Nacionales
Dueño de bar asunceno recibe histórica condena por ruidos molestos
La jueza Mesalina Fernández se refirió a la condena de dos años, con suspensión de la pena, que recibió el dueño de un bar del barrio San Pablo de Asunción por polución sonora. Afirmó que el hecho servirá para llamar la atención de la ciudadanía para denunciar otros casos.
Un tribunal integrado por las juezas Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Mesalina Fernández condenó a dos años de cárcel, con suspensión de la pena, al empresario César Campiz Leguizamón, dueño del bar Moe, por los delitos de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El empresario deberá someterse, además, a reglas de conducta impuestas por las juezas que también le ordenaron que realice donaciones como reparación del daño.
El bar fue denunciado en varias ocasiones desde su apertura en el año 2019 por la producción de constantes ruidos molestos. El hecho fue investigado por la fiscal Lorena Ledezma, que representó al Ministerio Público en el juicio.
La jueza Fernández señaló a radio Monumental 1080 AM que esta condena sentará un precedente y servirá para que los afectados denuncien este tipo de hechos.
“Es una forma de llamar la atención a la ciudadanía que no se puede molestar a nadie con los ruidos emitidos”, afirmó.
El local estaba habilitado por la Municipalidad de Asunción como bodega, sin embargo –según señaló la jueza– en la práctica funcionaba como local gastronómico, karaoke, música en vivo y discoteca, recibiendo a una importante cantidad de personas, sobre todo los fines de semana.
Debido a esta situación recibió una multa por parte de la comuna asuncena, pero a pesar de esto seguía operando, indicaron los investigadores.
La polución sonora se considera una falta administrativa que se castiga con multas, y de acuerdo a la gravedad del caso, se tipifica bajo el delito de contaminación del aire, que estipula una pena carcelaria de hasta 5 años de prisión.
Fuente: Última Hora
Nacionales
Halloween: incrementan seguridad en cementerios por miedo a rituales y profanaciones
El 31 de octubre de 2025 a las 02:15, la Policía Nacional desplegó agentes en los principales cementerios de Asunción y sus alrededores para prevenir actos vandálicos o rituales en la noche de Halloween. Una trabajadora del Cementerio del Sur comentó que «el miedo no es a los muertos, sino a los vivos».
La Policía Nacional organizó un amplio operativo de seguridad en los principales camposantos de Asunción y el área metropolitana durante la celebración de Halloween, con el fin de evitar delitos como maltrato animal y profanación de tumbas.
El suboficial Iván Cañete explicó que los patrullajes se realizan en varios cementerios, en coordinación con los funcionarios municipales y guardias locales. «Nos enfocamos en prevenir delitos, especialmente profanaciones o maltrato animal. En Halloween, algunos grupos practican rituales y queremos evitar esas situaciones», señaló.
Hasta ahora, no se han reportado incidentes, y los agentes están presentes para garantizar la seguridad de trabajadores y visitantes. Cañete afirmó: «Estamos cubriendo todos los cementerios, accesos y puntos vulnerables. Por el momento, todo está en orden».
En el Cementerio del Sur, ubicado en barrio Obrero, el turno nocturno se desarrolla con tranquilidad. Mónica Montiel, quien trabaja allí desde hace cuatro años, compartió su experiencia en el turno de noche. «Entro a las seis de la tarde y salgo a las seis de la mañana. Al principio impresiona, pero ya me acostumbré. Me gusta este horario nocturno», comentó.
Montiel mencionó que no ha vivido experiencias paranormales. «Hasta ahora no me ha pasado nada raro, solo escucho anécdotas de compañeros. Espero que siga así», dijo sonriendo.
Su labor consiste en recorrer los panteones, controlar el ingreso de personas, vigilar que no se roben placas ni portones, y mantener el orden. «El verdadero temor no es por los muertos, sino por los vivos. Nos aseguramos de proteger las pertenencias de las familias», afirmó.
Nacionales
Investigan posible intoxicación en una fábrica de bolsas en Mariano Roque Alonso
El 31 de octubre de 2025, a la 01:54, se reportó que varios empleados de una fábrica de bolsas en Mariano Roque Alonso sufrieron una posible intoxicación. La Fiscalía y la Policía intervinieron para revisar las condiciones laborales.
Una unidad fiscal y policial intervino una empresa de bolsas de polipropileno en Mariano Roque Alonso tras recibir denuncias de intoxicación que afectaron entre ocho y diez empleados. El incidente ocurrió a las 12:30 en la empresa Packem Paraguay, ubicada en el barrio Corumbá Cue. Los trabajadores afectados fueron atendidos en la Clínica Periférica del IPS Yrendague.
Según el informe policial, los empleados tenían síntomas como mareos, vómitos y problemas para respirar, posiblemente causados por inhalación de vapores químicos. Durante la intervención, solo una afectada, Mara Escobar Benítez de 46 años, seguía hospitalizada; los demás ya habían sido dados de alta.
El comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 10ª, confirmó que la intervención se hizo con la fiscal Blanca Zaracho y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quienes revisaron instalaciones y documentación de la planta.
El establecimiento de unos 6.000 metros cuadrados se dedica a coser y ensamblar bolsas tipo arpillera, sin manipulación directa de productos químicos. Los responsables de la fábrica aseguran que solo trabajan con telas pintadas que reciben de proveedores.
Las autoridades aún no han determinado la causa exacta de la intoxicación y esperan un informe médico del IPS para aclarar la situación. La Fiscalía de Mariano Roque Alonso, bajo la agente Blanca Zaracho, abrió una investigación preliminar.
Primero, es importante mencionar que el acta de imputación no detalla la conducta atribuida a los miembros del directorio del Banco Atlas, señaló anoche el abogado de la entidad en una entrevista con ABC TV y ABC Cardinal.
Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, presentaron ayer imputaciones por lavado de activos contra la empresa.
Yódice destacó que esta investigación ocurre en un momento en que ABC está revelando situaciones que afectan a grupos de poder. “Observo una clara persecución al grupo Zuccolillo”, comentó, añadiendo que la denuncia fue presentada por la Conmebol en 2021 y que la Fiscalía solo ahora, cuatro años después, toma acción, a pesar de que el Banco Atlas ha colaborado con documentos durante todo el proceso.
Desde el inicio, la investigación determinó que los fondos reclamados por la Conmebol eran de origen rastreable, sin embargo, “la Fiscalía ahora sugiere que esos fondos fueron desviados por Nicolás Leoz”, expresidente de la organización de fútbol sudamericana.
Yódice enfatizó que los fondos ingresados al Banco Atlas provienen de “actividades verificadas, comerciales y ganaderas del señor Leoz”.
“Los fiscales mencionan la presunta obtención de dinero de actividades ilegales, indicando que esos fondos estaban en el Banco do Brasil, que debía haber realizado la diligencia debida”, afirmó. Añadió que la Fiscalía sugiere que el dinero se usó para establecer fideicomisos en el Banco Atlas, “cuando este banco informó todo al Ministerio Público y estuvo bajo control del BCP”.
La trazabilidad del dinero fue comprobada por la Superintendencia de Bancos, algo que la Fiscalía conoce, explicó Yódice. “El monto se depositó por Nicolás Leoz en 2002, cuando era Financiera Atlas. Hay una discrepancia entre lo que dice el Ministerio Público y los documentos del banco”, agregó.
Subrayó que la incongruencia de los fiscales al ligarlo a una acción penal después de pasados nueve años no implica necesariamente un delito, pero destaca el hecho de que las conductas cuestionadas terminaron en 2016.
“No se especifica en la imputación qué conocimiento o intención tenían los directores al supuestamente legitimar dinero de hechos ilícitos. La Fiscalía indica que ya estaba bancarizado desde 2011-2013, y Leoz aún era presidente de la Conmebol hasta 2013”, cuestionó.
El abogado afirmó que la imputación es deficiente en la descripción de los hechos y en la atribución de conductas a los acusados, lo que podría ser un impedimento legal para iniciar el proceso.
Finalmente, Yódice explicó que “estos fiscales tienen la trazabilidad completa de los fondos desviados”. Señaló que está documentado que el dinero cuestionado ingresó al Banco do Brasil, se transfirió a bancos extranjeros, y luego retornó a Paraguay, sin incluir a Atlas.
La lista de imputados incluye a María Clemencia Pérez de Leoz; sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro; y directivos del Banco Atlas, entre otros.
Sobre fideicomisos por más de US$ 27 millones recibidos desde el extranjero, el abogado Claudio Federico Lovera, de la Conmebol, al parecer ignoró estos recursos, presentando una denuncia contra un solo banco. Los informes revelaron millonarios movimientos en los bancos Amambay y do Brasil entre 2011 y 2015.
Lovera aseguró desconocer esas operaciones debido a la falta de documentos en la carpeta recibida del Ministerio Público, aunque los informes financieros eran parte de la denuncia de 2017 por la Conmebol.
El enfoque del abogado hacia Banco Atlas levanta sospechas, al insistir en supuestas irregularidades en dos fideicomisos por unos US$ 6 millones, mientras que Atlas ha demostrado la rastreabilidad de los fondos y la diligencia debida conforme con resoluciones de la Superintendencia de Bancos.
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