Denuncian a funcionarios de Migraciones en PJC por gestión irregular

Acusan a funcionarios de Migraciones en Pedro Juan Caballero de cobrar por gestionar trámites de residencia a brasileños y no entregar carnets, situación que aumenta la expectativa por investigaciones rigurosas del caso.
Denuncian a funcionarios de Migraciones en PJC por gestión irregular

Una serie de denuncias recientes señala irregularidades en la oficina regional de Migraciones en Pedro Juan Caballero. Funcionarios de la institución están acusados de actuar como gestores, cobrando a ciudadanos brasileños que buscan residencia sin entregar luego los carnets correspondientes.

Las quejas se intensificaron durante la Jornada Migratoria del MigraMóvil de la Dirección Nacional de Migraciones, realizada del 16 al 20 de noviembre de 2026 en la Gobernación de Amambay. Se critica que solo se otorgaron 150 tickets diarios para atención, mientras más de 500 brasileños acudían diariamente para trámites de radicación.

La alta demanda y la limitada oferta de atención habrían propiciado un entorno propicio para prácticas irregulares. La Dirección Nacional de Migraciones prohíbe expresamente que sus funcionarios actúen como gestores o intermediarios debido a normativas internas y leyes de función pública en Paraguay.

El marco legal establece que un funcionario público no debe cobrar ni gestionar expedientes para terceros en su institución, considerándose falta administrativa grave y posibles delitos de cohecho o tráfico de influencias. Así se busca mantener la imparcialidad e integridad administrativa.

Las autoridades de Migraciones han negado convenios con gestorías privadas y aseguran haber sancionado o desvinculado a funcionarios ligados a tramitadores externos. Asimismo, recuerdan que los solicitantes pueden realizar gestiones personalmente o con gestores externos registrados o representantes legales autorizados.

Estas denuncias requieren una investigación profunda y transparente para eliminar prácticas corruptas y asegurar que los trámites migratorios se realicen conforme a la ley. La confianza ciudadana en estas instituciones es clave para la democracia y debe protegerse rigurosamente.

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