Pobladores de la comunidad indígena Apyka Rynde’i, ubicada en Bella Vista Norte, Amambay, han denunciado el despojo de sus tierras y la comisión de delitos ambientales en la zona. Los nativos han solicitado la intervención del Estado para resolver sus reclamos.
La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) ha respaldado a la comunidad, que forma parte del pueblo Paî Tavyterã. Los indígenas sostienen que el conflicto se centra en un territorio que consideran parte de su hábitat ancestral, donde han crecido y donde se encuentra su cementerio.
De acuerdo con las denuncias, un ciudadano brasileño, Claudinei Carvalho, se ha adjudicado la propiedad. Los miembros de la comunidad afirman que han vivido bajo constantes amenazas y que la justicia ha sido utilizada para criminalizar a sus líderes.
Hugo Renato Brítez, representante de la comunidad, ha hecho un llamado a las autoridades para que realicen una mensura judicial o administrativa. Indicó que, tras el desalojo que consideran un despojo, muchas familias están ahora asentadas a la orilla de una ruta.
En cuanto a la postura de la Fiscalía, la fiscala de Pedro Juan Caballero, Reinalda Palacios, informó que en su momento se desestimó una denuncia presentada por invasión de inmueble ajeno contra los indígenas. Actualmente, está activa una investigación por una denuncia presentada por la comunidad en contra de Carvalho por violaciones a normas ambientales.
La fiscala explicó que se espera la llegada de técnicos de Asunción para realizar una inspección que determinará si se han violado leyes ambientales en la zona. Los peritos compararán las normas con las actividades que se llevan a cabo en el lugar.
Las tierras en cuestión pertenecieron anteriormente a la empresa Chocho S.A., de la familia Heisecke, que las vendió a Carvalho. Este último ha presentado a la Fiscalía documentos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que autorizan la explotación de carbón, madera y actividades agroganaderas en la zona.
La Fiscalía General analizará estos documentos y las actividades realizadas para establecer si existe algún hecho punible, según su unidad de Delitos Ambientales en Amambay.
