El concejal y subteniente del Cuerpo de Bomberos, Dionaldo Morinigo (PDT), de 49 años, detenido en Ponta Porã por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, causar un accidente que dejó gravemente herido a un adolescente y tratar de sobornar a un oficial de policía, podrá salir de prisión. La decisión fue tomada por el juez Fernando Moreira Freitas da Silva, de la 1ª Vara Criminal y Juez de Garantías de Naviraí, quien este martes (29) concedió su libertad provisional, estableciendo que deberá usar una pulsera electrónica durante 180 días y cumplir un régimen de reclusión domiciliaria nocturna.
Este fallo se produjo 11 días después de su arresto.
El Ministerio Público apoyó la libertad al señalar que la investigación aún requiere de diligencias adicionales y debe regresar a la Policía Civil para su culminación. El magistrado consideró que mantener a Morinigo en prisión mientras se completan estos pasos podría llevar a un exceso de tiempo para presentar una posible acusación, lo cual no debería ser achacado al acusado debido a la falta de documentos en el expediente.
No obstante, la libertad condicional viene acompañada de seis restricciones. Aparte de la pulsera, Morinigo deberá permanecer en su residencia entre las 22:00 y las 5:30 cada día, incluyendo fines de semana y feriados; presentarse ante la justicia cada dos meses y cumplir con las convocatorias relacionadas con la investigación. Además, se le prohíbe contactar a la víctima o a testigos y debe notificar cualquier cambio de domicilio o ausencia de su hogar de ocho días o más.
El juez ha limitado la movilidad de Morinigo a su municipio de residencia y ha fijado el domicilio de la víctima como un área prohibida. Aunque la duración inicial de la pulsera es de 180 días, existe la posibilidad de que sea extendida mediante una nueva decisión judicial. El incumplimiento de estas condiciones podría resultar en un nuevo arresto.
“Se desprende que existe una manifiesta peligrosidad, lo que justifica la vigilancia electrónica, en base a las especificidades del caso, considerando que ha estado implicado en siete delitos distintos dentro del mismo contexto factual y jurídico”, indicó el juez en su resolución.
Contexto – Los eventos que llevaron a su detención tuvieron lugar la noche del viernes (18) en el cruce de las avenidas Presidente Juscelino Kubitschek y Heliodoro Salgueiro en Ponta Porã. Morinigo conducía una Toyota Hilux que colisionó con una VW Saveiro, cuyo conductor era un adolescente de 17 años, quien fue asistido por familiares y llevado al hospital en estado grave. Imágenes de cámaras de seguridad divulgadas por Campo Grande News capturaron el momento del incidente.
Un oficial de policía que presenció el choque persiguió la Hilux y logró detener al concejal aproximadamente a dos kilómetros del lugar, según información publicada tras su arresto. Durante la detención, se encontró una pistola Sig Sauer calibre 9 milímetros, de origen paraguaio y sin registro. Morinigo también se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, lo que llevó a la elaboración de un informe sobre grados de embriaguez basado en los signos observados en el lugar.
La detención también generó sospechas de corrupción activa, amenaza y desacato. Según el relato judicial, Morinigo se identificó como bombero y concejal, mencionó su parentesco con una figura política local y consultó al oficial sobre la posibilidad de resolver la situación sin un registro formal del incidente. También se le atribuyen ofensas y amenazas hacia el funcionario.
En total, se registraron cargos por lesiones personales, omisión de auxilio, conducir en estado de ebriedad, porte ilegal de armas, corrupción activa, amenaza y desacato. La defensa ha refutado las acusaciones desde el principio, argumentando que algunas de las conclusiones presentadas aún deben ser comprobadas en el transcurso de la investigación.
El abogado Marcos Ivan, en una llamada telefónica, informó a Campo Grande News que solicitó nuevamente la libertad cuando el caso llegó a la jurisdicción de las Garantías de Naviraí.
El defensor sostiene que las acusaciones no deberían ser consideradas como definitivas hasta la conclusión de la investigación. “En realidad, fue un accidente de tráfico y no, como afirma la defensa desde el inicio, ningún tipo de crimen, y los hechos deben ser esclarecidos durante el proceso y no en esta etapa preliminar”, argumentó.
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