La Cámara de Senadores ha aprobado un pedido de informes dirigido a la Contraloría General de la República, enfocado en los exámenes de correspondencia patrimonial de magistrados implicados en el caso de la «mafia de pagarés». Esta solicitud emana de la comisión “Antimafia de Pagarés”, que investiga presuntas irregularidades dentro del sistema judicial.
Los exámenes de correspondencia son auditorías que buscan comparar los ingresos reportados por funcionarios públicos con su patrimonio real. Esta medida tiene como objetivo identificar discrepancias que podrían señalar enriquecimientos ilícitos. En este contexto, el Senado se centra en determinar si hay desbalances entre los ingresos y bienes de jueces de paz que han sido objeto de sumarios o suspensiones.
El documento del Senado solicita a la Contraloría la entrega de varias piezas clave de información, que incluyen copias de los informes de exámenes de correspondencia, los resultados de auditorías patrimoniales realizadas, y detalles sobre cualquier inconsistencia detectada durante estos procesos. La Contraloría contará con un plazo de 15 días para enviar la documentación solicitada, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
El análisis patrimonial abarca a ocho jueces de paz de Asunción, quienes ya han enfrentado procesos administrativos relacionados con el caso. Entre ellos se encuentran Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete Aquino, Analía Cibils Miñarro, Liliana González de Bristot, Víctor Nilo Rodríguez Acosta, Elvira Franco, Gloria Machuca Cardozo y Alejandro Peña Yegros.
La investigación se centra en verificar si los patrimonios de estos magistrados son congruentes con sus ingresos legales. El acceso a los informes solicitados podría ser crucial para confirmar o desestimar acusaciones de enriquecimiento ilícito, así como para identificar cualquier movimiento financiero sospechoso y fortalecer futuras acciones judiciales.
Por último, el Senado ha aclarado que la información será tratada con máxima confidencialidad y será utilizada exclusivamente para la investigación, garantizando así el cumplimiento de las normativas de protección de datos.
