Nacionales
Paraguay aprueba protocolo de seguridad para fiscales, pero sin fondos
El Ministerio Público adopta un protocolo de seguridad para fiscales y funcionarios, aprobado por 22 países, ante crecientes amenazas al sector judicial.
El Ministerio Público ha dado un paso significativo en la protección de sus fiscales y funcionarios judiciales al aprobar la implementación de un protocolo de seguridad. Este documento, resultado de dos años de elaboración y respaldado por 22 países iberoamericanos, surge como respuesta a la creciente ola de amenazas y ataques contra agentes judiciales, destacándose el trágico asesinato del fiscal Marcelo Pecci en mayo de 2022.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aprobó en febrero el documento titulado “Para la Protección y Seguridad de Fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos”. Este protocolo busca establecer mecanismos y procedimientos eficaces para implementar medidas de seguridad en favor de los miembros del sistema judicial.
La fiscala Patricia Sánchez, directora del programa en Paraguay, enfatiza que la implementación del protocolo implica una corresponsabilidad con la Policía Nacional. “El riesgo finalmente lo ganan en relación a la función investigativa que realizan”, explica Sánchez, subrayando la importancia de garantizar la seguridad de los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
El documento destaca la preocupante tendencia del crecimiento de la criminalidad en Iberoamérica como principal motivación para su desarrollo. La UNODC proporcionó consultores técnicos que ayudaron a identificar las distintas realidades de los países miembros de la AIAMP, incluyendo naciones de América, España, Portugal y Andorra. El 12 de agosto, el fiscal general del Estado paraguayo, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución que declara el protocolo de interés y de aplicabilidad interna y externa.
Entre las medidas de protección contempladas se incluyen la custodia personal, la reasignación de casos y la reubicación de fiscales fuera de zonas de riesgo. Sánchez subraya que estas medidas se aplicarán según el nivel de riesgo y con el consentimiento del beneficiario. Sin embargo, la implementación enfrenta un obstáculo significativo: la falta de una partida presupuestaria específica tanto para la protección de testigos como para la aplicación del nuevo protocolo.
A pesar de este desafío financiero, la directora del programa señala que se están manejando con el presupuesto global y gastos reservados. No obstante, reconoce que lo ideal sería contar con un fondo propio para igualar los estándares regionales e internacionales en materia de protección judicial. Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de asignar recursos adecuados para garantizar la efectiva implementación del protocolo y, por ende, la seguridad de los fiscales y funcionarios judiciales.
Fuente: RDN
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00, el Tribunal a cargo del juicio contra el juez de Paz de Ybycuí, Francisco Goiburú Martínez, por presunto prevaricato, consideró la opción de modificar la calificación legal de la Fiscalía. Goiburú también enfrentará acusaciones por supuesta extorsión.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos, presidido por Ana Rodríguez y compuesto por Yolanda Morel y Karina Cáceres, informó a Goiburú y otros dos acusados que podrían enfrentar nuevos cargos según el artículo 400 del Código Procesal Penal, que permite cambiar la calificación legal propuesta. Así, Goiburú, acusado de prevaricato, también deberá responder por extorsión.
Los coacusados Julio César Martínez Isasi y Reinaldo Benítez enfrentan cargos por extorsión y prevaricato. La Fiscalía, representada por Natalia Cacavelos, afirma que Goiburú incurrió en prevaricato al tramitar una acción civil sin justificación legal adecuada.
Rodolfo Vega, testigo en el juicio, relató que compró al contado un camión que le fue arrebatado tras una demanda falsa presentada por Julio Martínez Isasi en 2021. Vega solicitó ayuda al abogado Ernesto Garcete, quien le pidió dinero para «combustible» por indicación del juez. A pesar de pagar, Vega aún no ha recuperado el camión.
Goiburú sigue en funciones mientras el juicio continúa.
Nacionales
Pablo Benegas solicita anular su condena a 12 años de prisión y celebrar un nuevo juicio
El 9 de noviembre de 2025, a la 1:00 am, el músico Pablo Benegas apeló su condena a 12 años de prisión por abuso sexual infantil y pornografía, solicitando un nuevo juicio con un tribunal diferente. Argumenta que el tribunal original interpretó incorrectamente las pruebas y no justificó adecuadamente el rechazo de los argumentos de la defensa.
La apelación, respaldada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, desafía la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, emitida por el tribunal encabezado por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que condenó unánimemente a Benegas. La defensa sostiene que la acusación de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía, pues las evidencias digitales no respaldaban la condena.
La defensa también señala que un video clave para la condena tiene dos fuentes diferentes en la pericia: «fuente de WhatsApp» y «fuente galería», lo que sugiere manipulación de evidencia.
Benegas considera la pena «desproporcional» debido a su adicción a las drogas, argumentando que la condena no facilita su reintegración social. La defensa afirma que Benegas no divulgó lo sucedido ni tuvo relaciones con las menores, culpando a la fiscalía de un manejo erróneo del caso.
El 9 de noviembre de 2025, Teletón superó su meta bajo el lema “Orgullosamente solidarios”, asegurando más de G. 15.700 millones para continuar brindando servicios de rehabilitación gratuitos a más de 1,930 familias en todo el país.
La maratón de Teletón 2025 tenía como objetivo G. 15,743 millones, pero se recaudaron G. 15,785,257,123. Esto se anunció en un emotivo momento a las 00:40 del domingo, rodeados de trabajadores y familias emocionadas. Durante 28 horas, el país mostró unidad, empatía y compromiso, con más de 20,000 voluntarios participando activamente en la colecta.
Se compartieron conmovedoras historias de usuarios de los servicios de la fundación.
El director ejecutivo, Víctor Hugo Ibarrola, expresó su gratitud y compromiso de seguir atendiendo a las familias y capacitando al personal de Teletón. Los directivos resaltaron la dedicación de voluntarios y agradecieron las aportaciones de los paraguayos dentro y fuera del país. Vicente Scavone, presidente del Consejo Directivo, declaró que este logro es de todo Paraguay.
Gracias a los fondos recolectados, los Centros de Rehabilitación Integral Teletón en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú podrán seguir ofreciendo atención gratuita a cientos de niños y niñas. La confianza de la ciudadanía permite a la fundación renovar su compromiso anual.
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