Nacionales
«La senadora Paredes afirma que se está desvelando un escándalo»
La senadora Yolanda Paredes expresó que es necesario poner orden en la Policía Nacional debido a las denuncias de corrupción y amenazas de muerte que involucran a sus altos mandos. Sostuvo que no pueden seguir como si nada, mientras se paga para obtener ascensos o traslados.
Paredes comentó que parece que se está revelando corrupción dentro de la Policía Nacional. Su comentario surgió tras las acusaciones de su colega Carlos Núñez contra el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía, Carlos Humberto Benítez. Núñez indicó que unos 100 policías habrían pagado por aprobar el polígrafo y figurar en la lista de ascensos, y afirmó que Benítez posee propiedades que no concuerdan con sus ingresos como funcionario.
La senadora Paredes señaló que los legisladores no pueden ignorar la gravedad de las acusaciones de Núñez que afectan a las fuerzas de seguridad. Mencionó que el Ministerio Público debería intervenir de oficio, ya que es una noticia criminal, enfatizando el impacto de las declaraciones de Núñez y las noticias destacadas en medios de comunicación.
Núñez también ha denunciado amenazas de muerte contra él y su familia, y Paredes destacó la urgencia de una acción seria frente a este tema, y calificó de irresponsable no hacerlo.
Ayer, en una sesión de la Cámara, al intentar abordar el tema, los cartistas se retiraron, dejando la reunión sin quórum. Paredes lamentó este hecho y mencionó otra denuncia del senador José Oviedo sobre policías que deben pagar para ser trasladados cerca de sus hogares.
Paredes remarcó que se cobran peajes por ascensos o traslados, y recalcó la necesidad de que alguien ponga orden. Subrayó que el tema involucra la seguridad del país y que actualmente, los altos mandos están bajo el foco de denuncias de corrupción y amenazas.
Nacionales
Problemas en el sistema de buses: esperas extensas y unidades saturadas sin solución a la vista
Los usuarios del transporte público siguen enfrentando problemas debido a las «regulaciones» de los autobuses, especialmente en las horas pico. Esta tarde, se observó nuevamente las largas esperas, autobuses llenos y quejas por la disminución de unidades. A pesar de las quejas, el Gobierno no toma medidas y el servicio sigue empeorando.
En un recorrido de ABC por las paradas, los usuarios comentan que esperan hasta dos horas para subir a un autobús.
Luján Zacarías, quien utiliza la línea 21 Corrales, mencionó: “Estoy esperando hace una hora. El martes esperé dos horas y no llegaba. Tuve que subir a otro que solo me dejaba cerca de casa. Está mal que hagan regulaciones cuando quieren y nos dejen sin transporte. Deberían planificar si van a regular.”
Ana Benítez, usuaria de la línea 38, dijo: “Estoy esperando media hora, y esta línea siempre regula. Siempre espero mucho. No es bueno, hace esperar demasiado. Desde aquí, me toma una hora y media o dos horas llegar a casa.”
José Ignacio Ferreira Insfrán, usuario de la línea 12 Molino, nos contó que todos los días tarda mucho. “Normalmente espero una hora. Antes, el autobús pasaba más temprano. Ahora se tarda muchísimo.”
Griselda Yúdice, vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), expresó: “La situación es terrible porque al Gobierno y al Viceministerio del Transporte (VMT) no les interesa mejorar el servicio de transporte público. Hoy, la movilidad es un ‘sálvese quien pueda’.”
El Viceministerio del Transporte no tiene la fuerza para implementar una política de movilidad eficiente. “Están esperando que termine el año para en 2026 volver a mentirnos con una reforma prometida”, indicó.
Desde el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), sin embargo, niegan una reducción intencionada de la flota. Aseguran que los autobuses «están en las calles», pero atrapados en un tráfico cada vez más complicado. César Ruiz Díaz, presidente del gremio, insistió en que el problema se agudiza en las horas pico. «No es que no haya autobuses operando, es que están atascados como todos», señaló.
En cuanto al subsidio estatal, confirmó que el Gobierno adeuda US$ 11 millones, afectando la capacidad operativa de las empresas y la calidad del servicio.
El mal servicio persiste mientras en el Congreso se prepara para tratar la reforma del sistema de transporte público, aunque aún no se conocen los dictámenes de las comisiones. El tratamiento podría ser exprés, sin dictámenes previos.
Desde la única audiencia pública en octubre, no ha habido más debates sobre este proyecto, que ha enfrentado críticas de diferentes sectores.
El 14 de noviembre de 2025, a las 18:03, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sumó 50 camionetas a su flota en la segunda fase de su Plan de Renovación Vehicular. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno con la participación del presidente Santiago Peña y el presidente de ANDE, Ing. Félix Sosa.
La compra de estas camionetas significó una inversión de G. 13.124 millones con recursos propios de la empresa estatal. El objetivo es mejorar la respuesta a reclamos y brindar un servicio más rápido y eficiente en todo el país.
Estas nuevas unidades se distribuirán entre las diferentes dependencias operativas para reforzar el trabajo de campo y asegurar la prestación del servicio eléctrico.
El lote incluye 20 camionetas de carga con cabina simple 4×4, 24 con cabina doble 4×2, y seis con cabina doble 4×4.
La adquisición se realizó a través de la Licitación Pública Nacional N° 1900 (ID N° 466.976), bajo el Contrato N° 9899/2025, y fue adjudicada a Cuevas Hermanos S.A.
Esta entrega es parte de un plan que abarca 100 unidades, de las cuales las primeras 50 se entregaron el 17 de diciembre de 2024, como recordó Félix Sosa, titular de ANDE.
Sosa mencionó que en diciembre habrá otra subasta de 100 vehículos en desuso, que serán reemplazados por nuevas unidades el próximo año.
“Señor presidente, estos no son solo vehículos, son puentes que nos conectan con las comunidades más lejanas del país”, resaltó Sosa.
El 14 de noviembre de 2025, a las 17:05, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta sala de la Capital, rechazó la demanda del contralmirante Augusto Lovera Cañete contra el expresidente Federico Franco y el Estado Paraguayo. Lovera había solicitado una compensación millonaria por el supuesto daño a su carrera profesional.
En 2016, varios militares, incluidos Lovera y el general Carlos Líder Leguizamón, reclamaron indemnizaciones de 3.500 y 3.200 millones de guaraníes. Alegaban que sus retiros a fines de 2012 incumplieron leyes militares. Ambos demandaron a Federico Franco, defendido por Christian Almada Royg, y a exmiembros de la Junta de Calificaciones. Solicitaban que, si los individuos no podían pagar, el Estado lo hiciera. No obstante, Franco ganó en primera instancia en 2022 y nuevamente en segunda instancia.
Lovera desistió de impugnar una resolución previa, y el Estado también abandonó un recurso similar. El tribunal desestimó el recurso de nulidad de Franco y otros. También declaró desierto el recurso de Noceda y Viveros. Finalmente, confirmó la decisión de no conceder la indemnización solicitada y determinó que cada parte se hiciera cargo de sus propios gastos legales.
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