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Paraguay remite acuerdo sobre tráfico ilícito de armas

El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó al Senado un acuerdo del Mercosur para el intercambio de información sobre el tráfico ilícito de armas, firmado en 2017. El documento fue derivado a varias comisiones para su revisión, mientras Uruguay y Argentina ya lo han ratificado.
Paraguay remite acuerdo sobre tráfico ilícito de armas
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El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha enviado al Senado el «Acuerdo entre los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados para el intercambio de información sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados». Este entendimiento, firmado el 20 de julio de 2017 en Mendoza, Argentina, se presentó en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de esta semana.

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El acuerdo incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como Estados Partes del Mercosur, así como a Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador como Estados Asociados. Reconoce que el aumento del crimen organizado transnacional plantea nuevos desafíos que requieren acciones coordinadas para mitigar su impacto negativo en la población y fortalecer la democracia en la región.

Los países involucrados reafirmaron su compromiso de cooperar en la lucha contra el crimen organizado, incluido el comercio ilícito de armas y explosivos, aprovechando los recursos disponibles para el control de estos materiales. Además, se considera importante el Programa de Acción de las Naciones Unidas, junto a diversas convenciones interamericanas y de la ONU contra el tráfico de armas.

Uruguay y Argentina ya han ratificado el acuerdo, mientras que en Brasil continúa el proceso parlamentario y Paraguay ha enviado el documento al Congreso para su ratificación. Es necesario que los cuatro Estados partes aprueben el acuerdo para que este entre en vigor.

El acuerdo establece un mecanismo permanente de intercambio de información para investigar y controlar la fabricación y tráfico ilícito de armas y explosivos. Cada parte designará un punto focal para facilitar la comunicación y la asistencia judicial en caso de investigaciones. Las partes también deberán asegurar la confidencialidad de la información compartida, según lo requiera el contexto de la solicitud.

Finalmente, el acuerdo entrará en vigor 30 días después de la ratificación por parte de todos los Estados necesarios, y Paraguay actuará como depositario del mismo, notificando las fechas de ratificación y su entrada en vigor.

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