Nacionales
Está en libertad el magnicida Luis Alberto Rojas, el preso más antiguo de Paraguay
El 12 de noviembre de 2025, a la 1:00, Luis Alberto Rojas fue puesto en libertad tras cumplir 25 años de prisión por el asesinato del vicepresidente paraguayo Luis María del Corazón de Jesús Dionicio Argaña Ferraro. Hasta su liberación, Rojas era el preso más antiguo de Paraguay, título que ahora corresponde a los fundadores del EPP: Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Damián Meza Martínez.
El asesinato de Luis María Argaña ocurrió el 23 de marzo de 1999 en Asunción. Los sicarios, Pablo Vera Esteche (30 años), Luis Alberto Rojas (30 años) y Fidencio Vega Barrios (29 años), formaban parte de una banda de asaltantes de Ciudad del Este. Vera Esteche fue arrestado el 26 de octubre de 1999, lo que llevó a la captura de Rojas y Vega Barrios en Buenos Aires el 25 y 28 de febrero de 2000, respectivamente. Sin embargo, Rojas y Vega Barrios escaparon del cuartel de la Policía Federal Argentina el 17 de septiembre de 2000.
Después de recorrer Argentina, Bolivia y Brasil, Rojas fue capturado nuevamente en Ciudad del Este el 10 de noviembre de 2000 por el Centro de Investigación Judicial, con Javier Cazal, Antonio Gamarra y Gustavo Leguizamón a la cabeza. El juez Carlos Ortiz Barrios lo condenó el 14 de agosto de 2003 a 25 años de prisión. Rojas estuvo en la Agrupación Especializada, la prisión de Tacumbú y, finalmente, en la granja penitenciaria Itá Porã en Emboscada.
A pesar de sus solicitudes de libertad condicional, permaneció en prisión. El 6 de octubre de 2025, la jueza Luz Rosanna Bogarín Fernández declaró cumplida su condena, y Rojas fue liberado el 11 de noviembre de 2025, con 57 años. Ahora, los prisioneros más antiguos del país son Alcides Oviedo, Carmen Villalba y Aldo Meza, encarcelados desde el 2 de julio de 2004.
Nacionales
Sinadi muestra inquietud por el retraso en pagos a proveedores del programa “Hambre Cero”
El 14 de noviembre de 2025, ante las quejas de proveedores y funcionarios sobre los pagos atrasados del Programa «Hambre Cero», el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) anunció que enviará una carta al Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, demandando la regularización de los pagos antes de fin de año.
El 4 de noviembre, la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay (CAEP) ya había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se cumplieran los compromisos con las empresas, indicando que la sostenibilidad del programa estaba en peligro. Miguel Cardona, de Comepar S.A., presentó una lista de las deudas pendientes del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) hasta el 27 de octubre, aunque registros oficiales muestran pagos a Comepar el 28 y 30 de octubre por más de G. 16.030 millones.
Además, hay inquietud entre los trabajadores de las cocinas escolares en el interior, quienes han expresado su preocupación, según Miguel Marecos de Sinadi. A pesar de las deudas, los encargados del programa aseguran que se harán los pagos antes de fin de año.
Existen dos modalidades de distribución de alimentos del programa: una centralizada a través del MDS y otra manejada por las gobernaciones que reciben fondos del MEF. Marecos comentó que si los pagos no se regularizan, el sindicato se reunirá para considerar otras acciones. La deuda actual es de G. 475 mil millones, y esto afecta especialmente a pequeñas empresas del interior que no cuentan con un fuerte respaldo financiero.
Comepar S.A., liderada por Cardona, es uno de los principales contratistas y ha solicitado la liquidación de una deuda de G. 298.441 millones hasta el 27 de octubre, aunque había recibido pagos los días 28 y 30 de octubre. A diferencia de otras empresas, Comepar ha recibido pagos de manera continua desde octubre de 2024, mientras que para otros proveedores los pagos han sido inconsistentes.
El 14 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó sobre el incremento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados el 11 de noviembre. La Cámara Baja dio su aprobación inicial al proyecto del PGN 2026, incluyendo las sugerencias de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y otras modificaciones propuestas durante la plenaria.
El proyecto original del Ejecutivo, presentado el 25 de agosto por el MEF, ascendía a G. 149,2 billones (US$ 18.928 millones), un 12% más que el presupuesto 2025. Sin embargo, la Comisión Bicameral elevó la cifra a G. 149,3 billones (US$ 18.952 millones), lo que representa un aumento adicional de G. 186.431 millones (US$ 23,6 millones) respecto a la propuesta original.
Estas modificaciones fueron aprobadas en una sesión extraordinaria el 11 de noviembre, y se debatieron otras reasignaciones propuestas por varios legisladores, lo que podría ampliar la diferencia respecto al plan original del Ejecutivo.
El MEF presentó su informe de “Situación Financiera” para octubre, a cargo de Nathalia Rodríguez y Rolando Sapriza. Durante una conferencia, se les preguntó sobre el aumento de gastos aprobado, a lo que Nathalia Rodríguez respondió que los montos aún son manejables y se encuentran dentro del escenario previsto para el próximo año.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Senadores, que tiene 15 días para decidir sobre las modificaciones introducidas por Diputados. Si se aprueban, se enviará al Ejecutivo para su promulgación; de lo contrario, volverá a la Cámara Baja para un nuevo estudio.
Un representante de la empresa “Epro SA”, Óscar Daniel Ruíz Fernández, enfrentará un juicio oral y público, según confirmó el Tribunal de Apelaciones en lo Penal mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 408. Ruíz, subarrendatario del complejo deportivo “Arrayanes”, es imputado por la muerte de Rodolfo de Jesús Núñez Scolari, conocido como «Rolo», el 16 de septiembre de 2023.
En marzo, el juez penal de garantías, Mirko Valinotti, aceptó la acusación del Ministerio Público y envió el caso a juicio. La fiscal Silvia González y la abogada de la querella, Teresa Servín, ratificaron la solicitud de juicio. El abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos apeló ciertos puntos de la resolución, argumentando que el juez de garantías violó normas formales al rechazar incidentes sobre testimonios y la nulidad de la acusación.
La defensa de Ruíz también señaló que la acusación fiscal carece de fundamentos, lo cual comunicaron al magistrado en la audiencia preliminar. Duarte solicitó la nulidad de la resolución alegando irregularidades.
La camarista Bibiana Benítez Faria afirmó que no todos los errores conllevan nulidad, ya que deben estar expresamente previstos por ley. En relación a la defensa de Ruíz, la magistrada indicó que no se violaron garantías procesales ni derechos constitucionales. Las actuaciones del Ministerio Público no pueden ser objeto de nulidad, agregó.
El camarista Arnaldo Fleitas mencionó que no hay bases para anular la acusación, los medios probatorios, ni proceder al sobreseimiento definitivo. Respecto al testimonio de Carlos Miguel Gómez Olazar, inicialmente imputado, se señaló que puede declarar como testigo con la obligación de decir verdad.
La magistrada Adriana Giagni indicó que no hay prohibición legal para que alguien inicialmente investigado declare en juicio. La camarista Benítez Faria afirmó que la acusación está bien fundamentada desde la imputación del Ministerio Público, y que la defensa tuvo suficientes oportunidades para ejercer su derecho.
Finalmente, se constató que el Ministerio Público había convocado al acusado Ruíz para declarar en varias ocasiones, pero la defensa solicitó suspensiones, por lo que no se realizaron las indagatorias.
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