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Para comprender esta historia, debemos regresar al 23 de octubre de 2020, cuando los fiscales Marcelo Pecci (+), Alicia Sapriza y Federico Delfino realizaron una operación en la prisión de Tacumbú y desmantelaron un laboratorio de drogas vinculado al clan Rotela. Cerca, estaba detenido el narcotraficante Jaime Franco, quien supuestamente colaboraba con dicho clan. En ese momento, la prisión era controlada por Armando Javier Rotela.

González, quien estaba en su casa al momento de la operación, sugirió no llevarla a cabo por cuestiones de seguridad. Sin embargo, los fiscales consultaron a la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien ordenó abrir la cárcel. La comitiva no solo halló el laboratorio, sino también dinero en efectivo.

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Como consecuencia del operativo, Franco fue trasladado a la Agrupación Especializada, pero Rotela continuó su control de la prisión hasta el 18 de diciembre de 2023, cuando, mediante la operación Veneratio, el gobierno recuperó el control del penal.

Después de la intervención de 2020, González fue trasladado a la dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia debido a amenazas. En 2022, durante una visita de rutina a la cárcel en su nuevo rol, las amenazas resurgieron y, en junio de ese año, González fue asesinado frente a su familia cuando se preparaban para celebrar el Día del Padre.

Las investigaciones identificaron al sicario y su cómplice, quienes llegaron al lugar en moto. El caso concluyó esta semana con severas condenas para los autores materiales, aunque no se identificó al autor intelectual.

El tribunal, encabezado por el juez Darío Báez junto con Christian González y Gloria Hermosa, condenó a Martín Ariel Zeballos Martínez, alias Cebolla, a un total de 36 años, y a Fabrizio José Maldonado Giménez a 28 años de prisión. El fiscal Christian Ortiz había solicitado penas similares.

El juicio demostró la pertenencia de Fabrizio Maldonado al clan Rotela, basada en pruebas extraídas de su teléfono. Maldonado admitió haber visitado a su padre encarcelado en Tacumbú y aprovechó para ver también a miembros del clan Rotela. No se descarta que también haya visitado a Jaime Franco.

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La bancada de Honor Colorado (HC) convocó para hoy a las 10:30 a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, y al senador Javier Vera debido a un escándalo de audios filtrados que sugieren posibles negociaciones corruptas y compra de votos. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio «Bachi» Núñez, junto con Honor Colorado, se reunirán con Aquino y Vera para esclarecer sus declaraciones en los audios que revelan un esquema de corrupción en el Congreso.

Los audios implican la distribución de una donación de US$ 8 millones de Taiwán entre miembros del partido, incluyendo a Núñez, Silvio “Beto” Ovelar, Lizarella Valiente y Juan Carlos “Nano” Galaverna. Además, hacen referencia a solicitudes de cargos en Itaipú Binacional, alquiler de vehículos y compra de votos por US$ 20 mil.

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El senador Ovelar sugirió la pérdida de investidura de su colega, dudando que los audios sean producto de inteligencia artificial. La senadora Valiente consideró tomar acciones legales si se confirma la autenticidad de los audios. Ambos senadores pidieron a su colega rectificar sus declaraciones.

Mientras tanto, Núñez intentó calmar la situación mencionando los festejos del Partido Colorado y dijo que dialogará con el embajador de Taiwán. Por su parte, Aquino afirmó en una publicación que estará dispuesta a responder si hay un debido proceso y también señaló que otros podrían ser peores.

La decisión final sobre la permanencia de Aquino está en manos de la bancada del cartismo, aunque se espera que, como en casos anteriores, busquen proteger a sus miembros.

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Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en Paraguay, de 1,5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, alrededor de 200,000 no estudian ni trabajan, lo que representa un 13% de la población juvenil identificada como «ninis». La tasa de desempleo juvenil asciende a un 10.9% de la fuerza laboral, y muchos jóvenes tienen empleos informales donde los ingresos promedio no alcanzan el salario mínimo.

Según el INE, el 25% de la población total está compuesta por jóvenes, quienes enfrentan desafíos significativos en educación, salud y empleo. Aunque un 51.6% de estos jóvenes asiste a la escuela, en áreas rurales esta cifra desciende a 44%. Solo el 23.5% tiene seguro de salud privado, reflejando la alta informalidad laboral y salarios por debajo del mínimo legal.

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El estudio revela que en países desarrollados, el 80% de los jóvenes acceden a trabajos formales, una realidad distante del 20% en Paraguay. El desempleo afecta a aproximadamente 106,691 jóvenes, con 32,000 de ellos subempleados, superando la tasa de desempleo nacional del 4.9%.

Iván Ojeda, del INE, señaló un avance en la ocupación juvenil aunque destaca que la informalidad sigue siendo un problema, especialmente para aquellos buscando su primer empleo. La falta de experiencia obliga a aceptar trabajos informales y mal pagados. El sueldo promedio de G. 2.463.000 está por debajo del salario mínimo de G. 2.899.048.

Encuestas a empresas realizadas junto con Sinafocal indican alta demanda de personal con habilidades técnicas, especialmente en áreas tecnológicas y de ventas. No obstante, la falta de habilidades blandas y técnicas limita el acceso al mercado laboral para muchos jóvenes. Algunos jóvenes preparados encuentran dificultades para trabajar en equipo o seguir instrucciones, lo que lleva a abandonos frecuentes de empleo según reportan empleadores.

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