Tres cuerpos fueron hallados enterrados en una antigua propiedad vinculada a una banda criminal en Santiago
La Policía de Investigaciones (PDI) descubrió tres cadáveres enterrados en un inmueble del Barrio Yungay, en el centro de Santiago, lugar que habría servido como centro de operaciones de una organización delictiva conocida como Los Bulnes, presuntamente relacionada con la red criminal peruana Los Pulpos. La vivienda, catalogada como “la casa del terror”, funcionaba como escenario para secuestros extorsivos y almacenamiento de drogas.
El inmueble, situado en la calle Bulnes, es propiedad del exrector de la Universidad de Chile, Luis Riveros (1998-2006), quien había denunciado hace un año y medio su ocupación ilegal y presentado una querella por usurpación. La intervención policial se llevó a cabo tras una denuncia recibida el 15 de octubre por parte de un hombre que relató haber sido retenido y maniatado en ese lugar durante una entrega de drogas que salió mal. Este antecedente alertó a las autoridades y condujo a la inspección y excavaciones en el lugar durante los días lunes y martes.
De acuerdo con el fiscal Marcelo Vargas, dos cuerpos fueron encontrados a aproximadamente 50 centímetros bajo el piso flotante de una de las seis habitaciones del inmueble, mientras que el tercero fue localizado tras excavar cerca de un metro y medio bajo el suelo. Los análisis preliminares del Servicio Médico Legal indican que uno de los cuerpos podría tener entre seis y 18 meses de antigüedad, mientras que los otros dos habrían sido sepultados de manera más reciente. También fueron recuperados sacos con restos óseos en la vivienda.
Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, señaló que este tipo de enterramientos ilegales es un método utilizado recurrentemente por organizaciones criminales vinculadas a secuestros y homicidios en el marco de sicariato, similar a prácticas observadas en grupos como la megabanda venezolana Tren de Aragua, que en 2023 enterró cuerpos aún con vida en Arica.
El inmueble había sido adquirido por Riveros en 1993, y en 2025 este denunció la ocupación ilegal, alertando sobre el deterioro de la seguridad y calidad de vida en el barrio. En mayo de 2026, la Municipalidad de Santiago ejecutó el desalojo de tres ocupantes ilegales y la Fiscalía inició una investigación que resultó en prohibiciones judiciales para acercarse a la propiedad.
Las diligencias continúan en curso mientras las autoridades procesan la información y buscan a posibles responsables vinculados a esta red criminal.
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