El juez penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, anuló las medidas alternativas que favorecían a Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela por el PLRA, y dictó su prisión preventiva. Se ordenó la captura inmediata de la funcionaria, acusada de un supuesto desfalco de G.1.999 millones.

Esta mañana, el Tribunal de Apelaciones ratificó al juez Estigarribia para encargarse del caso contra Mirtha Fernández, quien ha retrasado la audiencia preliminar durante 29 meses con estrategias legales junto a otros doce acusados por lesión de confianza.

Al recibir la confirmación en el caso, Estigarribia revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta. Argumentó que Fernández no cumplió durante dos meses con las medidas impuestas al no firmar en el libro de comparecencia judicial, además de exhibir una conducta obstruccionista.

Por resolución A.I. N°: 226, el juez decidió la prisión preventiva debido al incumplimiento de reglas y al riesgo de fuga y obstrucción al proceso penal.

La intendenta, junto a doce personas, enfrenta cargos por lesión de confianza, vinculados a una supuesta red entre constructoras y funcionarios que habría desviado G. 1.199 millones del Fonacide y Royalties en 2019.

El juez penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, anuló las medidas alternativas que favorecían a Mirtha Fernández, intendenta de Valenzuela por el PLRA, y dictó su prisión preventiva. Se ordenó la captura inmediata de la funcionaria, acusada de un supuesto desfalco de G.1.999 millones.

Esta mañana, el Tribunal de Apelaciones ratificó al juez Estigarribia para encargarse del caso contra Mirtha Fernández, quien ha retrasado la audiencia preliminar durante 29 meses con estrategias legales junto a otros doce acusados por lesión de confianza.

Al recibir la confirmación en el caso, Estigarribia revocó las medidas alternativas que beneficiaban a la intendenta. Argumentó que Fernández no cumplió durante dos meses con las medidas impuestas al no firmar en el libro de comparecencia judicial, además de exhibir una conducta obstruccionista.

Por resolución A.I. N°: 226, el juez decidió la prisión preventiva debido al incumplimiento de reglas y al riesgo de fuga y obstrucción al proceso penal.

La intendenta, junto a doce personas, enfrenta cargos por lesión de confianza, vinculados a una supuesta red entre constructoras y funcionarios que habría desviado G. 1.199 millones del Fonacide y Royalties en 2019.