El empresario César Zotti respondió a las declaraciones de la Junta Municipal de San Ignacio y de la Junta Departamental de Misiones respecto al Teatro El Molino, argumentando que su contenido es meramente enunciativo debido a una medida cautelar vigente en un juicio de reivindicación.
En un comunicado difundido el 12 de agosto, Zotti, junto a su abogado Pedro Wilson Marinoni, criticó el respaldo de las autoridades a la protección cultural del inmueble que alberga la memoria del fallecido artista plástico Delfín “Koki” Ruiz. La Junta Departamental había declarado al Teatro El Molino como “de interés cultural e histórico departamental” tras una solicitud de Norma Fretes, viuda del artista, para preservar el lugar.
Zotti aseguró que la declaración carece de efectividad legal mientras exista la medida cautelar que prohíbe cualquier acción sobre la propiedad en disputa. “No podrán cumplir el objetivo trazado salvo que persistan en violentar la propiedad privada”, advirtió el comunicado.
El empresario sostiene que adquirió la propiedad en 2001, y que el artista nunca fue propietario del inmueble, ya que existió un contrato de arrendamiento firmado en 2008. Además, se menciona que hay una deuda pendiente de más de G. 500 millones por alquileres no abonados.
Por otro lado, Zotti y Marinoni desmintieron la existencia de un desalojo en curso de la familia de Koki Ruiz, aclarando que su reclamo se centra en la devolución de la propiedad que, según ellos, les pertenece legalmente. También mencionaron otro inmueble, La Arcadia, cuya devolución sigue pendiente.
El comunicado defiende la protección constitucional de la propiedad privada y subraya que la disputa debe resolverse por la vía judicial, basándose en la documentación pertinente.
Zotti también aludió a una supuesta campaña de desprestigio en su contra y no descartó acciones legales por injurias y difamación si las declaraciones continúan. Además, pidió a los medios de comunicación una cobertura objetiva y fundamentada en hechos, advirtiendo que tienen pruebas para iniciar acciones civiles y penales contra quienes consideren responsables.
