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Pedro Juan Caballero; En dos procedimientos migratorios y de seguridad pública desarrollados en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, las autoridades paraguayas concretaron la expulsión de dos ciudadanos brasileños en casos distintos, uno de ellos con antecedentes penales y condena vigente en su país, mientras que en el segundo caso, la acompañante de un presunto líder criminal presentó una fuerte denuncia por el hurto de sus bienes personales dentro de una dependencia policial.
Por un lado, Gelson Romeiro Espinosa, de 48 años, con residencia registrada en la ciudad de Iguatemi, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, fue detenido el pasado 6 de agosto tras haber ingresado sin autorización a una vivienda ubicada en el barrio Guaraní de Pedro Juan Caballero, donde además se le señala de haber perseguido y amenazado a una mujer de 68 años de edad.
Los registros judiciales y policiales confirman que el ciudadano brasileño cuenta con antecedentes penales en su país de origen, vinculados a causas por violencia familiar, lesiones físicas y violación de domicilio. Ante la infracción a las normas de permanencia y la comisión de hechos que configuran riesgo para la seguridad ciudadana, el juez Edgar Gustavo Ramírez dispuso la expulsión del extranjero del territorio nacional, en aplicación de la Ley Migratoria de la República del Paraguay, conforme consta en el Oficio Judicial N° 557, fechado el 19 de agosto de 2026.
La ejecución de la medida se cumplió este jueves 20 de agosto a las 15:00 horas, en el Puesto de Control Migratorio de la frontera, donde efectivos de la Comisaría N° 13 del barrio Guaraní, con el respaldo del Departamento de Convenios de Cooperación Internacional y la Dirección Nacional de Migraciones, hizo entrega formal del ciudadano a efectivos de la Policía Federal de Brasil, quedando prohibido su reingreso al país.
En un hecho de mayor relevancia por su vinculación al crimen organizado, el martes 18 de agosto, agentes de la Comisaría Primera de Pedro Juan Caballero interceptaron un automóvil blindado que transitaba por la línea internacional fronteriza. En el vehículo viajaban Fabio Celso Oberoli, de 32 años, y Tatiana Silva Ricarte, de 29 años, ambos de nacionalidad brasileña.
Oberoli es señalado por las autoridades brasileñas como presunto líder del grupo criminal Primer Grupo Catarinense (PGC) y pesa sobre él una condena de 21 años de prisión dictada por tribunales de Brasil. Al verificarse su situación irregular en territorio paraguayo y la existencia de ordenes y antecedentes penales, ambas personas fueron detenidas de manera conjunta y posteriormente expulsadas del país en el mismo procedimiento, siendo devueltas a Brasil por el paso fronterizo de Pedro Juan Caballero.
Mientras estuvo recluida en la Comisaría N° 12 de Mujeres de la ciudad durante las horas de su detención, Tatiana Silva Ricarte fue víctima de un hecho que califica como robo de sus pertenencias personales, según su propia declaración ante medios locales. La mujer sostiene que ingresó a Paraguay con fines turísticos y para realizar compras en comercios locales, que no registra antecedentes penales ni en Brasil ni en Paraguay, y que todas sus pertenencias fueron revisadas y constatadas como intactas en el inventario inicial realizado por el personal policial al momento de su ingreso a la dependencia.
Al recuperar sus bienes tras ser notificada de la expulsión, la brasileña advirtió la desaparición de múltiples objetos de valor: lentes de marca, sandalias de tacón, prendas de vestir nuevas, productos adquiridos en comercios locales y dinero en efectivo que guardaba en su bolso personal. Todo ello valuado en más de 10.000 reales, monto que equivale aproximadamente a 11 millones de guaraníes, y contaba con facturas de compra en regla.
“Al día siguiente que me soltaron y que abrí mi maleta, ellas me robaron todas mis cosas. Se llevaron lentes de marca, se llevaron sandalias de tacón, se llevaron ropa, se llevaron productos… compras nuevas que había comprado, todo con factura”, expresó la afectada en entrevista con una emisora local, señalando directamente al personal policial femenino de turno en la dependencia como presuntas responsables de los hechos.
Acciones legales en curso
Tatiana Silva Ricarte informó que ya contrató los servicios de un abogado para presentar formalmente la denuncia ante las instancias judiciales y administrativas correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y recuperar el valor de lo sustraído. Anunció que presentará como pruebas las fotografías que tomó de sus pertenencias antes del ingreso y el registro de inventario inicial realizado por la patrulla policial, documentos que permitirán determinar las responsabilidades del personal de servicio en la Comisaría N° 12 de Mujeres.
Por su parte, las autoridades migratorias y policiales de Pedro Juan Caballero no se han pronunciado oficialmente al respecto hasta el cierre de esta edición, aunque se espera que se inicie una investigación administrativa de oficio ante la gravedad de la acusación contra personal en servicio.
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