Enrique Riera, Claudia Centurión y María Teresa Barán, ministros del Interior, de Obras Públicas y de Salud Pública, respectivamente, continúan en sus cargos tras asumir el 15 de agosto de 2023, durante la inauguración del presidente Santiago Peña, quien hoy cumple tres años de mandato. A pesar de los numerosos cuestionamientos a sus gestiones, el presidente ha decidido mantenerlos en sus funciones.
La gestión de María Teresa Barán enfrenta serias críticas por la falta de medicamentos e insumos en hospitales, así como el deterioro de los centros de salud y una significativa deuda con empresas farmacéuticas. Mientras tanto, Claudia Centurión, al frente del MOPC, ha sido señalada por el mal estado de las rutas y la falta de gestión, lo que la llevó a ser objeto de duras críticas en la Cámara de Diputados, especialmente por un proyecto de ley que busca un préstamo de 75 millones de dólares para la construcción de caminos vecinales.
El vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza, se refirió a Centurión de manera irónica, sugiriéndole que muestre más respeto hacia el cuerpo legislativo. La deuda del MOPC con constructoras y empresas vialeras también ha sido un tema candente, con estimaciones que la situaban en 100 millones de dólares, aunque se llegó a un acuerdo para reducirla a aproximadamente 60 millones.
Enrique Riera, por su parte, ha defendido la seguridad en Paraguay, afirmando que el país es uno de los más seguros de la región, y destacó una reducción del 20% en el índice de violencia durante los dos primeros años de gobierno, aunque estos datos contrastan con la percepción general de la ciudadanía y la realidad de la inseguridad en diversos barrios asuncenos.
La situación de la salud pública es, según Peña, uno de los principales desafíos de su administración. A pesar de reconocer las carencias, como el hecho de que el 70% de la población no cuenta con seguro médico, el gobierno continúa enfrentando una crisis en el sistema sanitario, donde la falta de medicamentos y atención adecuada ha llevado a muchas familias a recurrir a préstamos y colectas para cubrir sus necesidades médicas.
La crisis se agrava en el Instituto de Previsión Social (IPS), que enfrenta una grave falta de medicamentos, afectando a cientos de miles de aportantes. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública también lidia con deudas con farmacéuticas, lo que agrava aún más la situación de los pacientes que dependen del sistema público.
