Nacionales
Dueño de bar asunceno recibe histórica condena por ruidos molestos
La jueza Mesalina Fernández se refirió a la condena de dos años, con suspensión de la pena, que recibió el dueño de un bar del barrio San Pablo de Asunción por polución sonora. Afirmó que el hecho servirá para llamar la atención de la ciudadanía para denunciar otros casos.
Un tribunal integrado por las juezas Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Mesalina Fernández condenó a dos años de cárcel, con suspensión de la pena, al empresario César Campiz Leguizamón, dueño del bar Moe, por los delitos de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El empresario deberá someterse, además, a reglas de conducta impuestas por las juezas que también le ordenaron que realice donaciones como reparación del daño.
El bar fue denunciado en varias ocasiones desde su apertura en el año 2019 por la producción de constantes ruidos molestos. El hecho fue investigado por la fiscal Lorena Ledezma, que representó al Ministerio Público en el juicio.
La jueza Fernández señaló a radio Monumental 1080 AM que esta condena sentará un precedente y servirá para que los afectados denuncien este tipo de hechos.
“Es una forma de llamar la atención a la ciudadanía que no se puede molestar a nadie con los ruidos emitidos”, afirmó.
El local estaba habilitado por la Municipalidad de Asunción como bodega, sin embargo –según señaló la jueza– en la práctica funcionaba como local gastronómico, karaoke, música en vivo y discoteca, recibiendo a una importante cantidad de personas, sobre todo los fines de semana.
Debido a esta situación recibió una multa por parte de la comuna asuncena, pero a pesar de esto seguía operando, indicaron los investigadores.
La polución sonora se considera una falta administrativa que se castiga con multas, y de acuerdo a la gravedad del caso, se tipifica bajo el delito de contaminación del aire, que estipula una pena carcelaria de hasta 5 años de prisión.
Fuente: Última Hora
Un recolector de plásticos fue arrestado tras robar dos teléfonos de un comercio en el microcentro de Asunción. Agentes de la Comisaría 3ª lo interceptaron mientras intentaba escapar.
El joven, Víctor Alfredo Medina, sin antecedentes penales, fue detenido después de sustraer dos celulares de un local en las calles México y Manuel Domínguez. La víctima, Leislao Martínez, mencionó que fue alertado por un vecino tras ingresar brevemente al fondo del local y percatarse de un extraño.
“Cuando miré ya no estaba, salimos y vimos al chico irse despacio y luego correr. Un vecino me señaló y lo seguimos”, contó Martínez a ABC TV. Durante la persecución, el comerciante vio una patrulla sobre Manuel Domínguez y pidió ayuda. Los agentes detuvieron al sospechoso.
A pesar de no hallar nada inicialmente, luego encontraron un celular oculto en un termo. El caso fue comunicado al Ministerio Público para las diligencias necesarias.
Nacionales
PGN 2026: Propuestas de incremento desde el sistema judicial alcanzan US$ 94,8 millones
En la reciente sesión informativa de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, celebrada el lunes pasado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública solicitaron aumentos por más de G. 747.000 millones (US$ 94,8 millones).
Los principales referentes del Poder Judicial y sus organismos auxiliares defendieron sus proyectos de presupuesto para 2026 ante dicho comité. Esta comisión del Poder Legislativo se encarga de analizar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año fiscal.
El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento una propuesta de presupuesto de G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones) el 25 de agosto, lo que representa un aumento del 12% respecto al presupuesto de 2025. En este documento, se asignan a la Corte Suprema de Justicia poco más de G. 1,9 billones (US$ 243,1 millones), también un 12% más que el año anterior.
El Ministerio Público recibe G. 763.074 millones (US$ 96,8 millones), un 0,8% más, y el Ministerio de la Defensa Pública, G. 294.333 millones (US$ 37,3 millones), con un incremento del 1,5%. Sin embargo, las instituciones buscaron más recursos ante la bicameral.
La Corte Suprema solicitó un presupuesto de más de G. 2,3 billones (US$ 291,8 millones), un aumento de G. 421.347 millones sobre lo asignado por el Ejecutivo. El Ministerio Público pidió más de G. 1 billón (US$ 134 millones), un incremento de G. 293.531 millones frente a la propuesta inicial. El Ministerio de la Defensa Pública solicitó una adenda de G. 32.548 millones.
El total solicitado por las tres instituciones supera la propuesta del Ejecutivo en G. 747.428 millones (US$ 94,8 millones). También solicitan la creación de unos 1.505 cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de mejoras salariales y beneficios para los empleados.
La Comisión Bicameral se reunirá nuevamente el jueves 9 para recibir a 17 gobernadores que defenderán sus proyectos de presupuesto para 2026, quienes podrían también solicitar más fondos.
El gobernador de Guairá, César Sosa, representando al Consejo de Gobernadores, se reunió con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para evaluar los presupuestos de las gobernaciones y los programas financiados por el gobierno. Según Sosa, se discutió la gestión del programa Hambre Cero, administrado por 15 Gobernaciones, y se busca optimizar su implementación.
Nacionales
Constructora vinculada al grupo Cartes obtiene contratos millonarios para hospitales mediante Itaipú
La empresa constructora Jiménez Gaona y Lima (JGL), relacionada con el Grupo Cartes, ha vuelto a destacarse en las licitaciones de importantes obras públicas. A través de Itaipú Binacional, el Gobierno, en consorcio con otras compañías, le otorgó la construcción de los hospitales de Curuguaty y Mariscal Estigarribia por un total de 44 millones de dólares. Se sospecha de un conflicto de intereses, ya que Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas, fue gerente general de JGL, hoy forma parte del consejo de Itaipú y dirige el ministerio responsable de ejecutar estas obras.
La empresa JGL, relacionada con el Grupo Cartes, se afianza como una de las principales favorecidas con las adjudicaciones de los hospitales promovidos por el gobierno de Santiago Peña, a través de Itaipú Binacional bajo la administración de Justo Zacarías. El expresidente Horacio Cartes había transferido sus acciones en febrero de 2023 a sus hijos, tras ser declarado “significativamente corrupto” por EE.UU. en julio de 2022. Actualmente, JGL lidera las adjudicaciones en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia en los procesos de licitación de Itaipú. Las obras serán ejecutadas por el MOPC, liderado por Centurión, mediante acuerdos con Itaipú y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).
El MOPC confirmó que Itaipú adjudicó al Consorcio Norte Salud—integrado por JGL, Proel Ingeniería e ITASA—el diseño y construcción del Hospital General de Curuguaty. El monto del contrato es de más de 19 millones de dólares y se ejecutará en 24 meses. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó al Consorcio Salud Occidental S.A.E., integrado por JGL, Proel e ITASA, el diseño y construcción del Hospital General del Chaco en Mariscal Estigarribia por un total de 25 millones de dólares, con un plazo de 21 meses.
Claudia Centurión fue gerente general de JGL antes de asumir como ministra del MOPC, que ahora ejecutará las obras adjudicadas a través de Itaipú. Respecto a un posible conflicto de intereses, Centurión afirmó estar inhibida de los procesos y que ha cumplido con los procedimientos legales pertinentes. Sin embargo, omitió que desde septiembre de 2024 también forma parte del Consejo de Administración de Itaipú, lo que le confiere influencia en ambas instituciones involucradas. Ante la pregunta sobre la designación del equipo técnico encargado de supervisar los trabajos de su exempresa, Centurión prefirió no responder y se retiró de la entrevista.
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