SEN a través de empresas como “Grupo Tapyracuai,” “Noemacol” y “JPA Logística,” aunque afirmó no haberlo visto nunca. Los contratos eran firmados por la secretaria Pilar Moreno o gestionados por Gabriel Portillo.

Rosalba Olmedo, otra testigo y exfuncionaria de la UOC, mencionó que la lista de empresas invitadas llegaba en “Post-it” o verbalmente de parte de Muñoz, sin consultar la base de datos de proveedores. Señaló que empresas de Koube competían entre sí, violando la Ley 2051/03.

Ambas testigos sugirieron irregularidades que favorecían a las empresas vinculadas a Koube en perjuicio de la legalidad.

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Tres organizaciones del sector de la construcción —la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons) y la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei)— advierten que el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026 será crucial para la industria en el próximo año.

Destacan que los recortes en infraestructura podrían agravar la caída de las obras públicas, aumentar los retrasos en los pagos y disparar la deuda con contratistas, además de poner en riesgo el impulso del sector privado, que actualmente sostiene buena parte del empleo y la demanda. Sugieren que el Gobierno debe lograr un equilibrio entre la disciplina fiscal y medidas que aseguren la continuidad de la inversión en infraestructura pública.

Cavialpa: Limite fiscal y déficit en infraestructura

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi, mencionó que la reducción del presupuesto para infraestructura responde a la meta de un déficit del 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que el Gobierno espera alcanzar el próximo año. Aun así, advirtió que esta medida impacta directamente en la industria, en la fuerza laboral y en la cadena de producción.

Comentó que la brecha de infraestructura en Paraguay es de alrededor de 30.000 millones de dólares y que, según estudios de organismos internacionales, se debería invertir al menos 2.000 millones de dólares al año para abordarla.

“Con las inversiones actuales estamos muy lejos de eso y, con los gastos corrientes del Estado, queda poco margen para infraestructura. Ese es nuestro mayor problema”, expresó Sarubbi. Añadió que sin inversión en carreteras, energía confiable y obras de saneamiento y educación, el país pierde competitividad para atraer inversiones extranjeras y fortalecer la producción local.

Como alternativa, Cavialpa propone mejorar la eficiencia del gasto público y recurrir más a financiamientos privados, como Alianzas Público-Privadas (APP) y proyectos “llave en mano”, además de préstamos internacionales.

“El Estado debe ser más eficiente cada año, reducir gastos corrientes y así lograr mayor margen para invertir en infraestructura”, subrayó.

Decrecimiento público y dinamismo privado

“El sector de la construcción comenzó este año con dinamismo: el primer semestre tuvo importante actividad tanto en obra pública como privada, con muchos contratos en marcha. En el segundo semestre se observa un decrecimiento importante, las obras públicas avanzan más lentamente y muchas anunciadas no se iniciaron”, comentó el presidente de la Asociación de Profesionales de la Construcción (Aprocons), el Ing. Pablo Rivarola.

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Señaló que la creciente deuda del Estado con las empresas constructoras afecta a toda la industria y esta tendencia continuará el próximo año, debido al ajuste presupuestario y a la menor asignación en el PGN 2026.

“Parece que se está sacrificando inversión en infraestructura —incluidas las obras educativas y de salud— para ajustarse al déficit fiscal y cumplir requisitos internacionales para lograr la certificación de grado de inversión”, expresó. Opinó que el Gobierno podría optimizar el gasto sin recortar la inversión pública, crucial para reducir el déficit en infraestructura.

Destacó el optimismo en el ámbito privado: “Se están concretando proyectos importantes. La actividad inmobiliaria en el Gran Asunción sigue fuerte, con torres emblemáticas y proyectos corporativos que se están lanzando”.

También valoró la adopción de tecnologías como el BIM (Building Information Modeling), una metodología colaborativa y digital para la gestión de proyectos de construcción, que mejora la eficiencia y calidad de las construcciones, generando empleo y fortaleciendo la cadena de suministro privada.

La inversión ante los obstáculos financieros

Para la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), la diferencia entre la obra pública y privada es clara: mientras la primera retrocede, la segunda avanza sólidamente.

El presidente de Capadei, Ing. Raúl Constantino, afirmó que el sector inmobiliario ha logrado consolidarse y atraer inversiones, con proyectos que van desde viviendas pequeñas hasta desarrollos corporativos e industriales.

Distinguió entre el sector de obra pública, con una significativa reducción en inversiones y un crecimiento limitado por las deudas del Estado, y el sector privado, que sigue creciendo.

Explicó que este crecimiento privado se mantiene gracias a las inversiones de años anteriores, pero enfrenta restricciones que podrían frenarlo.

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Entre estas barreras mencionó la escasez de créditos hipotecarios accesibles, la burocracia en trámites administrativos y los controles sobre el movimiento de capitales, que complican las operaciones de compradores extranjeros.

En este sentido, Capadei pide políticas públicas que faciliten el acceso a créditos en condiciones competitivas, simplifiquen trámites y alivien restricciones, para mantener el impulso privado mientras se determina el impacto del PGN 2026 en la inversión pública.

Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción

En medio de la desaceleración de la obra pública y el crecimiento del sector privado, la industria celebrará la Gran Gala de la Construcción en el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI). Reunirá a autoridades gremiales, empresas y profesionales para reconocer a los protagonistas del sector.

Como en cada edición, habrá una ceremonia de premiación para distinguir a las firmas líderes del ámbito.

El evento incluirá el tradicional Top de Marcas de la Construcción, un ranking basado en encuestas que mide la preferencia y recordación de marcas, abarcando más de 100 categorías, desde desarrolladores inmobiliarios hasta proveedores de maquinaria y componentes.