Publicidad

El Instituto de Previsión Social (IPS) enfrenta serios problemas financieros que se han intensificado en los últimos años. La entidad tiene recursos pendientes de cobro por deudas del sector público y privado que suman aproximadamente 1,212 millones de dólares, cerca del 3% del PIB. Estos podrían ser clave para cubrir gastos urgentes.

Según datos enviados al Congreso, al 30 de junio de 2025, la cartera de morosidad por aportes obrero-patronales supera los G. 4,227 billones, unos 570.7 millones de dólares. Antes de 2019, el monto constituía el 85% del total, alcanzando G. 486.2 millones, mientras que de 2020 a 2024 fue de casi 73.9 millones de dólares, y en el primer semestre de 2025, unos 10.5 millones de dólares.

Publicidad

La entidad señala que la mayor parte de la deuda es histórica, dificultando su recuperación. Sin embargo, se están implementando medidas administrativas, judiciales y programas de facilidades de pago para reducir la morosidad y mejorar la recaudación. Estas incluyen certificaciones de deuda, facilidades de pago desde 2023, y fiscalización para reducir la evasión, entre otras iniciativas.

El Estado debe al IPS alrededor de G. 4,745 billones, equivalentes a 641.3 millones de dólares, por un pago trimestral del 1.5% sobre salarios declarados. El IPS informa sobre esta deuda al Ministerio de Economía y Finanzas y está promoviendo mesas de trabajo con esta cartera. Además, se evalúa una deuda de 80 millones de dólares del Ministerio de Salud por atención a pacientes no asegurados durante la pandemia, aunque el IPS señala que los gastos incurridos por ambos organismos durante la crisis se están revisando para compensación.

A pesar de su potencial de recursos, el IPS no ha avanzado significativamente en su recuperación, especialmente con el gobierno. Se hace urgente reformar el sistema para evitar empeorar la situación financiera que amenaza los fondos jubilatorios de muchas personas.

Este material fue preparado por MF Economía e Inversiones.

Publicidad

Publicidad

El presidente actual del Indert, Francisco Ruiz Díaz, trató de justificar las discrepancias respecto a los títulos realmente emitidos bajo su gestión y las cifras presentadas por Santiago Peña a los dos años de su administración. Según Ruiz Díaz, se trata de un «tema técnico» y no contradijo los datos proporcionados por Catastro, aprovechando para criticar gestiones anteriores. Gail González, ex presidenta del mismo ente, afirmó que las cifras de Ruiz Díaz no son reales.

Ruiz Díaz argumentó en ABC Cardinal que la diferencia surge de qué criterio se utiliza para medir la producción de títulos desde agosto de 2023 hasta julio de 2025. Mientras Peña afirmó haber entregado 9.416 títulos en dos años, el informe de Catastro reveló que solo se emitieron 4.692. Ruiz Díaz no negó estos números, evadiendo con ejemplos económicos y explicando que el suministro depende de la producción y la demanda, mencionando títulos de años anteriores que estaban listos para entregarse.

Publicidad

Además, Ruiz Díaz cuestionó por qué administraciones pasadas entregaban solo 900 títulos al año. Por otro lado, Gail González, ex tiular del Indert, explicó que entre 2020 y 2023 entregó 4.337 títulos y realizó 12.518 adjudicaciones, resultado de diversas gestiones pasadas. Señaló que las cifras actuales no coinciden con la recaudación y que dejó 2.500 títulos listos al finalizar su gestión.

Finalmente, se menciona que, a pesar de tener un espacio para informar sobre los títulos terminados, no ha habido actualizaciones desde 2023, lo que genera más sospechas respecto a las diferencias en los datos entre informes de Catastro y los promocionados por Peña y Ruiz Díaz.

Publicidad

Publicidad

El informe del interventor Carlos Pereira sobre la gestión del exintendente cartista de Asunción, Óscar «Nenecho» Rodríguez, revela que varias direcciones manejaron millones sin la supervisión de Contrataciones Públicas. Se encontraron indicios de posible sobrefacturación en pintura, con grandes compras de tóner y papel, además de pagos por fotocopias y la adquisición de casi 50 bolígrafos Parker y sus repuestos.

Este informe podría llevar a procesos penales contra Rodríguez, aunque tras su renuncia parece más cerca de ser exonerado que de enfrentar sanciones. Las direcciones utilizaron fondos de manera discrecional, violando los límites establecidos por el Decreto 3248/2025, superando el tope de ocho salarios mínimos para las «cajas chicas» y aumentando los montos asignados.

Publicidad

Las compras incluían bienes inventariables, lo que sugiere un intento de eludir los procesos regulados por la Ley de Contrataciones Públicas. Las cajas chicas debían ser para «compras de urgencia», pero se usaban para evadir controles.

Entre las adquisiciones «urgentes» estaban 43 lujosas lapiceras Parker y 252 repuestos. Cada bolígrafo costó G. 165.000, y los repuestos fueron pagados a valores superiores. Estas compras se realizaron en solo cuatro meses, sumando G. 20.489.000, principalmente por la Dirección de Secretaría Privada.

Se observaron pagos significativos por pintura, como el «pintura impermeabilizante Canatech», a un precio muy por encima del mercado. También se detectaron pagos por encuadernación y fotocopias mientras se compraban grandes cantidades de tóner y papel.

Además, una verificación del equipo interventor encontró irregularidades en la documentación de la «Caja chica», como facturas de comercios inexistentes. Los pagos por «encuadernaciones» alcanzaron G. 51.820.000 sin detalles específicos, sugiriendo irregularidades adicionales.

Publicidad