Un frente frío ha provocado en el Caribe colombiano una temporada de lluvias atípica que ha desencadenado una crisis humanitaria en el departamento de Córdoba, tras el desbordamiento del embalse de la hidroeléctrica de Urrá. Según reportes oficiales, más de 156.000 personas han quedado damnificadas y cerca de 100.000 hectáreas se encuentran inundadas, afectando principalmente a zonas rurales e impactando severamente la economía campesina.
La finca de la campesina María Isabel Méndez, ubicada en la zona rural de Lorica, ha sido uno de los lugares más perjudicados. Durante cinco días, Méndez soportó la inundación de su vivienda, donde el agua llegó a cubrir la base de su cama y arruinó toda su cosecha de habichuelas, berenjenas y ajíes, productos que comercializaba en mercados cercanos. Esta situación la obligó a optar por un refugio precario dentro de su propia finca, ante la falta de opciones habitacionales y el avance imparable de las aguas.
María Isabel describe la situación como una catástrofe inesperada en plena temporada seca, una época en la que usualmente no se registran lluvias tan intensas. Esta anormalidad climática ha desestabilizado no solo hogares sino también la fuente de ingresos de las familias afectadas. En el caso de las 130 familias de la vereda El Platanal, la preocupación principal radica en la pérdida total de sus cultivos, que constituían su único sustento.
En paralelo, Claudia Ramos, otra habitante de la zona, enfrenta la crisis con una carga adicional: las deudas generadas por inversiones en proyectos agrícolas comunitarios. Ramos lidera una asociación campesina de 30 personas que se quedó sin recursos para pagar créditos obtenidos para cultivar batata, melón y criar pescado. A pesar de los préstamos otorgados por la empresa a la que vendían, la incertidumbre financiera y la suspensión de las cosechas complican el panorama de recuperación.
Las dificultades económicas también afectan a familias como la de Gelbel Cárdenas y Aura Ramos, quienes invirtieron en un proyecto avícola para generar ingresos constantes. Sin embargo, la humedad y las bajas temperaturas han causado la muerte de la mitad de sus gallinas y han obligado a improvisar medidas para proteger las sobrevivientes. La pareja trabaja en la construcción de refugios adicionales para proteger su pequeña producción ante la amenaza de nuevas crecidas, mientras valoran opciones sobre su permanencia en la zona.
En conjunto, estas experiencias reflejan un fenómeno recurrente que se ha agudizado en los últimos años, con crecientes y crecidas inesperadas del río Sinú que sobrepasan la capacidad de adaptación de las comunidades campesinas. Los afectados reclaman asistencia gubernamental y soluciones sostenibles para garantizar la seguridad de sus hogares y la continuidad de sus emprendimientos agrícolas. Al mismo tiempo, expresan un afecto profundo por sus tierras y una gran resistencia a abandonar sus raíces pese a las adversidades.
Mientras los pobladores organizan la recuperación y los mecanismos para hacer frente a la emergencia, sigue vigente el llamado a priorizar inversiones en infraestructura hidráulica adecuada y estrategias de mitigación climática que protejan a las comunidades más vulnerables del Caribe colombiano ante futuros eventos extremos. La crisis en Córdoba expone la urgencia de fortalecer los sistemas de prevención y apoyo para evitar que las tragedias de hoy se reiteren, manteniendo a millones en situación de precariedad.