Un refugio para niñas víctimas de abuso sexual en Lima ha generado una fuerte polémica tras la difusión de imágenes donde menores de entre 10 y 13 años aparecen en un escenario sosteniendo a sus bebés durante una presentación navideña. Estas fotografías y un video promocional del evento, que ya fueron retirados de las redes sociales, muestran a las menores que viven en el albergue Casa del Padre, criado para acompañar a niñas embarazadas fruto de violación.
El refugio, ubicado en el distrito limeño de Cieneguilla, fue fundado hace una década por la congresista Milagros Jáuregui, quien también es pastora evangélica y vicepresidenta del espacio hasta hace pocos años. Jáuregui ha defendido la labor del centro como un lugar que brinda apoyo, protección y amor a niñas que han sufrido traumas severos, promoviendo la idea de que sus hijos no son una «maldición», sino un símbolo de esperanza. La parlamentaria forma parte del partido ultraconservador Renovación Popular y preside la Comisión de la Mujer y Familia en el Congreso.
No obstante, la divulgación de estas imágenes fue interpretada por diversos colectivos feministas y especialistas como una forma de revictimización, exponiendo de manera inapropiada a menores en situaciones vulnerables. Frente a la crítica pública, Jáuregui negó haber exhibido a las niñas intencionalmente y calificó el asunto como una filtración por parte de sus opositores políticos, atribuyéndolo a la llamada “mafia caviar”. Reconoció, sin embargo, que las fotografías fueron tomadas durante un acto público dentro del refugio.
Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han manifestado preocupación por el enfoque del refugio, recordando que el embarazo infantil es un problema de salud pública y una violación que debe ser abordada con políticas de protección, no con imposiciones religiosas o ideológicas. Además, destacaron que el aborto terapéutico está permitido en Perú desde 1924 y que negar este derecho a víctimas de abuso es considerado tortura.
El refugio Casa del Padre cuenta con el respaldo oficial del Estado, ya que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el encargado de remitir a las niñas violentadas. Sin embargo, recientes datos del Ministerio de Salud reflejan que cerca de mil menores de 14 años fueron forzadas a la maternidad en el último año en el país, consolidando la urgencia de mejorar la atención y protección de este grupo.
En medio de la controversia, Renovación Popular, partido de Jáuregui, se distanció del episodio pero no la ha retirado formalmente de su lista electoral para las próximas elecciones generales. Su líder, Rafael López Aliaga, defendió públicamente el evento como un acto navideño que no tuvo intención de perjudicar a las menores, una posición que mantiene coherencia con su discurso ultraconservador sobre la maternidad en casos de violación.
El caso también ha desatado investigaciones internas, pues se ha comprobado que el refugio tiene cuatro alertas de desaparición de exinternas, una de las cuales denunció maltrato y posteriormente fue asesinada en 2023. Todo ello pone en evidencia el debate sobre la conveniencia y seguridad de combinar dogmas religiosos con políticas públicas de protección para niñas abusadas.
Milagros Jáuregui ha rechazado renunciar a su cargo, asegurando que no ha cometido falta alguna. En las últimas horas, la candidata a diputada Gahela Cari Contreras presentó una denuncia penal contra la congresista y otros responsables, mientras que la Comisión de Ética del Congreso evalúa abrir una investigación por esta controversia. El episodio sigue movilizando la opinión pública en torno a la protección de derechos y la ética en el trato a víctimas menores de edad.