Nacionales
Contraloría halla “incongruencias” en declaración jurada de Mario Abdo
La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer el informe de un examen realizado a la declaración jurada del ex presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que se detectaron “incongruencias”. Sostiene que durante su gestión aumentaron notablemente los ingresos de sus empresas dedicadas al rubro de la construcción.
Un informe realizado por la Contraloría General de la República revela “incongruencias” en la declaración jurada presentada por el ex presidente de la República Mario Abdo Benítez (2018-2023), tras un examen de correspondencia realizado por petición del ex mandatario.
La Contraloría solicitó informes de varias instituciones, entre ellas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que realizó un análisis sobre las empresas Aldia SA y Createc SA, dedicadas a la importación y distribución de asfalto y que tiene a Abdo Benítez como accionista mayoritario.
En el año 2023 el ex presidente solicitó que se realice el examen de correspondencia, por lo que la Dirección General de Control de Declaraciones Juradas y Bienes verificó sus declaraciones de juradas al asumir y al dejar el cargo.
La Contraloría, a partir de esto, solicitó informes a varias instituciones como la DNIT, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas, y otros.
En el análisis realizado por la DNIT de las rentabilidades que obtuvieron estas empresas –en un comparativo con otras firmas del mismo rubro–, se determinó que hubo un incremento importante.
El ente señala que en la cuenta de inversiones a largo plazo correspondiente al ejercicio del 2023, año en que dejó la presidencia Mario Abdo, se observa un incremento de G. 39.117.950.000, lo que representa en términos porcentuales un aumento del 2799% con relación al año anterior.
En el informe también señalan que las citadas empresas resolvieron destinar G. 11.812.578.029, correspondiente al 52% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019; y G 5.127.056.586, correspondiente al 25% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2023, a un “fondo especial de inversiones” y no se distribuyeron entre los accionistas, lo que podría consistir en una inconsistencia en términos tributarios.
Los expertos advierten que es necesario establecer la trazabilidad de las operaciones para determinar si el capital utilizado proviene de pagos de los deudores por ventas, disponibilidades bancarias, venta de activos u otras fuentes.
Imputado tras denuncia de Cartes
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Mario Abdo por supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal, causas que enfrenta tras la denuncia de Horacio Cartes.
El acta de imputación refiere que, supuestamente, Mario Abdo habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de personas “contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
Para llevar adelante el plan, el ex mandatario supuestamente conformó un equipo de expertos en el ámbito investigativo, presuntamente encabezado por Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio.
De acuerdo a la investigación, los tres habrían fraguado un informe de inteligencia llevado a cabo por funcionarios de Seprelad en el que se vincula a Horacio Cartes y a sus empresas con una red de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.
Los funcionarios de la Secretaría de Estado están bajo la lupa de la Fiscalía por haber proporcionado, supuestamente, el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de prensa, “lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación”, se lee en otra parte de la imputación.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Sinadi muestra inquietud por el retraso en pagos a proveedores del programa “Hambre Cero”
El 14 de noviembre de 2025, ante las quejas de proveedores y funcionarios sobre los pagos atrasados del Programa «Hambre Cero», el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) anunció que enviará una carta al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, demandando la regularización de los pagos antes de fin de año.
El 4 de noviembre, la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) ya había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se cumplieran los compromisos con las empresas, indicando que la sostenibilidad del programa estaba en peligro. Miguel Cardona, de Comepar S.A., presentó una lista de las deudas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hasta el 27 de octubre, aunque registros oficiales muestran pagos a Comepar el 28 y 30 de octubre por más de G. 16.030 millones.
Además, hay inquietud entre los trabajadores de las cocinas escolares en el interior, quienes han expresado su preocupación, según Miguel Marecos de Sinadi. A pesar de las deudas, los encargados del programa aseguran que se harán los pagos antes de fin de año.
Existen dos modalidades de distribución de alimentos del programa: una centralizada a través del MDS y otra manejada por las gobernaciones que reciben fondos del MEF. Marecos comentó que si los pagos no se regularizan, el sindicato se reunirá para considerar otras acciones. La deuda actual es de G. 475 mil millones, y esto afecta especialmente a pequeñas empresas del interior que no cuentan con un fuerte respaldo financiero.
Comepar S.A., liderada por Cardona, es uno de los principales contratistas y ha solicitado la liquidación de una deuda de G. 298.441 millones hasta el 27 de octubre, aunque había recibido pagos los días 28 y 30 de octubre. A diferencia de otras empresas, Comepar ha recibido pagos de manera continua desde octubre de 2024, mientras que para otros proveedores los pagos han sido inconsistentes.
El 14 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó sobre el incremento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre. La Cámara Baja dio su aprobación inicial al proyecto del PGN 2026, incluyendo las sugerencias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y otras modificaciones propuestas durante la plenaria.
El proyecto original del Ejecutivo, presentado el 25 de agosto por el MEF, ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un 12% más que el presupuesto 2025. Sin embargo, la Comisión Bicameral elevó la cifra a G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones), lo que representa un aumento adicional de G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) respecto a la propuesta original.
Estas modificaciones fueron aprobadas en una sesión extraordinaria el 11 de noviembre, y se debatieron otras reasignaciones propuestas por varios legisladores, lo que podría ampliar la diferencia respecto al plan original del Ejecutivo.
El MEF presentó su informe de “Situación Financiera” para octubre, a cargo de Nathalia Rodríguez y Rolando Sapriza. Durante una conferencia, se les preguntó sobre el aumento de gastos aprobado, a lo que Nathalia Rodríguez respondió que los montos aún son manejables y se encuentran dentro del escenario previsto para el próximo año.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores, que tiene 15 días para decidir sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Si se aprueban, se enviará al Ejecutivo para su promulgación; de lo contrario, volverá a la Cámara Baja para un nuevo estudio.
Un representante de la empresa “Epro SA”, Óscar Daniel Ruíz Fernández, enfrentará un juicio oral y público, según confirmó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 408. Ruíz, subarrendatario del complejo deportivo “Arrayanes”, es imputado por la muerte de Rodolfo de Jesús Núñez Scolari, conocido como «Rolo», el 16 de septiembre de 2023.
En marzo, el juez penal de garantías, Mirko Valinotti, aceptó la acusación del Ministerio Público y envió el caso a juicio. La fiscal Silvia González y la abogada de la querella, Teresa Servín, ratificaron la solicitud de juicio. El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos apeló ciertos puntos de la resolución, argumentando que el juez de garantías violó normas formales al rechazar incidentes sobre testimonios y la nulidad de la acusación.
La defensa de Ruíz también señaló que la acusación fiscal carece de fundamentos, lo cual comunicaron al magistrado en la audiencia preliminar. Duarte solicitó la nulidad de la resolución alegando irregularidades.
La camarista Bibiana Benítez Faria afirmó que no todos los errores conllevan nulidad, ya que deben estar expresamente previstos por ley. En relación a la defensa de Ruíz, la magistrada indicó que no se violaron garantías procesales ni derechos constitucionales. Las actuaciones del Ministerio Público no pueden ser objeto de nulidad, agregó.
El camarista Arnaldo Fleitas mencionó que no hay bases para anular la acusación, los medios probatorios, ni proceder al sobreseimiento definitivo. Respecto al testimonio de Carlos Miguel Gómez Olazar, inicialmente imputado, se señaló que puede declarar como testigo con la obligación de decir verdad.
La magistrada Adriana Giagni indicó que no hay prohibición legal para que alguien inicialmente investigado declare en juicio. La camarista Benítez Faria afirmó que la acusación está bien fundamentada desde la imputación del Ministerio Público, y que la defensa tuvo suficientes oportunidades para ejercer su derecho.
Finalmente, se constató que el Ministerio Público había convocado al acusado Ruíz para declarar en varias ocasiones, pero la defensa solicitó suspensiones, por lo que no se realizaron las indagatorias.
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