Cinco concejales liberales de Caapucú, acompañados por el senador Ever Villalba, denunciaron en el Congreso Nacional al intendente renunciante Gustavo Penayo, a quien acusan de autoritarismo y de vulnerar la institucionalidad de la Junta Municipal. La crisis se desató tras la renuncia de Penayo el 3 de junio, quien buscaba su reelección, pero retiró su dimisión al no aceptar un reemplazo leal, lo que generó un clima de tensión en la comunidad.
La situación se intensificó cuando desconocidos encerraron a siete concejales opositores en la Junta Municipal, utilizándose gas pimienta durante el intento de juramentar a suplentes en otro recinto donde se encontraba Penayo. El senador Amarilla indicó que este es un nuevo atropello en la era cartista, destacando que buscan destituir a los concejales que no se someten a su autoridad.
Villalba subrayó que el intendente está amenazando a los ediles, prohibiéndoles el ingreso al recinto municipal y tratando de forzar la juramentación de suplentes. “Hoy amenaza y prohíbe a los concejales que se reúnan para aprobar el acta de su renuncia”, afirmó.
Luis Carlos Agüero, vicepresidente de la Junta Municipal, también denunció que, bajo órdenes de Penayo, la presidenta Lidia Téllez intenta destituir a los concejales, generando un quiebre institucional. Agüero afirmó que se niegan a aprobar el acta de renuncia y que incluso se ha extraviado el libro de actas.
Por su parte, Gustavo Penayo respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, tildando a los concejales de mentirosos y conflictivos. Afirmó que es el intendente más permisivo y que no es un dictador, acusando a sus opositores de buscar discordia en lugar de trabajar por el pueblo.

El intendente, en un giro irónico, recordó que previamente había intentado prohibir la fiesta de Halloween en la ciudad. También defendió su decisión de posicionar a su hermano, Ramón Penayo, como candidato a intendente tras una serie de maniobras para asegurar que no hubiera un reemplazo leal.
La controversia ha llevado a los concejales a considerar agotar todas las instancias administrativas y judiciales, y en caso de no hallar justicia, recurrirán a organismos internacionales para denunciar lo que consideran atropellos en Caapucú.
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