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Hambre Cero: Gobierno anuncia cobertura total para 2025
El Gobierno Nacional anunció la licitación para el programa “Hambre Cero en las Escuelas”, con el objetivo de asegurar la alimentación de todos los estudiantes hasta 9° grado para 2025. Con una inversión de 955 millones de dólares, se espera cubrir a más de 921,000 alumnos.
El presidente, Santiago Peña, se reunió con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para impulsar la licitación que ampliará la cobertura del programa Hambre Cero a todos los estudiantes hasta 9° grado para el 2025. Esta inversión estatal busca erradicar la pobreza en Paraguay, considerando el programa como prioritario con un alto retorno económico y social.
En la actualidad, alrededor de 444.648 estudiantes reciben desayuno, almuerzo y merienda escolar, lo que representa el 48% del público objetivo.
En ese contexto, para 2025, se proyecta aumentar esta cifra a 921.295 estudiantes, incluyendo a 476.627 nuevos matriculados de 173 distritos priorizados en 12 departamentos.
Al respecto, Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que el Estado destinará anualmente un promedio de 330 millones de dólares hasta julio de 2027 para lograr la cobertura total.
Durante la reunión, se aprobó el llamado a licitación para el aumento de la cobertura, con la adjudicación prevista antes de fin de año. Esto permitirá a las empresas prepararse para ofrecer sus servicios al inicio del periodo escolar de 2025.
Rojas agregó que se planificará la distribución de alimentos por lotes en colaboración con las gobernaciones y que se establecerán precios tope para racionalizar los recursos.
En la primera fase del proyecto, se están invirtiendo 540 millones de dólares en 90 distritos, a los cuales se sumarán 415 millones de dólares en la segunda etapa que abarcará 173 distritos. La inversión total ascenderá a 955 millones de dólares, promediando 330 millones de dólares anuales hasta 2027.
Se priorizaron 22 distritos con un sistema de protección social, donde la alimentación escolar ya cubre al 100% de los alumnos, incluyendo educación inicial, básica y media. Estos distritos fueron seleccionados por tener los mayores índices de pobreza, y se implementará gradualmente la inclusión de niños hasta educación media en otros distritos.
Además, el CONAE aprobó la presentación de membresía del Programa Hambre Cero a organismos internacionales, como la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza y la Red de Alimentación Escolar Sostenible. Este movimiento busca fortalecer el posicionamiento de Paraguay y fomentar la cooperación internacional.
En tanto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) presentó un sistema web integrado para gestionar los procesos de licitación y los pagos asociados. Este sistema asegurará el control del programa Hambre Cero en todo el país, garantizando transparencia y facilitando el monitoreo ciudadano en cada comunidad.
Con estas iniciativas, el Gobierno de Paraguay se propone no solo mejorar la nutrición de los estudiantes, sino también sentar las bases para un futuro sin hambre, promoviendo la equidad y el acceso a la educación para todos. La implementación efectiva de estas medidas será crucial para alcanzar el objetivo de Hambre Cero en las Escuelas.
Fuente: Diario Hoy
El sistema de transporte metropolitano se enfrenta a problemas estructurales como subsidios multimillonarios que crecen cada año, largas esperas en paradas, malas condiciones de la flota y poca información para los usuarios. Para 2024, el Estado asignó más de G. 336.507 millones (US$ 46 millones) a subsidios sin mejorar el servicio. Según expertos de la Consultora Horizonte Positivo Paraguay, la apertura de datos debe ser una herramienta para solucionar fallas reales del sistema.
El anteproyecto de ley actual permite que el Viceministerio de Transporte publique información si lo considera adecuado, dejando la decisión a cada gestión. Para un impacto real, esta facultad debería ser una obligación permanente de publicar y actualizar datos del servicio.
Además, integrar este mandato en la ley no sería una carga adicional, sino una herramienta de evaluación de la calidad del servicio, control del uso de recursos públicos y fortalecimiento de la confianza ciudadana en el transporte metropolitano.
Experiencias en ciudades de la región han demostrado que abrir datos del transporte público mejora la transparencia y transforma la planificación, fiscalización y prestación del servicio. Ejemplos como Santiago y Bogotá muestran cómo la información abierta genera políticas más efectivas y mejores resultados para los usuarios.
En Santiago, la transparencia se integra en la gestión diaria del sistema Red Movilidad, publicando datos sobre recorridos, horarios y calidad del servicio. Gracias a esta política, se logró un récord de validaciones y un aumento del 33 % en viajes en buses entre 2022 y 2024.
En Bogotá, TransMilenio publica información continua sobre rutas, frecuencias, tiempos de viaje y desempeño. Esto le permite movilizar cerca de cuatro millones de viajes diarios con una flota de más de 10,500 buses.
Estas experiencias demuestran que la transparencia no solo es acceso a la información, sino una herramienta de gestión que mejora el servicio. En Santiago, permitió ajustar frecuencias y recorridos, y en Bogotá, optimizar el uso de recursos y aumentar la puntualidad.
El acceso a los datos debe ser una decisión de política pública moderna. En Paraguay, con la Ley N.º 5.282/2014 sobre transparencia, la información del transporte debería estar disponible automáticamente, sin necesidad de solicitudes. Publicar datos sobre frecuencias, flota, subsidios y desempeño es crucial para una buena gestión y rendición de cuentas.
La diferencia está en utilizar la información, moviéndose de una transparencia pasiva a una activa, donde los datos sirvan para planificar rutas basadas en evidencia, fiscalizar contratos y mejorar el servicio.
El 2 de noviembre de 2025, a la 1:00, el abogado Enrique Kronawetter expresó que la acusación penal contra directivos del Banco Atlas parece ser un tipo de manipulación judicial sofisticada, orquestada por el fiscal general Emiliano Rolón para congraciarse con ciertas autoridades y perjudicar al grupo empresarial del que forma parte ABC. Kronawetter argumentó que la acusación de lavado de dinero es una respuesta a las publicaciones realizadas por ABC.
El abogado criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que las imputaciones de los fiscales Verónica Váldez, Jorge Arce y Francisco Cabrera están políticamente motivadas por investigaciones de ABC. Relacionó estas imputaciones con otros casos que involucran a figuras cercanas al poder y al mundo del fútbol, mencionando a Alejandro Domínguez y su padre, entre otros.
Kronawetter destacó eventos recientes, como los sobres hallados en la residencia presidencial y una denuncia contra el hijo del fiscal general, como parte de un contexto de persecución.
Al referirse a los autores detrás de la imputación, sugirió que hubo una directriz inesperada de la fiscalía para acusar a aquellos asociados al banco y al diario ABC. Identificó una manipulación penal destinada a silenciar voces críticas.
El abogado cuestionó la seriedad del proceso penal y subrayó que la acusación de lavado de dinero, presentada seis años después de los supuestos hechos, carece de fundamento legal. Criticó al fiscal general Rolón Fernández, quien prometió reformar el Ministerio Público, pero cuyos actos sugieren lo contrario. Kronawetter finalizó afirmando que el ministerio se ha convertido en un instrumento para reprimir a quienes investigan el poder y desafían al sistema.
En julio de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó la estabilidad macroeconómica de Paraguay, indicando que el riesgo soberano era bajo. El informe señalaba que la Deuda Pública del país era sostenible a mediano plazo, gracias a una gestión prudente y a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que limita el déficit anual al 1,5% del PIB.
Sin embargo, el documento también alertaba sobre desafíos estructurales, como la alta deuda en moneda extranjera que expone al país a la volatilidad cambiaria y la necesidad de mejorar la inversión pública. El FMI elogió las reformas en gestión de deuda y transparencia fiscal.
El FMI considera a Paraguay un emisor confiable en América Latina, con sólidos fundamentos que apoyan su reputación de buen pagador, aunque enfrenta riesgos externos. Internamente, el Estado tiene reclamos de proveedores por pagos pendientes de cerca de US$ 1.000 millones (1,9% del PIB), que podrían superar US$ 1.300 millones (2,8% del PIB) considerando las obligaciones del Instituto de Previsión Social (IPS). La deuda de la Administración Central incluye unos US$ 600 millones con farmacéuticas, sin contar los intereses, y unos US$ 320 millones con constructoras.
El gobierno debe cumplir con el acuerdo del FMI para reducir el déficit fiscal al 1,5% del PIB para 2026, lo que le permitiría seguir financiando su presupuesto. En 2023, el déficit fue mayor al previsto debido a deudas no reconocidas por la administración anterior, cerrando en 4,1%. Para 2024 se ubicó en 2,6% y el compromiso para el año actual es del 1,9%, con miras a alcanzar el límite de la LRF en 2026.
Los ajustes fiscales han limitado el gasto público. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), el Consumo de Gobierno cayó un 5,9% en el segundo trimestre de 2025, afectado por la compra de bienes y servicios. La construcción también desaceleró de 12,9% a 4,5% entre trimestres.
La deuda con farmacéuticas y constructoras representa una presión que supera el déficit estipulado para 2025. Este incumplimiento afecta financieramente y laboralmente, y pone de manifiesto la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones locales, además de las internacionales.
Queda ahora ver cómo resolver estos problemas.
*Material elaborado por MF Economía e Inversiones.
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