Nacionales
El INE revelará un nuevo mapa de pobreza monetaria por distrito, el primero en más de dos décadas
El Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo del Banco Mundial, presentará este 25 de septiembre una herramienta para medir la pobreza en los 263 distritos del país y en los barrios de Asunción. Destacan que será esencial para el desarrollo nacional.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció que el 25 de septiembre lanzará el Mapa de Pobreza Monetaria Distrital, crucial para guiar políticas públicas. El evento será en el Banco Central del Paraguay a las 8:30, con el apoyo técnico del Banco Mundial.
Por primera vez en más de dos décadas, el país tendrá estimaciones oficiales de pobreza a nivel distrital y barrial. Los últimos datos eran de 2002, cuando había 236 distritos.
Metodología moderna y precisa
El informe utiliza la técnica de Estimación en Áreas Pequeñas (SAE), combinando la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2023 con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Esta metodología supera las limitaciones geográficas, ofreciendo estimaciones confiables para los 263 distritos y 67 barrios de Asunción, según informaron.
Según el INE, la herramienta ofrece una radiografía precisa de las desigualdades socioeconómicas, información antes solo disponible a nivel nacional o departamental.
Este mapa permitirá focalizar programas sociales con más precisión, priorizar inversiones en infraestructura basadas en evidencia territorial y diseñar intervenciones adaptadas a cada área.
El INE señaló que esto es solo el comienzo de un proceso mayor. En el futuro, el mapa se integrará con estudios sobre pobreza multidimensional, vulnerabilidad climática y acceso a servicios básicos, para fortalecer la planificación estratégica y las políticas de desarrollo.
Nacionales
Caso Belia: Fiscalía solicita una condena de 25 años para Miguel “Celular” Servín
El Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, liderado por Federico Rojas e integrado por Karina Cáceres y María Luz Martínez, está a cargo del juicio oral y público contra el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, detenido en 2021 en el caso Belia.
El juicio está en su etapa final. Se ha realizado una evaluación de los hechos probados, en la cual los jueces consideraron culpable a Miguel Ángel Servín Palacios, al exportador de carbón Alberto Antonio Ayala Jacquet, así como a los colaboradores Ricardo Ariel Aquino y Andrés Fernández.
Las fiscales Elva Cáceres y María Irene Álvarez presentaron sus argumentos finales, solicitando 25 años de cárcel para Miguel “Celular” Servín por ser el líder de una red de narcotráfico. También pidieron 18 años para Ayala Jaquet, 13 años para Aquino y 10 para Fernández, considerando su estado de salud mental como atenuante.
El próximo martes, 11 de noviembre, continuará el juicio con los alegatos finales de las defensas. Las fiscales y defensas podrán replicar antes de que el tribunal delibere. La causa principal es por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, y ha derivado en otras, como lavado de dinero, involucrando sumas millonarias encontradas en la casa Panorama Cambios. También hay una condena relacionada con un título falso de abogado.
El caso implica a Cristian César Turrini Ayala, colaborador de Miguel Servín, condenado a 20 años de prisión. Se investigó una red que traficaba cocaína y se probó que Turrini gestionaba las operaciones bajo órdenes de Servín. Alberto Ayala Jacquet se involucró usando sus empresas para el envío de carbón, que encubría el tráfico de drogas. Aquino coordinaba la manipulación de los envíos.
Durante el juicio, se demostró que los acusados daban apariencia legal a sus actividades, enviando supuestamente a Israel y Portugal. Sin embargo, Israel negó comprar carbón de Paraguay.
El operativo Belia se originó tras detectar 2.906 kilos de cocaína escondidos en bolsas de carbón en octubre de 2019. Detrás de esto, se identificó a los responsables, incluyendo al líder Miguel Ángel Servín y otros colaboradores, detenidos en distintos lugares, algunos encargados de gestionar el dinero ilícito.
Este complejo caso también incluyó la captura de otros miembros de la estructura, incluso los encargados de manejar y blanquear las ganancias del narcotráfico.
El 06 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:26, un gran incendio se desató en una residencia universitaria del barrio Ytororó, en Pilar, detrás del campus de la Universidad Nacional de Pilar (UNP). El fuego, que comenzó mientras se realizaban trabajos de soldadura, no dejó heridos, pero causó significativas pérdidas materiales.
La situación generó preocupación entre los estudiantes y vecinos, ya que 50 alumnos viven allí. El incendio habría empezado a las 13:30, cuando una chispa cayó sobre un colchón durante las labores de soldadura en el techo, provocando el fuego.
Las llamas afectaron parte del techo y destruyeron varios equipos, incluidas computadoras y aires acondicionados. Aunque no hubo heridos, los daños materiales fueron considerables.
Rosa Acosta, responsable de la residencia, lamentó lo sucedido y elogió la rápida acción de los aspirantes del Colegio de Policía Filial 8 «José Merlo Saravia», quienes ayudaron a controlar el fuego con arena hasta que llegaron los bomberos voluntarios.
El comisario Líder Vera, director del Colegio de Policía, destacó la pronta intervención de los estudiantes, quienes utilizaron técnicas de control de incendios aprendidas recientemente.
Las autoridades siguen investigando los daños y revisando las condiciones de seguridad durante los trabajos.

Nacionales
Fiscalía instruye seguir con la investigación contra Federico Mora por supuesto abuso sexual infantil
La Fiscalía General del Estado ha decidido continuar con la investigación contra Federico Mora, exviceministro de Educación Superior, por una denuncia de supuesto abuso sexual infantil. Esto se produce tras la revisión del pedido de desestimación presentado por la fiscal Gladys Jiménez.
El incidente que originó la denuncia ocurrió en abril en Guairá. Se alega que Mora, aparentemente bajo los efectos del alcohol, mostró conductas de carácter sexual frente a una menor. La madre de la niña afirmó que su hija se sintió en peligro y se refugió en un baño para protegerse.
La investigación incluyó informes psicológicos que llevaron a la Fiscalía a confirmar la conducta, aclarando que no fue “dirigida a la víctima”.
El juez de Garantías, Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba, decidió que la investigación debía proseguir debido a que aún hay aspectos por aclarar, desestimando la solicitud inicial de Gladys Jiménez.
Medidas protectoras se han implementado para la menor, asegurando la privacidad y protección de su identidad, en concordancia con el interés superior del niño.
Inicialmente, la denuncia fue presentada en Asunción, pero fue trasladada a Villarrica ya que los hechos ocurrieron en Guairá.
La fiscal Jiménez solicitó detener el caso argumentando falta de pruebas. Sin embargo, el juez Ruiz Díaz Gamba negó este pedido, afirmando que hay elementos relevantes para investigar.
El caso ha provocado un fuerte debate social y político desde su inicio. La destitución de Mora por parte de Pedro Alliana, entonces presidente en funciones, sumó una dimensión política al asunto.
La comunidad ha exigido justicia y protección para las víctimas, como se evidenció en manifestaciones públicas de apoyo a la menor. Un grupo de mujeres protestó frente a la Fiscalía, pidiendo que se escuche la voz de la víctima y se respete su palabra.
También se subrayó que la búsqueda de justicia no debe depender del estatus social o político del acusado, siendo fundamental la protección estatal de la infancia.
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