Hernán Rivas llega a juez con respaldo político

Hernán Rivas llega a juez con respaldo político
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El exsenador cartista Hernán David Rivas, quien enfrenta un juicio por presunto título falso de abogado desde 2020, ha sido objeto de un respaldo político notable que incluye a figuras destacadas del gobierno actual, como el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Este apoyo ha sido evidente incluso en momentos críticos, como cuando Peña lo recibió en Mburuvichá Roga.

A pesar de las evidencias que han salido a la luz, el presidente Peña no ha mostrado vergüenza ni ha hecho un “mea culpa” sobre la situación de Rivas, quien se encuentra a las puertas de un juicio. En el Senado, Rivas logró obtener 26 votos, en su mayoría de colorados, pero también del bloque liberal-cartista, lo que pone de manifiesto la complicidad política que ha rodeado su carrera.

Entre los legisladores que apoyaron a Rivas se encuentran figuras como Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera Petters, Édgar López, Hermelinda Alvarenga y Sergio Rojas, algunos de los cuales ya le habían otorgado su voto en Diputados en 2021. Este respaldo ha llevado a que Rivas, junto a otros aliados, establecieran un «nefasto récord» al votarlo en tres ocasiones para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En una memorable conferencia de prensa frente a la bancada de Honor Colorado, Rivas intentó involucrar a sus colegas, como Silvio “Beto” Ovelar y Juan Carlos “Nano” Galaverna, en su defensa, pero su estrategia solo resultó en un mayor desprestigio para ellos. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza dentro del ámbito político, evidenciando la falta de transparencia en los procesos de votación.

La trayectoria de Rivas es un claro ejemplo de cómo la política puede influir en la justicia, donde la complicidad entre legisladores y figuras de poder ha permitido que personas con cuestionamientos éticos y legales ocupen posiciones de relevancia. La situación actual plantea serios interrogantes sobre la integridad de las instituciones y el sistema judicial en Paraguay.

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