La policía amplía su flota con vehículos de lujo confiscados a narcotraficantes y bandas criminales

Los cuerpos de seguridad estatales han comenzado a incorporar automóviles de alta gama, previamente pertenecientes a criminales, para fortalecer sus capacidades operativas. La idea de utilizar estos lujosos vehículos confiscados para la seguridad pública ha tomado fuerza en varios estados brasileños, convirtiéndose en una práctica que llama la atención.

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Estados como Paraná, Río Grande del Sur, Tocantins y Santa Catarina han sumado a su flota vehículos como Porsche, Audi TT y Chevrolet Camaro, que anteriormente eran utilizados para actividades delictivas como el tráfico de drogas y la lavada de dinero.

En el estado de Río Grande del Sur, la justicia entregó un GM Camaro SS, confiscado durante una operación contra la lavada de dinero, a la Policía Civil. El automóvil, que comenzó a patrullar las calles de Passo Fundo en 2019, es solo uno de los ejemplos de esta iniciativa.

En Paraná, la policía cuenta con un GM Camaro, un Porsche Macan y un Audi TT en su arsenal. Estos vehículos, que antes servían para actividades ilícitas, ahora están al servicio de la lucha contra el crimen; todos permanecen en la flota y están impidiendo su venta.

En 2021, un Lamborghini Gallardo, perteneciente al conocido “rey del bitcoin” Claudio José de Oliveira, fue asignado a la Policía Federal en Paraná. Este vehículo, valorado en R$ 629 mil, fue confiscado tras una operación que desarticuló una banda que había fraudes por más de R$ 1,5 mil millones, utilizando criptomonedas.

En Santa Catarina, un Porsche 911 Turbo, con un valor superior a R$ 1,5 millones, fue confiscado tras una operación realizada junto a la Interpol contra Marco Cadeddu, un narcotraficante italiano que se ocultaba en Balneario Camboriú. Este tipo de operativos tiene un objetivo educativo, buscando transmitir el mensaje de que el crimen no compensa, ya que los activos incautados quedan en manos del Estado.

La Policía Federal de Tocantins también se benefició de esta práctica, recibiendo en 2024 una BMW i8, confiscada durante la Operación Midas del Cerrado. Este lujoso coche, valorado en R$ 800 mil, se utilizó hasta el cierre de las investigaciones relacionadas con crímenes financieros.

Sin embargo, la incorporación de estos vehículos a las flotas de seguridad pública conlleva ciertos desafíos. Los costos de mantenimiento recaen sobre el estado, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad de cubrir gastos de gasolina y reparaciones de automóviles de lujo como un Lamborghini o un Camaro.