El juez Rodrigo Estigarribia ordenó que el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, afronte con arresto domiciliario y tobillera electrónica el proceso por supuesta lesión de confianza. También dispuso la prohibición de salir del país.
La decisión fue tomada durante la audiencia de imposición de medidas, luego de que el juzgado detectara irregularidades en los movimientos migratorios de Bataglia. El magistrado sostuvo que no existían garantías suficientes para concederle libertad ambulatoria debido al riesgo de fuga. El ex titular del IPS está imputado por el Ministerio Público, representado por el fiscal Julio Ortiz, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La investigación analiza un perjuicio patrimonial superior a 61.000 millones de guaraníes contra la entidad previsional.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva, con el argumento de la gravedad del hecho y del elevado marco penal. Sin embargo, el juzgado optó por el arresto domiciliario, considerado una medida de ponderación constitucional. El análisis del comportamiento procesal del imputado se basó en el artículo 243, numeral 4, del Código Procesal Penal. La defensa pretendía utilizar el levantamiento de la orden de detención, notificado el 12 de agosto de 2026, como un desistimiento tácito del pedido de prisión preventiva.
A pedido del Juzgado Penal de Garantías, la Dirección Nacional de Migraciones remitió un informe mediante el oficio Nº 240. El documento, firmado por su director, Jorge Kronawetter, consignó las siguientes inconsistencias: – El 1 de junio de 2026 se registró el último ingreso regular al país, a las 19:53. – El 23 de julio de 2026 se asentó una salida regular con destino a Italia. – El 12 de agosto de 2026 Bataglia compareció y se levantó la orden de detención, pero Migraciones informó que no había registro formal de su reingreso al país. – El 18 de agosto de 2026 se registró una salida hacia Argentina y un reingreso tres horas después.
Estigarribia consideró que la falta de un registro formal de ingreso el 12 de agosto demostraba facilidades de movilidad que incrementaban el peligro de fuga. También cuestionó cómo el Ministerio Público tomó declaración al imputado ese día si no constaba oficialmente su retorno desde Europa. En cuanto a una eventual obstrucción de la investigación, el juez señaló que, tras más de dos años de investigación previa, no se detectaron elementos actuales que demostraran que Bataglia pudiera destruir u ocultar pruebas. No obstante, sostuvo que los movimientos fronterizos no asentados evidenciaban capacidad de movilidad fuera del control estatal
Concluida la audiencia, el juzgado ordenó ejecutar de inmediato los trámites administrativos para trasladar a Vicente Bataglia al domicilio designado. Allí permanecerá bajo custodia telemática mediante una tobillera electrónica y con prohibición de salir del país, mientras continúa sometido al proceso penal.
