Nacionales
Líder de Jubilados Nacionales afirma que no silenciarán sus voces
Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados, fue notificado para retractarse de sus comentarios sobre el director del IPS, Jorge Brítez. Halley considera que esto es una persecución política y asegura que no serán silenciados, ya que son la voz de los jubilados y no tienen nada que ocultar. También señaló que este ataque proviene del gobierno.
El martes, Halley informó que recibió la notificación para retractarse de sus declaraciones contra Jorge Brítez, director del Instituto de Previsión Social, tras su aparición en varios medios. Además, mencionaron que intentan desalojar al gremio de su sede, propiedad del IPS, pese a sus repetidos intentos de arrendarla.
“La Unión Nacional de Jubilados ha estado aquí desde 2021. Nos constituimos formalmente en junio de 2023, por lo tanto, llevamos tres años”, explicó Halley. Aclaró que la ubicación de la Unión es secundaria; lo esencial es su postura frente a la corrupción en el IPS y el gobierno.
«Solicitamos arrendar este lugar desde hace años. Aquí podemos atender a los jubilados. Enviamos dos solicitudes formales en junio y julio de este año, pero no hemos recibido respuesta», añadió.
Sobre los motivos de estos ataques, Halley dijo que es porque no tienen miedo de expresar la verdad. «Somos el único grupo que dice las cosas tal como son», afirmó. Criticó la intimación notarial diciendo que es un intento de silenciarlos. “Ni Stroessner se atrevía a ordenar a un grupo que trabaja por el bien común que se calle. No nos silenciarán jamás”, enfatizó.
Para cerrar, Halley subrayó que esta es una persecución política, originada desde el gobierno, que no tolera una voz crítica como la de los jubilados.
Nacionales
Problemas en el sistema de buses: esperas extensas y unidades saturadas sin solución a la vista
Los usuarios del transporte público siguen enfrentando problemas debido a las «regulaciones» de los autobuses, especialmente en las horas pico. Esta tarde, se observó nuevamente las largas esperas, autobuses llenos y quejas por la disminución de unidades. A pesar de las quejas, el Gobierno no toma medidas y el servicio sigue empeorando.
En un recorrido de ABC por las paradas, los usuarios comentan que esperan hasta dos horas para subir a un autobús.
Luján Zacarías, quien utiliza la línea 21 Corrales, mencionó: “Estoy esperando hace una hora. El martes esperé dos horas y no llegaba. Tuve que subir a otro que solo me dejaba cerca de casa. Está mal que hagan regulaciones cuando quieren y nos dejen sin transporte. Deberían planificar si van a regular.”
Ana Benítez, usuaria de la línea 38, dijo: “Estoy esperando media hora, y esta línea siempre regula. Siempre espero mucho. No es bueno, hace esperar demasiado. Desde aquí, me toma una hora y media o dos horas llegar a casa.”
José Ignacio Ferreira Insfrán, usuario de la línea 12 Molino, nos contó que todos los días tarda mucho. “Normalmente espero una hora. Antes, el autobús pasaba más temprano. Ahora se tarda muchísimo.”
Griselda Yúdice, vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), expresó: “La situación es terrible porque al Gobierno y al Viceministerio del Transporte (VMT) no les interesa mejorar el servicio de transporte público. Hoy, la movilidad es un ‘sálvese quien pueda’.”
El Viceministerio del Transporte no tiene la fuerza para implementar una política de movilidad eficiente. “Están esperando que termine el año para en 2026 volver a mentirnos con una reforma prometida”, indicó.
Desde el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), sin embargo, niegan una reducción intencionada de la flota. Aseguran que los autobuses «están en las calles», pero atrapados en un tráfico cada vez más complicado. César Ruiz Díaz, presidente del gremio, insistió en que el problema se agudiza en las horas pico. «No es que no haya autobuses operando, es que están atascados como todos», señaló.
En cuanto al subsidio estatal, confirmó que el Gobierno adeuda US$ 11 millones, afectando la capacidad operativa de las empresas y la calidad del servicio.
El mal servicio persiste mientras en el Congreso se prepara para tratar la reforma del sistema de transporte público, aunque aún no se conocen los dictámenes de las comisiones. El tratamiento podría ser exprés, sin dictámenes previos.
Desde la única audiencia pública en octubre, no ha habido más debates sobre este proyecto, que ha enfrentado críticas de diferentes sectores.
El 14 de noviembre de 2025, a las 18:03, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sumó 50 camionetas a su flota en la segunda fase de su Plan de Renovación Vehicular. La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno con la participación del presidente Santiago Peña y el presidente de ANDE, Ing. Félix Sosa.
La compra de estas camionetas significó una inversión de G. 13.124 millones con recursos propios de la empresa estatal. El objetivo es mejorar la respuesta a reclamos y brindar un servicio más rápido y eficiente en todo el país.
Estas nuevas unidades se distribuirán entre las diferentes dependencias operativas para reforzar el trabajo de campo y asegurar la prestación del servicio eléctrico.
El lote incluye 20 camionetas de carga con cabina simple 4×4, 24 con cabina doble 4×2, y seis con cabina doble 4×4.
La adquisición se realizó a través de la Licitación Pública Nacional N° 1900 (ID N° 466.976), bajo el Contrato N° 9899/2025, y fue adjudicada a Cuevas Hermanos S.A.
Esta entrega es parte de un plan que abarca 100 unidades, de las cuales las primeras 50 se entregaron el 17 de diciembre de 2024, como recordó Félix Sosa, titular de ANDE.
Sosa mencionó que en diciembre habrá otra subasta de 100 vehículos en desuso, que serán reemplazados por nuevas unidades el próximo año.
“Señor presidente, estos no son solo vehículos, son puentes que nos conectan con las comunidades más lejanas del país”, resaltó Sosa.
El 14 de noviembre de 2025, a las 17:05, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta sala de la Capital, rechazó la demanda del contralmirante Augusto Lovera Cañete contra el expresidente Federico Franco y el Estado Paraguayo. Lovera había solicitado una compensación millonaria por el supuesto daño a su carrera profesional.
En 2016, varios militares, incluidos Lovera y el general Carlos Líder Leguizamón, reclamaron indemnizaciones de 3.500 y 3.200 millones de guaraníes. Alegaban que sus retiros a fines de 2012 incumplieron leyes militares. Ambos demandaron a Federico Franco, defendido por Christian Almada Royg, y a exmiembros de la Junta de Calificaciones. Solicitaban que, si los individuos no podían pagar, el Estado lo hiciera. No obstante, Franco ganó en primera instancia en 2022 y nuevamente en segunda instancia.
Lovera desistió de impugnar una resolución previa, y el Estado también abandonó un recurso similar. El tribunal desestimó el recurso de nulidad de Franco y otros. También declaró desierto el recurso de Noceda y Viveros. Finalmente, confirmó la decisión de no conceder la indemnización solicitada y determinó que cada parte se hiciera cargo de sus propios gastos legales.
-
Nacionales1 semana agoAcusan de crímenes al presunto líder de sicarios Largo
-
Nacionales6 días agoEncuentran en el monte a empleado desaparecido en San Pedro y lo rescatan a caballo
-
Nacionales2 semanas agoDetienen en San Pedro al supuesto líder de sicarios vinculado al asesinato del periodista Humberto Coronel
-
Nacionales4 días agoDesarticulan grupo de microtráfico que involucraba a indígenas en Filadelfia