Nacionales
Arrestan a sospechoso del asesinato de una joven en Limpio
La División de Homicidios de la Policía Nacional informó la captura de un joven de 17 años, señalado como sospechoso del asesinato de una adolescente, cuyo cuerpo fue hallado el martes en un terreno baldío en Limpio. La joven fue violada y estrangulada.
El fiscal Víctor Villaverde, responsable de la investigación, comunicó que el detenido es el principal sospechoso del homicidio de una adolescente de 16 años. Se confiscó una moto que se cree fue utilizada en el crimen, según el Ministerio Público. La aprehensión ocurrió antes de las 22:30 horas.
El cadáver de la joven fue encontrado el pasado martes por la tarde en el barrio Isla Aranda, Limpio. La causa de muerte fue «estrangulación manual», y se presume que fue violada antes de morir.
El Ministerio Público está considerando el caso como posible feminicidio. Los agentes estaban revisando imágenes de cámaras de seguridad, fundamentales para identificar al sospechoso.
Nota en desarrollo
Dónde denunciar violencia contra la mujer
Si conoces un caso de violencia contra la mujer, llama al 137 “SOS Mujer”. Disponible las 24 horas y completamente gratis.
El senador y excomisario Carlos Núñez, del ANR, expresó que considera que la Ley Nº 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres es «algo débil» en cuanto a las sanciones por feminicidio. Por ello, sugirió la necesidad de reformar la Constitución Nacional para posibilitar la pena de muerte en el país.
Carlos Núñez asistió a un foro internacional sobre feminicidio en Río de Janeiro. Al volver, mencionó que la ley que establece penas de 10 a 30 años de cárcel para este delito le parece insuficiente. Según él, el Código Penal paraguayo, con una pena máxima de 30 años de prisión más 10 de medida de seguridad, no es suficiente para este tipo de crímenes.
El legislador está a favor de la pena de muerte y cree que es necesario modificar la Constitución para su implementación. Manifestó que, como policía retirado, ha apoyado esta medida desde hace tiempo.
Núñez también mencionó que ya había propuesto una asamblea constituyente para revisar la Constitución, ya que, según él, tiene «varias falencias». Entre las modificaciones sugiere mayores recursos para la Policía Nacional y cambios en la normativa que regula el trabajo de jueces y fiscales, debido a que algunos magistrados y agentes del Ministerio Público, según él, actúan de manera corrupta, afectando el trabajo policial.
Además, si conoces o eres víctima de violencia contra la mujer, puedes llamar al 137 “SOS Mujer”, disponible a nivel nacional las 24 horas y de forma gratuita.
Nacionales
Conatel convoca licitación para TV digital, potencialmente favoreciendo a grupo cercano a Santiago Peña
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo la dirección de Juan Carlos Duarte, ha lanzado una convocatoria para otorgar licencias de explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre, con alcance nacional. Este concurso busca incorporar un nuevo participante al mercado, según el organismo regulador.
La convocatoria está abierta a personas físicas paraguayas o empresas privadas constituidas y registradas en Paraguay, cuyo objetivo social sea la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiocomunicaciones o radiodifusión. Está orientada a entidades sin licencia previa y no requiere experiencia en el sector.
Tras el anuncio, surgieron denuncias de que el proceso podría favorecer al Grupo Vázquez, un grupo empresarial que busca expandir su presencia mediática con un canal de amplia cobertura nacional. Este grupo es visto como cercano al gobierno de Santiago Peña, beneficiándose de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) a través de Ueno Bank, y ganando contratos públicos.
De acuerdo con el pliego de bases, la estación principal se ubicará en Fernando de la Mora, con repetidoras en varios departamentos. Sin embargo, aún no se ha informado qué empresas compraron los pliegos, aunque Conatel prometió divulgar la lista pronto. Las ofertas se recibirán el 11 de diciembre en la sede de Conatel en Asunción.
El gerente de Radiodifusiones de Conatel, Martín Gómez López, negó que la licitación favorezca al Grupo Vázquez, afirmando que el proceso es abierto y competitivo. Según el pliego, la inversión y el aspecto técnico del proyecto son factores clave para la adjudicación, con puntuaciones específicas asignadas a los aspectos económico, técnico y programático.
Las licencias, con vigencia de diez años, requieren que los oferentes no tengan licencias previas de televisión digital, promoviendo la entrada de nuevos jugadores. Además, se exige una garantía de cumplimiento del contrato, ajustada a la inversión propuesta, para asegurar la ejecución de compromisos.
El juicio contra la exfiscala de San Lorenzo, Ana Girala, continúa este jueves 23, con la lectura de mensajes de WhatsApp entre la fiscal y una de sus asistentes. Los chats revelan un supuesto esquema de presión en la Fiscalía, con acusaciones a cambio de favores o bienes.
El juicio involucra a Ana Girala y cinco individuos, entre ellos personal del Ministerio Público y abogados. La fase actual se centra en los mensajes extraídos del celular de Griselda Acha, otra acusada, que muestran un supuesto esquema de presión en la Unidad N° 1 de San Lorenzo.
El Tribunal de Sentencia, liderado por Yolanda Morel e integrado por Ana Rodríguez y Karina Cáceres, lleva el caso. Representan al Ministerio Público los agentes Francisco Cabrera y Verónica Valdez.
El proceso inició tras una denuncia de un ciudadano al que le exigieron 25 millones de guaraníes para no acusar a su hijo de intento de homicidio. La denuncia fue seguida por el entonces fiscal Osmar Legal, ahora juez penal, culminando en una entrega vigilada el 16 de febrero de 2023.
En la Fiscalía fueron detenidas la asistente Griselda Beatriz Acha Alcaraz y las abogadas Liz Elena Martínez Robles y Nélida Alcaraz Bogarín. La acusación señala que la unidad a cargo de Ana Girala operaba como un centro de extorsión, documentando casi treinta casos de presión entre septiembre de 2022 y febrero de 2023.
El requerimiento fiscal de 185 páginas expone el modus operandi, revelando cómo manipulaban casos para obtener beneficios económicos.
Entre los mensajes presentados, se mencionan acusaciones por «carachento» y negociaciones para decidir sobre imputaciones, allanamientos y otros procedimientos.
Ana Girala enfrenta cargos por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal, entre otros delitos. También se acusa a Christi Magalí Ortega Domínguez y Griselda Beatriz Acha Alcaraz de ser coautoras y cómplices en el esquema. Los abogados Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, Liz Elena Martínez Robles y Marcos Aurelio Velazco Mendoza están acusados de extorsión, tráfico de influencias y asociación criminal.
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