El fiscal Julio Ortiz está llevando a cabo una investigación sobre supuestas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) relacionadas con los contratos para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central, adjudicados a la empresa Neighpart S.A. Se alega que las obras presentaron serias fallas de planificación y nunca se llevaron a cabo, a pesar de que se siguieron autorizando pagos y prórrogas, generando un perjuicio que se estima en 61.000 millones de guaraníes.
El Ministerio Público ha imputado a nueve personas por el delito de lesión de confianza, incluyendo a los expresidentes del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, así como a exdirectores y exgerentes de áreas críticas como Logística y la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).
El fiscal Ortiz también mencionó que se están revisando los votos de los consejeros para determinar la posibilidad de ampliar las imputaciones. “Justamente estoy necesitando que me pasen unos documentos para ver quiénes son los consejeros que votaron a favor de esto y excluir a los que votaron en contra, se abstuvieron o no asistieron”, afirmó.
Respecto a la responsabilidad de Bataglia y Brítez, el fiscal subrayó que ambos permitieron pagos a pesar de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas había recomendado no continuar con los desembolsos, sugiriendo la necesidad de recuperar los fondos.
La investigación se ha visto complicad por filtraciones internas que han alterado el proceso, lo cual llevó a Ortiz a realizar la imputación de manera apresurada.
Finalmente, el fiscal solicitó al juzgado la prisión preventiva para los implicados y el embargo de sus bienes, buscando asegurar la recuperación de los recursos públicos que se consideran afectados por estas irregularidades.
