Además del niño fallecido, se reportaron más de 10 heridos, varios tienen entre 4 y 10 años. La Fiscalía trabaja para esclarecer las circunstancias del derrumbe registrado en un club de Caaguazú.
El Ministerio de Salud reportó hasta el momento la atención de 8 adultos y 7 niños heridos, tras el derrumbe del tinglado del club 8 de Diciembre de la ciudad de Caaguazú.
Un joven de 28 años fue intubado y será trasladado vía aérea al Hospital del Trauma, mientras que un segundo avión está pendiente ante la necesidad de otro servicio.
Un niño de 10 años y otro de 4 fueron diagnosticados con traumatismo craneoencefálico y permanecen internados. Un tercer niño de 10 años presenta heridas cortantes en la región frontal.
Asimismo, se dieron dos altas pediátricas con traumatismo leve, en tanto que aún no se detallan los demás diagnósticos.
En cuanto a los adultos, cuatro tienen fracturas. Dos están siendo atendidos en Caaguazú y la otra mitad fue remitida a Asunción. El Ministerio de Salud sigue actualizando el estado de los demás pacientes.
De acuerdo a la fiscala Martha Leiva, la cantidad de heridos podrían ser más. El niño de 4 años es hermano del fallecido y otro de 10 es su primo.
Las primeras atenciones se distribuyeron entre el Hospital Distrital de Caaguazú Inmaculada Concepción y el Sanatorio Privado del Este, que se encuentra en el mismo departamento.
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, iba camino a entregar 2.238 títulos de propiedad en Caaguazú cuando sucedió la tragedia y desvió su trayecto hacia el lugar para colaborar con las diligencias.
En Coronel Oviedo están disponibles cinco ambulancias y en Villarrica otras cinco para los traslados de pacientes, incluyendo móviles preparados para terapia intensiva. Igualmente, están aviones de la Fuerza Aérea Paraguaya y la red de hospitales sigue activada.
En ese sentido, continúan en alerta los hospitales de Ciudad del Este, Caacupé, Luque, Hospital de Trauma, Nacional de Itauguá y Acosta Ñu.
Fuente: Última Hora
Un presunto ladrón de motos falleció tras ser apuñalado en Isla Bogado, Luque, durante un supuesto intento de robo a un conductor de motobolt. El conductor se entregó a la Policía y afirmó haber actuado en defensa propia.
Un incidente violento resultó en la muerte de un joven de 21 años este domingo en Isla Bogado, Luque, después de un presunto intento de robo contra un conductor de motobolt.
Según el reporte de la Comisaría 46° Central, el suceso ocurrió alrededor de las 07:50 en las calles Fotógrafo del Chaco y Campo Vía. La persona fallecida fue Bruno Alfredo Acosta Alvarenga, residente en la misma localidad.
Se informó que Acosta habría robado el teléfono celular del conductor, identificado como Diego Daniel Junior Delgado Florenciañez, de 28 años. Este lo persiguió y, en medio de una pelea, utilizó un cuchillo para herir al joven dos veces, una de ellas en el tórax.
La situación fue capturada en imágenes de cámaras de seguridad, las cuales serán fundamentales para la investigación.
El herido fue atendido por la Policía y llevado al Hospital General de San Lorenzo, donde falleció poco después.
El conductor se presentó voluntariamente en la Comisaría 46° de Isla Bogado y alegó defensa propia. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.
En el contexto del Día Internacional de las Personas de Edad, representantes de asociaciones de adultos mayores de Alberdi y Pilar se reunieron para celebrar y expresar su descontento por la falta de apoyo institucional hacia este grupo.
En Ñeembucú, durante un encuentro en Alberdi para conmemorar este día, se destacaron las quejas sobre la falta de empatía de las autoridades hacia los adultos mayores.
La actividad tuvo lugar en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Alberdi, con participantes de asociaciones de Alberdi y Pilar. Según la ONU, cada 1 de octubre se celebra este día para reconocer la contribución de las personas mayores y promover su inclusión y respeto.
Aurora Bernal, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Alberdi, señaló la falta de interés de las autoridades hacia este grupo y la necesidad de asistencia básica en medicamentos y alimentos, un apoyo que brindan sin fines de lucro.
Bernal lamentó la falta de respuesta de las autoridades y la necesidad de un espacio para el esparcimiento de los mayores en Alberdi. Desde la creación de su Asociación en 2008, han buscado apoyo sin éxito.
Cristina Ozuna, presidenta de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, también expresó preocupación por la falta de empatía y el respeto que merecen los mayores en instituciones y en la vida diaria.
El evento incluyó presentaciones artísticas de jóvenes de Alberdi y Pilar, terminando con un almuerzo de confraternidad y el compromiso de formar un Consejo Departamental de Adultos Mayores para defender sus derechos en Ñeembucú.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha ordenado iniciar nuevas acciones penales contra tres jueces de paz relacionados con el caso «mafia de los pagarés». Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, coordinados por la fiscala adjunta Soledad Machuca, están a cargo de estas investigaciones.
Los jueces involucrados son Carmen Analía Cibils Miñarro de La Encarnación, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino de La Catedral 2° Turno (ambas actualmente suspendidas por la Corte Suprema de Justicia), y el exjuez Víctor Nilo Rodríguez Acosta de La Recoleta.
Rolón tomó estas medidas debido a nuevas pruebas, como denuncias recientes de víctimas, que no pueden añadirse a los casos actuales por estar ya avanzados. Según la Fiscalía, los jueces habrían emitido resoluciones favoreciendo a demandantes a pesar de saber que la información era falsa.
Se destacan dos casos separados relacionados con el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada de prevaricato y uso de documentos falsos. En uno de ellos, la ujier Audrey Galeano informó incorrectamente sobre una notificación en Argentina realizada fuera de los procedimientos legales adecuados.
En cuanto a la jueza Garcete, se menciona su participación junto a abogados de la firma CARSA en juicios ejecutivos basados en notificaciones falsas. Asimismo, se investiga la posible manipulación en el sistema judicial para adjudicar casos al Juzgado de Paz de La Recoleta, supervisado anteriormente por Rodríguez Acosta.
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