Estudiantes de la facultad de Derecho UNA presentaron una denuncia en la cual detallan una serie de presuntas irregularidades en la institución, entre ellas, cobro indebido de honorarios, mal desempeño de funciones y anormalidad en un concurso público de oposición.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) denunciaron a la decana, Miryam Peña, por presunto mal desempeño de funciones y por la grave afectación a la institucionalidad de la casa de estudios.
Alegan, de acuerdo con el documento, un caos administrativo, el incumplimiento del Estatuto de la UNA, la desestabilización de la comunidad estudiantil y otras supuestas irregularidades.
Asimismo, mencionan que su falta de liderazgo y la ausencia de un marco regulatorio condujeron a unas elecciones irregulares del Centro de Estudiantes.
Entre las anomalías más graves, según consideraron, revelaron que el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos percibió mensualmente G. 14.430.000 como investigador de tiempo completo sin ser designado en dicho cargo, que feneció en el 2013.
Durante 11 años cobró alrededor de G. 1.904.760.000, por lo que consideran que podría constituirse en un hecho de cobro indebido de honorarios.
En ese sentido, solicitaron un informe completo sobre la gestión de Ríos Ávalos, así como también la actualización del plantel de docentes técnicos que actualmente cumplen funciones dentro de la casa de estudios
Otro punto que genera inquietudes en los estudiantes denunciantes gira en torno a la conformación de la mesa examinadora en el concurso público de oposición para el cargo de profesor asistente en la filial de San Pedro de Ycuamandyyu, por lo que también exigen un informe.
Según los alumnos, el ex ministro de la Corte Carlos Fernández Gadea, fallecido en el 2010, figura como presidente del comité evaluador.
En el marco de la denuncia, recusaron Miryam Peña y Bonifacio Ríos Ávalos, miembros honorables del Consejo Directivo, para evitar imparcialidades dentro de dicho órgano y garantizar un debido proceso legal.
Por último, remitieron la denuncia a la Contraloría General de la República a fin de pedir una intervención para la verificación de los registros contables.
De comprobarse las irregularidades, remitirán una denuncia penal ante el Ministerio Público.
Fuente: Última Hora
