Informe revela 470 muertes en prisiones de El Salvador durante régimen de excepción
Un reciente estudio elaborado por la organización salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado la muerte de 470 personas privadas de libertad en El Salvador durante los 45 meses que lleva vigente el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele. La investigación apunta a circunstancias preocupantes, ya que un significativo número de estas personas ingresaron sanas a las cárceles y fallecieron en menos de un mes, lo que sugiere posibles casos de asesinato.
El informe de 32 páginas arroja que el 94% de los fallecidos no estaban vinculados a pandillas, contrariamente al discurso oficial. Entre los fallecidos se encuentran pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad, entre ellos un recién nacido producto del parto adelantado provocado por torturas a su madre. Esta cifra triplica los 153 fallecimientos que reportó en 2023 la organización Cristosal, que también denunció la existencia de cuerpos con indicios de tortura.
SJH recopiló testimonios de familiares y testigos durante casi cuatro años, complementando con su propia investigación. Desde el inicio del régimen de excepción, diversos organismos defensores de derechos humanos han alertado sobre detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones en centros penitenciarios. Ante la presión gubernamental contra críticos y opositores, tanto Socorro Jurídico Humanitario como Cristosal abandonaron el país en 2025.
La medida extraordinaria, decretada inicialmente por un mes, se ha prorrogado casi cuatro años consecutivos, abarcando gran parte del mandato presidencial. Aunque originalmente se orientó a combatir a miembros de pandillas, también ha servido para encarcelar a activistas, abogados y opositores, entre ellos la abogada Ruth López y el constitucionalista Enrique Anaya, ambos detenidos por expresar críticas al Gobierno.
El reporte revela que el 31,8% de las muertes ocurrieron de manera violenta, mientras otro porcentaje relevante de reclusos murió por falta de atención médica adecuada, especialmente por enfermedades crónicas. En numerosos casos, las causas oficiales de muerte están registradas bajo términos genéricos como “sobreaveriguar”, lo que, según SJH, busca minimizar el número de homicidios reconocidos.
De las 470 víctimas, 294 fallecieron tras ser ingresadas de emergencia en hospitales y 143 dentro de las celdas. Cerca de 75 reos murieron en sus primeros cuatro meses tras la detención. La organización estima que la cifra real podría alcanzar hasta 1.300 muertes, dado que muchos cuerpos habrían sido sepultados en fosas comunes sin aviso a sus familiares.
El penal de Izalco concentró el mayor número de muertes, con un 40,9% del total, seguido del centro La Esperanza (Mariona) con un 18,9%. Mientras el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ha sido promovido por el Gobierno con acceso para medios internacionales, Izalco permanece cerrado a la prensa local y ha sido señalado por organizaciones como Human Rights Watch como un foco crítico de torturas y abusos dentro del sistema penitenciario.
Este informe plantea un llamado urgente a las autoridades nacionales e internacionales para investigar con transparencia estas muertes y garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema carcelario salvadoreño. Mientras tanto, la crisis humanitaria en prisión sigue siendo una de las aristas más complejas del régimen de excepción en El Salvador.